Reflexiones sobre la visita de Mariano Rajoy a Catalunya

Ayer Mariano Rajoy visitó Catalunya. Ésto es un dato objetivo no sujeto a discusión. Ahora bien, ¿qué vino a hacer? ¿a quién vino a visitar? ¿qué vino a explicar? ¿de qué quería convencer? ¿y, sobretodo, a quién quería convencer? En éste vídeo podemos escuchar algunas de las opiniones de los asistentes al acto del PP ayer en Barcelona. Juzguen ustedes mismos.

El Presidente del Gobierno de la nación dijo hace unos días que tenía que explicar mejor sus razones. Reconociendo de manera implícita que su Gobierno estaba perdiendo el debate sobre el asunto catalán. No obstante, a juzgar por el tono y el contenido de sus declaraciones de ayer, y la 'inestimable' ayuda de don bidón de gasolina Sanchez-Camacho, se acabó de certificar la desconexión emocional entre el PP y Catalunya. Y si lo aliñas con querellas interpuestas por la Fiscalía de por medio bajo las cuales existe una sospecha fundada y racional de que ha habido 'presiones' del Gobierno la desconexión se acentúa más. ¿Punto de no retorno? El tiempo lo dirá.

Sus argumentos, algunos de ellos, son muy poco consistentes. Por ejemplo el del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Veamos la secuencia; Cataluña, de conformidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y demás leyes reguladoras sobre la materia, dada su capacidad económica, aporta más recursos de los que recibe a las arcas del Estado. Arcas que posteriormente deben hacer un reparto, en aras al principio de solidaridad interregional, a las distintas CCAA que conforman el Estado español para que exista equilibrio e igualdad entre todas ellas. En tiempos de Gran Recesión económica los mercados impusieron unos intereses prohibitivos a las CCAA las cuales han mutualizado la deuda con el FLA ¡pagándole un interés al Estado!. Eso es una gestión solidaria de los recursos de todos. Si éste tiene que ser el principal argumento de Rajoy no tengo ninguna duda que a la rotura de España le queda menos que más. Si Cataluña es entre el 20-25% del PIB español no puede sentir que el Estado le está 'rescatando'. Es cínico pensarlo y más cínico presentarlo como una bondad estatal hacia Cataluña. Ellos lo saben y siguen usando éste falaz argumento.


Así las cosas aparece la objeción estrella de los populares, a saber, hay que cumplir la Ley. Para desayunar la Ley, para comer la Ley y para cenar más Ley. Esa Constitución sagrada hoy que algunos despreciaban ayer, como José María Aznar, ahora parece ser el muro de contención para acallar las aspiraciones políticas de una parte significativa de ciudadanos de Cataluña que sienten que su relación con el Estado español ha terminado, ya no sienten que sea su Estado y cada vez que el Gobierno de ese Estado intenta convencerles de que caen en un error, más se dan cuenta de que quieren ir hacia el final con el proceso político iniciado en Cataluña. Cuanto más se enroca erróneamente el PP en la Ley más crece el independentismo. Y así podemos pensar que llegará a estar escrito, el día de mañana, en los libros de historia. Como un Gobierno que se muestra impotente y bloqueado para articular una respuesta política a un problema político de calado hace que cada vez crezca más la animadversión hacia un proyecto común de estado. Porque como dijo Ortega y Gasset en su célebre libro 'La españa invertebrada' (1922):

“En toda auténtica incorporación, la fuerza tiene un carácter adjetivo. La potencia verdaderamente sustantiva que impulsa y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, un proyecto sugestivo de vida en común. Repudiemos toda interpretación estática de la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámicamente. No viven juntas las gentes sin más ni más y porque sí; esa cohesión a priori sólo existe en la familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo.”


O cambia la actitud electoralista del PP o la ruptura de España está servida. No rehuyo de quitar responsabilidad a los gobernantes de aquí. Mas me parece que es el mayor surfero de la historia. Pero está sabiendo hacer bien su papel y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Duran se mueve con el movimiento 'Construim' que no se sabe muy bien qué es y a qué aspira, está muy incómodo. Junqueras se mueve más reactivamente en función del poder que le dan las encuestas, bajo mi punto de vista equivocándose. Herrera no sabe como gestionar sus contradicciones internas (pluralidad de opiniones le llaman). Iceta está intentando salvar los muebles como puede, sabiendo que el PSC se mueve muy incómodo en el momento que tiene que posicionarse en el eje nacional. Fernández es quizá el que se mueve más cómodo en el actual contexto. Supongo que todos deben saber que si son capaces de unirse en un propósito común serán mucho más fuerte.

¿Aunque existe ese propósito? ¿Hay puntos en común en la posibilidad de ir juntos en una lista conjunta sin siglas de partidos? ¿Con siglas de partidos? ¿Esa potencial unión todavía intentará negociar con Madrid o se convocarán elecciones anticipadas? ¿Todavía quedan estadistas en éste país que gobiernen pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones?

Entre todas la mataron y ella sola se murió, es una constante en la historia constitucional de España. Dar una trascendencia tan importante a la Constitución del 1978 es, bajo mi modesto modo de entender las cosas, desconocer el contexto bajo el que fue elaborada, aprobada y ratificada en referéndum. Y desconocer cuál ha sido su desarrollo normativo y jurisprudencial atendiendo a la restrictiva interpretación que de ella se ha hecho.

Es la Ley quién debe adaptarse a la realidad social y no al revés. ¿Lo entenderá el PP o ya será demasiado tarde?  

El pacto contra la corrupción

La historia, por tozuda, se repite. El partido que está en el Gobierno, en el momento actual el PP, se ve salpicado por escándalos relacionados con la corrupción (Gürtel, Brugal, papeles de Bárcenas, tarjetas 'black', Púnica, etc...). Tras ello se ve obligado a reaccionar y propone un gran pacto contra la corrupción con el principal partido de la oposición, en éste caso el PSOE. Éste se niega a pactar con el partido del Gobierno por entender que 'no se puede pactar con la corrupción'.

Ésto ya sucedió en los 90 cuando el PSOE, salpicado con la financiación ilegal (caso Filesa), ofrecía un pacto contra la corrupción con el PP el cual se negaba en redondo. A finales de los 90 era la historia al revés y 'mutatis mutandi' se repetía la comedia. Y el 'y tu más' siempre de por medio con la excepción de que en el momento actual el caldo de cultivo social es el propicio como para echar del poder a ambos partidos por entender que son la misma cosa en lo esencial. El pez que se muerde la cola.

¿Como pueden pactar aquellos que llevan desde el año 1982 repartiéndose el poder? ¿Como el lobo puede cuidar a las gallinas? ¿De qué manera se pretende pactar por parte de aquellos que se creen parte de la solución cuando realmente son parte del problema? ¿Como van a elaborar unas leyes que deben poner coto a sus prácticas corruptas? ¿Como dar solución a una corrupción del sistema que ellos mismos han creado y gestionado políticamente?

Caso Filesa, caso Ibercorp, caso Eres, caso Pretoria (PSOE-PSC) por una parte. Caso Naseiro, caso Brugal, caso Palma Arena, Gürtel, Bárcenas, Púnica (PP) por otra. También IU y CiU tienen su parte. Es un insulto a la inteligencia que pretendan que pensemos que son 'conductas individuales', siempre lobos solitarios que van por libre y que dañan la imagen del partido por sus intereses egoístas. No. No nos lo tragamos. Ya no. Si A nombra a B y B incurre en una conducta corrupta la culpabilidad es de B pero la responsabilidad política también es de A. En los países anglosajones lo tienen meridianamente claro.

En Derecho Penal, sobretodo en los delitos societarios, pueden llegar a ser responsables penalmente las personas jurídicas (en éstos casos el PP y el PSOE) y con mayor trascendencia tras la introducción, con la reforma del Código Penal (CP) de 2010, del artículo 31bis. Es decir, por seguir con el ejemplo, si B incurre en una conducta presuntamente delictiva “en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y provecho” del partido (A), el partido será penalmente responsable si no ha ejercido el “debido control” sobre él.

Es decir, si el PP o el PSOE no han ejercido el debido control sobre las personas que estaban sujetas a su autoridad (habrá que leer bien los Estatutos de los partidos vigentes a la fecha de cometerse las presuntas conductas delictivas) el partido, según el art. 31bis del CP será penalmente responsable. Por tanto el extremo de que el Partido Popular pretenda, por enésima vez, desmarcarse de las conductas cometidas por personas individuales sometidas a su autoridad, arguyendo que actuaban por su cuenta y riesgo no es admisible con el actual marco legislativo en materia penal. Sobretodo a partir de 2010.

¿Parece claro que los partidos políticos pueden ser responsables políticamente? A la luz de el art. 31bis del CP lo parece. Pero si atendemos al último párrafo del citado artículo nos damos de cruces con la realidad, dispone:

“Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables […] a los partidos políticos y sindicatos...” Entre otros. Vemos como de nuevo quienes deben elaborar las leyes son los mismos que las aprueban en su beneficio.

Mucho espectro social es el que piensa que deben marcharse. Deben dejar paso a una regeneración pero no protagonizada, ni mucho menos, por ellos. Abrir puertas y ventanales para que entre un poco de aire al cargado ambiente que existe en las alcantarillas del Estado. La Justicia debe actuar con celeridad y contundencia. El Ministerio Fiscal o acusación pública debe servir para su finalidad recogida en el art. 1 de su Estatuto Orgánico que establece:

“El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

No valen 'parches' como el Real Decreto publicado ayer en el BOE que parece que aumentaba los Magistrados y Jueces cuando principalmente se asignaban plazas fijas a quienes no las tenían. Hay demasiado anhelo de Justicia, demasiado interés social en que los casos de corrupción que asolan la confianza entre la ciudadanía y sus gobernantes se esclarezcan y que el peso de la ley caiga con toda su contundencia a quienes no han sido dignos, presuntamente, de ostentar cargos públicos y gestionar los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanos.

¿Regeneración democrática? Sí. ¿Pacto contra la corrupción? Por supuesto. Pero bajo ningún concepto capitaneado por aquellos que nos han traído hasta aquí. PP y PSOE deben marcharse antes que tarde y dejar paso a la verdadera regeneración, aquélla que los bote del poder. 

¿Donde debo llevar el ramo de flores?

Hoy es el día de Todos los Santos. Fecha señalada en la cual se rinde homenaje a los seres queridos que perecieron y pasaron a mejor vida yendo al lugar donde fueron enterrados a llevar flores y a orar por ellos. Es una tradición católica que ha sido traída hasta nuestros días y que sigue, en muchos casos, plenamente vigentes.

¿Y aquéllos que todavía no han podido dar sepultura digna a sus seres queridos? ¿Y aquellos que no saben a qué lugar tienen que llevar un ramo de flores para sus seres queridos en una fecha tan señalada para tal fin?

Es el caso de mi familia y la de muchas otras que todavía, con absoluta vergüenza y pasmo, debemos seguir luchando para que se investiguen las desapariciones forzadas durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior represión franquista (1939-1975) para que, de una vez por todas, puedan cerrarse esas heridas que llevan abiertas tanto tiempo.

¿Cuales son los elementos que todavía falta que se den para que, definitivamente, se pueda dar carpetazo con uno de los períodos más oscuros de la historia de España?

Justicia. No es admisible que todavía haya familias que no pueden desenterrar a sus seres queridos y saben dónde están. Muchos de ellos en el Valle de los Caídos sin la aquiescencia de los familiares. Saben dónde se hallan pero no pueden sacarlos por la vergonzante Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (en lo sucesivo LA). Esa ley no debería llamarse así, convendría más hablar de 'amnesia', ya que se confunde el término amnistía (según la RAE 'Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores') con el de amnesia ('Pérdida o debilidad notable de la memoria'). Que se pudiera llegar a acuerdos puntuales en un determinado y delicado momento tras la muerte del dictador no debería, ni mucho menos, impedir que se diera sepultura digna a aquellas personas que desaparecieron forzosamente durante la guerra y durante la dictadura. Sean del bando que sean.

Verdad. España es un país que parece tener miedo a la memoria. Ello es comprensible si analizamos el período histórico comprendido entre la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución. No se quiso romper con el pasado sino reformarlo. Aquellos que ejercieron cargos durante la dictadura se 'convirtieron' en demócratas de toda la vida. Los Martín-Villa, los Suárez, los Fraga. Quienes habían ejercido poder durante la dictadura eran los mismos que debían hacer la transición a la democracia. El resultado son artículos como el art. 2 de la LA:

“En todo caso están comprendidos en la amnistía:

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”

Ello constituye una clara invitación a la impunidad y a la inmunidad. Repito, se confunde amnistía con amnesia. Se mezcla el cerdo (extinguir la responsabilidad criminal) con la velocidad (hallar la verdad sobre lo que sucedió en las pérdidas forzadas de personas durante tan oscuro período).

Reparación. No podrá avanzar la Sociedad española (¿existe tal concepto?) si no se reparan éstas situaciones injustas. No puede, en pleno siglo XXI, deber irse a las Naciones Unidas para que emitan Resoluciones encaminadas a que se puedan investigar los crímenes y las desapariciones acaecidas durante el período entre 1936 y 1977 (año de las primeras elecciones 'democráticas' en España). Entiende la ONU que la LA no puede impedir que se investigue, recuerda al Estado español que el Derecho Internacional obliga a todos los Estados y que los Tribunales también son Estado. Hay un conflicto de leyes entre la legislación interna (LA) y las normas de derecho internacional público sobre desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que son los que la Jueza argentina Servini está invocando para proseguir con sus investigaciones.

Es de país de segunda o tercera línea en términos humanitarios que una persona como mi bisabuelo que desapareció el 16 de enero de 1939 y del cual no hemos tenido ninguna nueva noticia todavía siga siendo parte de la oscuridad de la historia de España. Es de una gravedad mayúscula que tantas y tantas familias no sepan donde llevar un simple ramo de flores a sus seres queridos por no saber donde se hallan. Y más triste, vergonzoso e inadmisible que el Estado, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, se niegue a investigar los crímenes y desapariciones invocando una Ley que más que de amnistía parece de amnesia.

Hay que tener un visión lo suficientemente holística como para determinar que éste asunto tiene mucho que ver con la falta de integración social en España. Las dos españas todavía coexisten y un humilde observador se da cuenta que el país no podrá avanzar, y de hecho corre el riesgo de desintegrarse, si no se da una respuesta satisfactoria ante éstas demandas. Sean del bando que sean.

Hay razones de humanidad que aconsejan que, seas del bando que seas, hayas hecho las fechorías que hayas hecho, se te pueda dar una sepultura digna. Los seres queridos tienen el derecho y las autoridades la obligación de ponerse a trabajar. Estamos en el Siglo XXI y los impedimentos técnicos y tecnológicos suenan a excusa barata.

No se trata de abrir viejas heridas, insistimos, se trata de cerrar las ya existentes para que puedan, de una vez por todas, cicatrizar.   

¿Caja B en gastos privados en Caja Madrid?

A lo largo de éstos últimos días han aparecido informaciones que apuntan a que los exdirectivos y los exconsejeros de Caja Madrid gastaron 15,2 millones de euros en 10 años -entre 2003 y 2010- en dinero libre de impuestos, totalmente opaco, presuntamente, a los ojos de la Agencia Tributaria.


Ante unas conductas tan deleznables por razón del cargo que ostentaban (no hay que olvidar que una caja de ahorros no tiene ánimo de lucro) la Justicia debería tomar cartas en el asunto. Existen unos indicios racionales como para poder iniciar ciertas investigaciones para determinar si éstas informaciones, bien documentadas en algunos casos, pueden llegar a ser ciertas.

¿Y que podría suceder si fueran ciertas? Estaríamos delante de lo que podría ser una conducta presuntamente delictiva que se podría subsumir en los conocidos como delitos societarios. En éste caso nos encontramos ante el caso de que los administradores de una determinada caja de ahorros se han beneficiado privadamente de sus recursos causando un determinado perjuicio económico a la entidad.

¿Existe algún artículo en el Código Penal (CP) que sancione dichas conductas? Sí. El artículo 295 dispone lo siguiente:

“Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.”

¿Eran administradores de la sociedad? Sí. ¿Hubo abuso de las funciones propias del cargo que ostentaban para disponer fraudulentamente del dinero de la caja de ahorros para su uso privado? Según las informaciones aparecidas sí, habrá que entrar en los detalles de los gastos concretos de cada persona concreta para determinar si, efectivamente, hubo uso fraudulento. ¿En caso de que la pregunta anterior sea respondida afirmativamente, se causó un perjuicio económicamente evaluable a la caja de ahorros? Sí, de 15,2 millones de euros.

Vemos como las conductas que presumiblemente pueden haber llevado a cabo los exdirectivos y exconsejeros por éste dinero gastado en B se pueden subsumir en el artículo 295 del CP, más conocido como delito de administración desleal, es decir, valerse de un abuso de confianza por ostentar el cargo que se ostenta distrayendo bienes de la sociedad en beneficio propio causando un perjuicio económicamente evaluable.

¿Y quién puede perseguir éstos delitos? La respuesta nos la da el art. 296 del CP al establecer que éstos hechos “sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal” En éste caso sería la Fundación de Caja Madrid por ser, tras la reestructuración financiera, la entidad que “absorbió” a Caja Madrid y, por lo tanto, la “persona agraviada”. Sigue el art. 296 diciendo que “también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”. Es decir que nos hallamos ante un delito de los denominados de perseguibilidad pública.

Las conductas que pueden haber cometido los Blesa y compañía pueden ser tan reprobables legalmente que bien haría la Fundación en denunciar rápido aunque rehusó hacerlo hace unos meses o sino tampoco se entendería que el Ministerio Fiscal mirara hacia otro lado. De ser verdad éstas “black cards” se estaría no sólo ante un presunto delito de administración desleal, también, si se superan los 120.000 € defraudados por ejercicio fiscal, se estaría ante un delito fiscal (art. 305 CP).

A nivel ético la dimensión puede llegar a ser mayúscula. Una entidad que quedó con un agujero de más de 20.000 millones de euros que tuvimos que pagar entre todos los contribuyentes. Una entidad que estafó a sus clientes minoristas con productos financieros tóxicos reconocido por el propio Presidente de la entidad en sus e-mails. Una recesión económica que ha golpeado con gran virulencia a la sociedad española. No se puede tolerar que no se investiguen las conductas que las últimas informaciones aparecidas pueden llegar a hacer pensar que, efectivamente, ha habido un sector de privilegiados que ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Y nos ha hecho pagar la factura a todos los contribuyentes.

En España Montesquieu ha muerto

La teoría de la separación de poderes que Montesquieu acuñó en su célebre obra 'Del espíritu de las Leyes' no tiene cabida en España. Si por separación entendemos división y equilibrio entre los distintos poderes del Estado, esto es, el poder legislativo (Cortes Generales), el poder ejecutivo (Gobierno) y el poder judicial (Tribunales de Justicia), no puede hablarse de tal concepto en el Estado español, con más inri a la vista de los últimos acontecimientos.

¿Que ha sucedido con la Ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana? ¿Y con el Decreto 129/2014 de convocatoria de la consulta del 9N? El Tribunal Constitucional (TC) ha procedido a hacer aquello que el Gobierno le solicitaba, sin rechistar, casi sin debate interno y con una celeridad sorprendente; ha admitido a trámite ambos recursos y los ha suspendido cautelarmente tal como establece el art. 161.2 de la Constitución.

Lo grave no ha sido lo previsible. Estaba casi escrito que el TC admitiría a trámite los recursos presentados por el Gobierno y, por ello, por imperativo legal, procedería a suspender cautelarmeente los mismos. Lo grave es que el Gobierno se dedique a hacer de TC y diga que eso es “un referéndum ilegal” desde hace muchos días, semanas y meses. ¡Como si conociera de antemano lo que va a resolver el máximo intérprete de la CE!

Ha sido esperpéntico que todavía no estuviera redactada, aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y entrado en vigor la Ley de Consultas así como el Decreto de convocatoria de la consulta y se escuchara a la Vicepresidenta del Gobierno decir que “eso es un referéndum como la copa de un pino”. Primero presumo que es un referéndum y luego utilizo una expresión tabernera. El circo de la política. ¿Y el PSOE? En eso de la unidad de España juegan en el mismo equipo. Le ha faltado tiempo para decir que la consulta catalana era un “referéndum ilegal”. En los últimos días he escuchado a tantos políticos utilizar éstos términos que he pensado si en cada uno de ellos no se esconde un pequeño juez de garantías constitucionales.

Y cabe mirar hacia el TC donde, por cierto, el Presidente del mismo es Pérez de los Cobos, militante del PP en el momento de acceder a dicho cargo y que, además, ocultó a la comisión de nombramientos del Senado. Un pequeño gran detalle que, entendió, que en nada influía en su imparcialidad y en su neutralidad en los asuntos que de bien seguro debería conocer. Y conocidas han sido sus animadversiones hacia Cataluña. La Generalitat intentó recusarle, es decir, que no asumiera su cargo por entender que adolecía de las condiciones necesarias para desempeñar con todas las garantías e independencia su función jurisdiccional. No hubo éxito y en una interpretación muy discutible de la CE y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se decidió que el cargo no era incompatible con su militancia en el PP. ¡Se llenaron de prestigio!

Y lo que era de esperar es que nos moviéramos en los términos que nos movemos. Ayer el TC admite a trámite los recursos presentados por el Gobierno y suspende tanto la Ley de consultas como el Decreto de convocatoria. ¿Y que dice en su nota de prensa el principal árbitro e intérprete de la Constitución que debe resolver fundamentada y motivadamente dichos recursos?
Pues literalmente; “el TC admite a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley Catalana de consultas y contra la convocatoria del referéndum y acuerda la suspensión de ambas”. Sí, han leído bien y no hay ningún error, el TC define en dicha nota de prensa la consulta como referéndum sin aun haber entrado a resolver sobre el fondo del asunto.

Jurídicamente es de una gravedad manifiesta que el mayor intérprete de la Constitución antes incluso de conocer el fondo de una determinada controversia jurídica se dedique a emitir juicios de valor tan trascendentes para el asunto catalán y que lo haga en su primera nota de prensa informativa. 

En España no existe la separación de poderes, es una bonita ilusión que por mucho que se disponga en las leyes su grandeza radica en su ejercicio que, en España, brilla por su ausencia.

Envidia británica, envidia democrática

Siento envidia. Siento envidia de una Unión como el Reino Unido. Envidia de que una nación dentro del Reino Unido como Escocia quiera celebrar un referéndum sobre su independencia y el Gobierno de Cameron, sentándose a negociar ante una aspiración política de una parte importante del electorado británico, acepte celebrar un referéndum por principio democrático.

Envidia de que el debate durante la campaña sea sereno y racional, con datos objetivos encima de la mesa y con una actitud de peritaje; explicando tanto lo que puede beneficiar como lo que puede perjudicar de una potencial independencia. Envidia de que ante el desafío independentista se logren juntar los tres líderes de los principales partidos ingleses y ofrezcan una tercera vía, la cual sea dicho de paso como crítica, Cameron se negó a aceptar en el referéndum a petición de Salmond.

Envidia de que tras celebrarse el referéndum y haber perdido la opción independentista Cameron haga unas declaraciones de pulcritud democrática, señalando que entiende que un partido que se presenta a las elecciones prometiendo un referéndum y que las gana tenga el derecho democrático a celebrarlo, admitiendo que los grandes asuntos políticos deben negociarse políticamente, confirmando que cumplirá con su compromiso de ceder más competencias y autonomía a Escocia, tal como prometió durante la campaña.

Envidia de pensar que Reino Unido es una democracia plena y que España no lo es. Aquí respecto los grandes asuntos (forma del Estado y modelo territorial) no se puede expresar el pueblo directamente. Es terreno vedado por imperativo legal. O por una interpretación restrictiva de la Constitución. Más por ésto último. Aquí los grandes desafíos políticos se resuelven imponiendo el muro legal. Olvidando intencionadamente que antes que un Estado de Derecho, esa Constitución que tanto dicen defender establece que España es un Estado democrático, y antes que democrático es un Estado social, esto es, un "Estado social y democrático de derecho" (art. 1), por éste orden, no al revés.
Es decir, esa Constitución la cual de tanto recurrir a ella se darán cuenta que no les da la razón, prescribe que antes que la Ley está la sociedad que las determina y aprueba (no hay que olvidar que las leyes emanan del poder legislativo y del ejecutivo el cual emana del pueblo), y antes que la ley está la democracia, ésto es, el poder del pueblo para poder y/o querer cambiarlas.

Quedarse en el debate legal y no admitir que hay un problema político de primer orden al cual hay que dar una solución política es quedarse en la fachada, es no reconocer la profundidad y el calado del problema. Es la Ley la que debe adaptarse e interpretarse conforme a la realidad social y no al revés. Sino lo que estamos negando es la misma esencia de la democracia, esto es, que el pueblo decida.

Los sentimientos no se pueden legislar

El momento político actual es de los más interesantes que se han vivido en España en las últimas décadas. Cataluña, de nuevo, es el indicador avanzado de lo que tiene que suceder en España si ésta quiere realmente seguir siendo un Estado y una Nación; un federalismo -asimétrico en el cual se acepte que dentro de España hay mínimo 3 naciones- y una aceptación de la pluralidad lingüística y la protección de las distintas lenguas que se hablan en España. Y no me vengan con aquello de que eso ya lo dice la Constitución (CE) en Título preliminar, no estoy hablando del contenido formal de una determinada norma jurídica, en éste caso la Norma Fundamental, estoy hablando del contenido material, la garantía de que 'de facto' lo prescrito en la norma se cumpla. Extremo que ni a lo que respecta al desarrollo normativo ni a la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal Constitucional (TC) se ha cumplido, sobretodo y con carácter muy acentuado, en sus últimas resoluciones.

Conviene no olvidar que el PP es el heredero directo de Alianza Popular. Aquél partido que presentó las enmiendas a la CE en las cuales quería eliminar de cuajo la palabra 'nacionalidades' y para su justificación apelaba, literalmente, a la “sagrada e indestructible unidad de España”. Y además quería introducir un artículo en el Título X (reforma constitucional) que dispusiera que “ningún proyecto de reforma constitucional podrá afectar a la integridad del territorio o a la unidad política del Estado”. ¿Ustedes se imaginan en que punto estaríamos ahora si esas enmiendas se hubieran llevado a cabo? El PP diciendo que el Estado de Derecho es el imperio de la ley y que, por lo tanto, la ley (la CE) establece que cualquier “reforma constitucional” que pretenda alterar la “integridad territorial del territorio o a la unidad política del Estado” no es admisible. No es un objeto que pueda ser sometido a reforma. ¿Como van a dar solución a algo que ni aceptan?

El partido que gobierna actualmente es esclavo de sus políticas, de sus discursos y de sus actos y no puede articular, ni quiere, un mecanismo de negociación que pudiera calmar los ánimos. Les van demasiados votos. ¿Pactaron en 1996 con CiU en los famosos pactos del Majestic? Por supuesto. ¿Lo hiceron desde la bondad hacia Cataluña y la aceptación de su singularidad o lo hicieron para poder tener una mayoría sólida de gobernabilidad para sacar adelante sus políticas? Juzguen ustedes mismos. A partir del 2000 y ya con mayoría absoluta comienzan a cambiar las dinámicas y cuando el PP pierde el poder en 2004 de manera inesperada utiliza Cataluña como piedra arrogadiza, como arma electoral ('¡Quieren romper España'!). Ese ha sido uno de los errores más capitales del PP en los últimos años, generar enemistades entre España y Cataluña (¿que serían sino las firmas 'contra Cataluña' que recogían para oponerse al Estatut?) y enfrentar a los ciudadanos españoles (sus votantes principalmente) con Cataluña.

Me dirán que ésto va de separadores y de separatistas y estoy de acuerdo. Pero si repasamos, muy brevemente, la historia contemporánea de España nos encontraremos ante hechos relevantes e interesantes en la relación Cataluña-España que invitan a pensar que el Estado español ha sido siempre muy reticente a descentralizar el poder que ostenta.

En 1885 Valentí Almirall formula el ya famoso 'Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña' donde proponía, por primera vez, la articulación territorial de España como confederal. No obtuvo respuesta de Alfonso XII. La Lliga Regionalista de Francesc Cambó también promovió e intentó persuadir sobre una España descentralizada sin obtener éxito aunque, finalmente, en 1914 se lograba la federación de las cuatro diputaciones provinciales en lo que se conocería como la 'Mancomunitat', presidida por Prat de la Riba, que abría la puerta a más autogobierno por parte de Cataluña y Cambó fue nombrado Ministro de fomento. No obstante hubo cerrazón por parte del Estado a la cesión de más competencias (carreteras, ferrocarriles...). Conocido es que tras el golpe de Estado del General Primo de Rivera de septiembre de 1923 se decidió poner fin, en 1924, a a lo que él llamó el “exclusivismo malsano” de que disfrutaba Cataluña. Con la II República, la CE de 1931 y el 'Estatut' de 1932 Cataluña veía como se daba satisfacción a sus demandas de autogobierno (hay que reconocer, en mi opinión, el error de proclamar la independencia de Cataluña por parte tanto de Macià como de Companys) que, de nuevo, quedaban anuladas tras el golpe de Estado para derrocar al Frente Popular, coalición que ganó democráticamente las elecciones de julio de 1936. La guerra civil posterior (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) fueron, de facto, la centralización de España y la división territorial en aquél invento francés de las provincias. Nulo respeto por la singularidad catalana así como a su lengua (multas incluso por hablar lo que se llamaba el 'dialecto catalán')

Tras la muerte del dictador viene la Ley para la Refoma Política del 1976 (que une legalidad franquista con legalidad 'democrática', es un puente, no hay que olvidarlo), las elecciones del 77, la CE del 1978 y el reconocimiento de las 'nacionalidades' y un Título VIII que, por fin, intentaba dar satisfacción a aquellos territorios con una singularidad especial. El resto es de sobras conocido; café para todos, autonomías por arrastre, 'Estatut' de 1979, pactos entre los nacionalistas y los gobiernos de turno del Estado que se encontraban en minoría (PSOE y PP indistintamente), 'Estatut' de 2006, como se le pasa el 'cepillo' en el Congreso ('¿Para qué nos vamos a estar con eufemismos coño?' decía Alfonso Guerra con su gracia y sorna característica), como después el PP, con campaña política de enfrentamiento incluida, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC alegando que el 'Estatut' adolecía, en algunos de sus contenidos, de falta de adecuación a la CE. Un error de cálculo de mayúsculas proporciones.

He dicho que es muy importante la STC 31/2010 porque no hay que olvidar que ese 'Estatut' fue aprobado por una amplísima mayoría de los partidos catalanes (PSC, CiU e ICV-EUiA) aunque ERC promoviera la campaña por el 'no' (¡que tozuda es la realidad!). Fue ratificado por la ciudadanía, con una participación del 49,41% del censo (2.570.478) y un apoyo del si del 73,90% (1.882.650). Si alguien pretende abrir el melón de la participación le invito a que coteje la participación en el referéndum para la entrada en la OTAN o de cualquier elección que se precie tanto a nivel local, autonómico o estatal. Tras el paso por el Congreso y el Senado y el paso del 'cepillo' el PP no se le ocurre otra cosa que presentar un recurso de inconstitucionalidad. Nadie ha hecho más para romper España que éste partido político. Absolutamente nadie. Nadie ha causado más crispación entre españoles que éste partido político y nadie ha tenido la desfachatez de ser tan cínico y entender tan poco la realidad pluranacional y plurilingüística de España.

Son debates que cansan y en los que, en la actualidad, las cartas están bien marcadas. Cataluña tiene, o mejor dicho sus ciudadanos, sujetos de derechos, deberes y obligaciones tienen, claro está, el derecho a determinar libremente su futuro político. Y a los que lo nieguen les invito a leer el art. 11.2 CE de esa sagrada y sacrosanta CE. Y un Estado, cualquiera que sea, no puede escudarse en una determinada legalidad para coartar un derecho plenamente democrático, el mayor que puede existir, como es el de que un determinado territorio decida la relación política que quiere con el Estado en el cual se halla. Y respecto a esa votación es un insulto a la inteligencia creer que deben pronunciarse todos los ciudadanos españoles porque la CE dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. No estamos hablando de una cuestión jurídica, es una cuestión puramente política y así lo estableció la STC de 25 de marzo de 2014. ¿Tanto cuesta de entender? ¿A los canadienses se les ocurrió que para que el Quebec realizara el referéndum tuviera que votar toda Canadá? ¿Y en Escocia? ¿También para ésto 'Spain is different'?

Intuyo lo motivos que mueven al Gobierno (PP) a forzar las cosas como las está forzando. El caso Pujol espera que le reporte una solución al 'procés' y que lo que ellos entienden que es un 'suflé' vaya bajando. Otro error. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto que influirá pero para que precisamente gente moderada que votaba a CiU y todavía tenía a Pujol como líder moral deje de hacerlo y deje de tenerlo. Para que CiU vaya, poco a poco, siendo más residual. ¿Que piensan que sus votos irán a parar a ellos?

Los ciudadanos de Cataluña se van a pronunciar antes que tarde. No lo harán en la consulta del 9-N porque ha faltado voluntad política de hacerlo. ¿'Estatut'? Cepillado e impugnado. ¿Consulta? 'Ni quiero ni puedo por parte de Rajoy'. ¿Elecciones plebiscitarias? Nos abocamos a las mismas.

Lo único que se es que los sentimientos no se pueden legislar.

Palestina; la difícil o imposible solución

La visualización de un interesante documental sobre el conflicto palestino me ha hecho hacerme algunas procedentes preguntas de difícil respuesta. Además también he leído interesantes artículos de ilustres pensadores.

¿Quién ataca y quién se defiende? ¿Quién tiene derecho a ocupar esas tierras? ¿Qué pasa con Jerusalem, ciudad en la que el pueblo judío tiene su capital y en la cual el pueblo palestino quiere establecer la suya? ¿Son atendidas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Es Israel un país que cumpla con las normas de derecho internacional público en la materia? ¿Y Palestina? ¿Hamas es un grupo terrorista o debería ser considerado un movimiento de liberación nacional?

En primer lugar creo que hay que hacer algunas apreciaciones aclaratorias que suelen conducir a error y a reducir el problema a simplismos y a tópicos manidos. El judaísmo es la religión de los judíos pero hay que diferenciarlo de la condición socio-política del pueblo judío, pues los ciudadanos del pueblo o nación judía, más allá de que sean religiosos o laicos, también se entiende que son judíos. Una nación [cuyos miembros son] procedentes del Reino de Israel, luego de Judea (Sion), con Jerusalem como ciudad santa según las tesis de Hannah Arendt, ilustre filósofa política judía.

Tampoco hay que confundir Judaísmo (religión), pueblo judío (como concepto socio-político y étnico) de los sionistas, que son el movimiento que ha reclamado históricamente el establecimiento de una patria para el pueblo judío justamente en la tierra de Israel. No en otra en virtud de los títulos de propiedad que la Biblia les otorgó.

Palestina no es un Estado de pleno derecho reconocido en las Naciones Unidas. Ello no es así ya que los EEUU vetaron su admisión en el Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas (NNUU). Los otros 14 Estados miembros votaron a favor, el mundo votó a favor y únicamente los EEUU en contra usando su anacronico derecho a veto en el CS de las NNUU. Palestina nunca ha sido un Estado por unas votaciones poco democráticas muy concretas y determinadas.

Hay que tener muy presente que el pueblo judío ha sido perseguido históricamente. Conviene no olvidar que desde que los romanos los expulsaran del Monte de Judea han sido perseguidos, expulsados e incluso se han cometido atrocidades y horrores contra ellos a lo largo de la historia (el Holocausto y la 'solución final' de Hitler fueron su máximo exponente). Por ello es legítimo que reclamen un Estado para poder vivir en paz.

Siendo justo y legítimo que el pueblo judío pueda tener un Estado propio atendiendo a los antecedentes históricos y a las vicisitudes bíblicas de la implicación que tiene la ciudad santa de Jerusalem y parte del territorio de lo que hoy es Israel ¿Es admisible que el pueblo palestino deba soportar el aislamiento y deba pagar el precio que está pagando por ésta legitimidad moral e histórica que tiene el pueblo judío para tener un Estado propio? ¿El Holocausto todo lo justifica? ¿Cuando se conminará a Israel a atender las Resoluciones de la ONU y los tratados internacionales?

Hay que intentar por todos los medios intentar encontrar el arreglo acordado de éste callejón sin salida. Desde que hubiera la guerra de 1948 entre Israel y los Estados musulmanes colindantes (Egipto, Jordania...) que generara el exilio del pueblo palestino (`nakba`) no ha dejado de producirse un éxodo el cual Israel, por boca de su presidente, no está dispuesto a aceptar que vuelvan tal como obligan las Resoluciones de las NNUU. Tras la Guerra de 1967 se ha producido una ocupación ilegal en toda regla, y ésto hay que explicarlo. Baste sólo ver el mapa adjunto en el cual las fronteras acordadas por la ONU en 1948 se ve claramente como han sido vergonzosamente rebasadas por el Estado de Israel con una desproporción preocupante.

¿Hasta cuando?

Muchos dirán que unos son los terroristas que atacan (Hamás) y otros son los que se defienden (el Ejército de Israel). Unos son un Ejército oficial y los otros un grupo terrorista que usa a niños de escudo y que se dedica a entrenarse en las escuelas donde se saben seguros. Debo afirmar que me parece de un simplismo mayúsculo. Unos gozan de un estatus jurídico como Estado de pleno Derecho de las NNUU (Israel) y el otro está de miembro observador (Palestina) al mismo nivel que el Vaticano y no tiene los instrumentos necesarios de Estado que sí tiene Israel.

A todas las personas que sientan que tienen un imperioso derecho a ocupar el territorio palestino atendiendo a las muchas vicisitudes que pudieran justificarlo en virtud del sufrimiento que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de su historia y por las disposiciones bíblicas les diría que vivimos en un mundo en el cual nos hemos dotado de una Organización Internacional para promover la paz y la seguridad en el mundo y que la interpretación de lo que debe significar paz y seguridad no deben quedar al arbitrio de una de las partes en el conflicto y la existencia de Estados debe quedar al margen de las cuestiones religiosas.

Les conminaría a consultar las Resoluciones de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí. No han sido los palestinos precisamente quienes más sistemáticamente han incumplido de manera palmaria las Resoluciones de la ONU, las cuales, según la Carta de las Naciones Unidas son vinculantes.

Dejen de encolerizar el problema y de generar una espiral de violencia. Saben perfectamente que el conflicto no se resuelve con bombas, secuestros ni asesinatos. Saben de sobras que se resuelve mediante la cesión mutua y el equilibrio de intereses. Pero unos prefieren seguir ganando elecciones (el Gobierno del sionista Netanyahu) las cuales dependen de cuánto marketing hagan para que la opinión pública -o publicada- internacional vea legítimos sus ataques y a los otros (Hamas) ya les va bien que el mundo vea las atrocidades que el Estado de Israel para justificar sus reclamos. Intereses geoestratégicos y geopolíticos y poca voluntad de ceder en las pretensiones de cada uno percibo. Con el 'in vigilando' de los EEUU.

Tal como leía no hace mucho, ésta generación de judíos y de palestinos tienen muy complicado entenderse. Pero todo es posible cuando hay voluntad política y anhelo sincero de paz (por la vía de los hechos, no de los discursos).

Para entender el conflicto en 10 imágenes existe éste interesante enlace el cual da habida cuenta de la gran complejidad del problema y la dificultad de su resolución.

                                                                     

La legitimidad de la Monarquía

La legitimidad y la legalidad cabe distinguirlas, según Max Weber y Carl Schmit, según se trate de la teoría jurídica o de la política. En el plano jurídico para que una acción sea conforme con el Derecho vigente se requiere que la persona que la realiza tenga derecho a hacerlo (legitimidad) y, además, que la lleve a cabo mediante el marco jurídico establecido (legalidad). En el plano político un gobierno (o monarca) será legítimo si quien lo detenta ha accedido a él mediante "justo título", por los cauces admitidos y será legal si actúa de acuerdo con las normas establecidas.

La tensión entre la legalidad y la legitimidad es una constante de la historia. Interesa en el presente artículo destacar los conceptos en el caso concreto de la Monarquía Parlamentaria y Constitucional española.  

Decir que la Monarquía fue aceptada mediante el referéndum de ratificación de la Constitución en 1978 es como hacerse trampas en el solitario. Si bien fue un referéndum legal y legítimo hay que poner las cosas en su contexto para no caer en el reduccionismo de valorarlo con ojos de hoy, cuando las circunstancias han cambiado mucho.

¿O es que en la votación de un pack indivisible en el que hay 169 artículos, 10 títulos implica estar de acuerdo en la Monarquía? ¿Como se debía interpretar la votación en contra? ¿Podía enmendarse únicamente el Título II, el relativo a la Monarquía?

Lógicamente no era admisible enmendar partes del todo. O todo o nada era la premisa con la que se votaba la Constitución. Y además no había una Asamblea Constituyente, únicamente había 6 padres de la Norma Fundamental más importante, cúspide de todo el ordenamiento jurídico, como si ello fuera una representación plural de la sociedad española. Conviene no olvidar en éste punto por ejemplo que los vascos quedaron fuera de la ponencia constitucional.

¿Eluden el contexto en el que fue elaborada, ratificada y aprobada la Constitución y que en lo que se pensaba era en dejar atrás la infausta dictadura?

En las memorias de Xabier Arzalluz (antiguo Lehendakari) se da habida cuenta de como hubo ciertas imposiciones militares no sujetas a debate (el artículo 8 es un buen ejemplo, una tutela militar en toda regla). Y no hay que olvidar que el Jefe de los Ejércitos es el Rey Felipe VI en la actualidad.

¿Alguien que realmente se precie democrático puede sostener que la Monarquía es una Institución legítima sólo por que fue ratificada por los ciudadanos en un pack indivisible en 1978? ¿Por mucho que el Título II de la CE se dispongan las reglas de la sucesión dinástica realmente es legítimo éste nuevo Rey? ¿Que sea legal lo convierte automáticamente en legítimo?

A los que aún así responderían que si, que efectivamente esa es la mayor fuente de legitimidad de la Institución les diría; ¿entonces si se votaba en contra de la CE por no estar de acuerdo con la Monarquía (Título II) también se estaba en contra del derecho fundamental a la educación, a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad sindical, etc.?

Pero igualmente el Rey sabe que no disfruta de la legitimidad. Cuentan que Suárez cuando se reunió con la Platajunta (los partidos de la oposición al franquismo) les dijo algo como; "Yo tengo el poder, ustedes tienen la legitimidad, de lo que se trata ahora es de unir poder con legitimidad". Algo así como "yo controlo las leyes, ustedes al pueblo, vamos a unir leyes y pueblo". El Rey sabe que a él no lo pueden votar pero lo pueden botar. Y tercio seguro que actuará en consecuencia. 

Hay que poner encima de la mesa aquellos temas de debate que en la Transición se impidió que se pusieran encima de la mesa:

1) Monarquía o República
2) Bandera rojigualda u otra
3) Unidad de España 

Antes que tarde hay que lidiar con éstos temas. Y plantearnos una interesante y procedente pregunta:

¿Será Cataluña el 23-F del Rey Felipe VI?

España no es una democracia

El título del artículo puede parecer provocador y, seguramente, más de uno no estará de acuerdo, pero conviene, de una vez, comenzar a dominar un lenguaje que escape de la propaganda repetida constantemente por los medios de comunicación dominantes.


Uno de los potenciales axiomas más repetidos en el País, el Mundo, ABC, la Razón, la Vanguardia, y los medios afectos al régimen ha sido; cuando Franco murió, el Rey heredó la Jefatura del Estado y supo ser un estadista y hacer una mal llamada Transición a la democracia con el liderazgo de Adolfo Suárez, el adalid de la democracia. Un demócrata de toda la vida pero que casualmente fue Secretario del Movimiento Nacional (cuyo rango para entendernos sería el de Ministro). Y ahora, sin pestañear, y haciendo una lectura del Título II de la Constitución del 1978 (CE), se ha hecho una permuta en la Jefatura del Estado que por mucho que esté dispuesta en el art. 57 CE ha sido poco democrática. Que sea legal no lo torna automáticamente en legítimo, ni en democrático. Muchos repiten constantemente que somos un Estado de Derecho y que sin ley no hay democracia, conviene apuntar que también somos, y la palabra está antes en el art. 1.1 CE, un “Estado democrático de Derecho”. Es decir no hay ley sin democracia.


Además el hecho más palpable y contrastable que vino a traer la democracia fue la Constitución del 1978 (CE), la cual se ha repetido hasta la saciedad que fue redactada con la nota del “consenso” además supuso que los partidos y los políticos tuvieran una gran “responsabilidad histórica” y que por el mero hecho de que en el art. 1.1 se dispusiera que España es un “Estado social y democrático de Derecho” pasábamos claramente de una dictadura a una democracia a la altura de las democracias liberales europeas.

Antigua idea es la goebbeliana de que cuando se repite una mentira muchas ocasiones al final se acaba creyendo que es verdad. Que la CE diga que somos un Estado democrático no nos convierte directamente en un Estado democrático. Debe materializarse.

¿Y es democrático que el Jefe del Estado sea escogido digitalmente por un dictador y su legitimidad de origen provenga de la victoria del bando nacional en la guerra civil española? ¿Es democrático que se vote a una lista cerrada y bloqueada decidida, salvo honrosas ocasiones, decidida por la cúpula de los partidos? ¿Es democrático que aún presentando una ILP con más de 1.500.000 firmas el Gobierno se permita el lujo de ignorar su contenido? ¿Es democracia que los ciudadanos no vean reconocido su derecho a la participación política reconocido como derecho fundamental en la CE? ¿Es democrático que los dos grandes partidos dinásticos del régimen modifiquen el art. 135 CE poniendo el principio de estabilidad presupuestaria por encima de la garantía de los derechos sociales más esenciales?

Todas éstas preguntas son muy procedentes en el estado de cosas actual. Cabría reflexionar sobre qué es exactamente España. Si atendemos a la integración de dos conceptos, a saber, el de cleptomanía (propensión morbosa al hurto) y plutocracia (preponderancia de los ricos en el gobierno de un país) encontramos un término de reciente cuño que, bajo mi modesto modo de entender las cosas, encaja en la definición de lo que actualmente es España; una cleptocracia.

Dicho poder establecido se caracteriza por el hurto constante de riquezas, la corrupción institucionalizada así como los fenómenos que lleva aparejados, el nepotismo, es decir el colocar a personas cercanas, los famosos 'enchufes', otorgando concesiones o empleos públicos sin ningún respeto por los principios de mérito y capacidad que deben guiar la contratación de empleados públicos. Además también se caracteriza por un acentuado clientelismo político, y es ocioso recordar que en España únicamente cabe hacer una lectura detallada de las principales concesiones de obra pública que se recogen en el BOE para determinar que vivimos en un capitalismo de amiguetes, además de vivir en un país en el que muchos recursos públicos sirven para atar votos en corto. Eso no es democracia. Además la nota común a todas éstas actitudes es la prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución administrativa injusta por parte de funcionario público.


Pero la impunidad está garantizada en éste sistema, puesto que los instituciones clave del poder están corruptas y los mecanismos de control están claramente politizados.

Por ello el diseño institucional que vino tras la muerte del dictador se está demostrando claramente insuficiente. Con una ciudadanía que cada vez demanda que la democracia no es poner una lista cerrada y bloqueda en una urna cada 4 años. Es mucho más que eso y se deben arbitrar mecanismos de participación ciudadanos si a éste sistema se le quiere llamar democracia y quiere ser contemporáneo al s.XXI. No es admisible el funcionamiento p. ej. del Tribunal de Cuentas, tampoco la politización a la que se ha visto sometido el mayor intérprete e Institución clave en un Estado constitucional como es el Tribunal Constitucional (cuyo Presidente era militante del PP) y mucho menos aún el mantenimiento de una cámara alta de representación territorial como el Senado que, directamente, no sirve para su comedido, y podríamos seguir con más...

Por mucho que se diga A en una Ley no significa que ese A sea cierto, el art. 1.1 es, actualmente, papel mojado si no se materializa. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General debe ser modificada si se quieren hacer las reformas que tanto se están oyendo éstos días. Porque es obvio que va a haber cambios dado el cambio generacional y las demandas de que así sea.

Lo que enseña la historia es que o los cambios se hacen mediante una reforma o, de lo contrario, con una ruptura. Y en España son demasiadas las Constituciones que hemos tenido como para no tener perspectiva histórica y comenzar a dotar de contenido a un sistema político que no por mucho repetirse se disfruta; una democracia.

Confunden legalidad con democracia

En los últimos meses ha acontecido con mucha fuerza el debate sobre el proceso secesionista catalán. Algunos creían, ingenuamente, que después de 35 años de Constitución (CE) habría una evolución del contenido de la misma y, sobretodo, una interpretación acorde con las realidades sociales y los tiempos en los cuales debe enmarcarse cualquier norma fundamental de cualquier Estado que se precie democrático. No ha sido así. Y de hecho se ha caído en una lamentable confusión; identificar legalidad con democracia. Creer que es el Estado de Derecho el que garantiza la democracia y no al revés.

Los vascos con el Plan Ibarretxe y los catalanes en el contexto actual se han dado de cruces con la realidad jurídica y política española. Esa concepción tan carcelística de las leyes, es decir, el que actúen, como dijo Aitor Esteban (PNV) como “una trinchera”, como un cortapisas a cualquier proyecto político que pretenda cuestionar la interpretación que se ha hecho de la CE a lo largo de éstos últimos años por parte de los dos partidos dinásticos (PP-PSOE) y su guardián fiel y tradicional; el Tribunal Constitucional.

Es bastante cansino el debate entre legalidad, legitimidad, competencias e identidad. Y bien haría el poder establecido en España en entender que el tiempo en el que se podían asimilar e igualar los territorios se ha acabado. Aquella chapuza hecha con la interpretación del Título VIII de la CE (café para todos) y la Ley Orgánica de Armonización (?) del Proceso Autonómico tras el 23-F vuelve ahora con toda su crudeza. Pero es que todavía no han entendido -o no quieren- nada.

¿Es la Ley la que debe adaptarse a la realidad social o al revés? ¿Los que pregonan que España es un Estado de Derecho se olvidan que también, antes de la palabra “Derecho”, aparece la palabra “social” en esa Constitución que tanto dicen defender? ¿Democracia no es demos (pueblo) y krátos (poder o gobierno), es decir, poder del pueblo? ¿Quién puede negarse a que los ciudadanos voten aunque no te guste aquello sobre lo que quieran votar si lo demanda una mayoría muy clara?

Me abruma el discurso oficial y oficialista del establishment español al problema territorial que por siglos arrastra España y que, conviene decirlo alto y claro, ha sido aminorado con el poder de las armas en múltiples ocasiones. Ahora se están poniendo muy nerviosos y no saben muy bien como actuar, por ello utilizan la Constitución como arma arrojadiza para coartar las voluntades colectivas. Enésimo error.

Hace tiempo dije ya que España no era una democracia, que España era una Constitución en la que, además, no estaba garantizada ni la separación de poderes. Y analizar el contexto en la que fue dictada y, en consecuencia, su legitimidad, haría un gran favor al progreso democrático de éste país. Por que hoy es Cataluña pero mañana, ¿que pasará si los españoles quieren decidir si quieren la forma de Estado? 

La Constitución se acata pero no se cumple (I)

En las colonias españolas era muy común recibir una ley emanada del monarca y que fuera recibida con un “se acata pero no se cumple”, es decir, se acepta el texto normativo pero no se va a cumplir su contenido. Una manera elegante de decir que se iban a pasar por el forro lo dispuesto en ésa determinada ley. Y es que la relación de España con las leyes siempre ha sido muy particular; hemos tenido -y tenemos- muchas pero se cumplen muy pocas.

¿Éste fenómeno fue exclusivo de la época colonial y del Reino de Navarra? Me aventuraría a responder con un rotundo no, y para ello he creído muy interesante rescatar algunos artículos de la norma suprema y fundamental de España; la Constitución de 1978 (CE). Me centraré en aquellos casos más flagrantes y el artículo, dado que la CE tiene 169 artículo, tendrá dos partes.

El primer incumplimiento grave lo encontramos muy temprano, en su artículo 3 donde se dice que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”. ¿Se protegen suficientemente el euskera, gallego y catalán?

Es en éste punto cuando les llega el turno a los partidos políticos. En el artículo 6 se establece que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. A más de un partido se le debería caer la cara de vergüenza al leer ésto, o quizá es que tienen un concepto muy pero que muy restringido de la democracia.

Para entender el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la doctrina Parot se debe hacer una lectura del importantísimo art. 9.3, donde se establece que “La Constitución garantiza […] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.” Aquello de que no cambien las reglas del juego en medio del partido, aquello de tener la seguridad jurídica de que no se me van a aplicar retroactivamente las disposiciones de las que habla el artículo.

En términos de igualdad encontramos ésta romántica proclama en el art. 14; “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”. ¿Hace falta recordar el trato procesal a la Infanta? ¿y a Miguel Blesa? ¿y los jueces que están siendo investigados o que ya han sido condenados?. Pues eso, se acata pero no se cumple.

En materia religiosa encontramos el art. 16 donde en su apartado tres se dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Entonces, ¿por qué en casi cada toma de posesión de cualquier ministro veo un crucifijo? ¿Por qué tengo que pagar a los profesores de religión en una escuela pública? Ésta proclamada aconfesionalidad del Estado es papel mojado. Y sí, ya me aquello de que “mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica” pero entonces no te puedes autodenominar aconfesional, es un oxímoron.

A lo que a participación política se refiere tenemos el art. 23 donde se establece que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” Que participamos elecciones periódicas es claro pero, al margen de ello, ¿realmente participamos en los asuntos públicos?

El acceso a la justicia también está siendo incumplido ya que no “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, puesto que con las tasas judiciales y con la modificación de la justicia gratuita muchos serán los que se abstengan de intentar defender sus legítimos intereses.

La primera parte de ésta temática la terminaré con el artículo 31, aquél que regula los principios del sistema fiscal español, donde con total sonrojo se dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”. En éste punto conviene recordar que España es un país fiscalmente paradójico; tiene unos tipos impositivos (%) muy altos y tiene una recaudación muy baja en comparación con sus vecinos de la UE. Además curiosamente ha disminuido a raíz de la Gran Recesión, cuando los ingresos son más necesarios que nunca.

Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que entiendo que es un incumplimiento manifiesto y grave de la norma suprema y la más alta en la cúspide normativa del ordenamiento jurídico español como es la CE. Por ello debería producirnos rechazo cuando un representante público nos dice con gran elocuencia que la Ley está para cumplirla cuando el Gobierno y los poderes públicos son los primeros en incumplir no una ley orgánica, ni un real-decreto ley, sino la mismísima Constitución.

Aunque ya se sabe lo que se decía en la España caciquil; “Para mis amigos los favores, para mis enemigos la Ley”.

Continuará...

¿Quién pagará la deuda? ¿Quién juzgará a los responsables?

Ésta semana he leído en un informe del Banco de España (BdE) como la deuda pública española alcanzaba el 93,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2013. Y seguirá subiendo. Ya se sabe, la reducción del déficit, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y todas esas patrañas eufemísticas de la economía. Y el rescate a la banca. No hay que olvidar, pues la memoria es demasiado frágil, que a finales del 2013 el BdE cifró en 61.366 millones las ayudas públicas recibidas por la banca desde 2009. Tampoco habría que olvidar que el déficit público en 2008 era de 49.113 MEUR y en 2009 pasó a ser de 116.429. Las matemáticas no aman pero tampoco fallan.

El Estado tiene dos maneras de reducir el déficit; la primera por la vía de los ingresos (tributos principalmente), la otra por la vía del gasto, reduciéndolo, pero igualmente emitiendo deuda pública para poder financiarlo en su totalidad y que los bienaventurados y ávidos inversores (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, inversores particulares...) te financien ese gasto que no logras alcanzar con tus exiguos ingresos tras la caída de la actividad económica y tu falta de iniciativa tributaria.

Tampoco esperes que el Banco Central Europeo pueda “calmar los mercados” comprando directamente la deuda pública de sus Estados miembros, eso lo tiene prohibido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 123, antiguo 101 TCE).

De manera que nos encontramos con que éste desvergonzado Gobierno está hipotecando las generaciones futuras con eso de 'gasta hoy, que ya pagarán mañana'. Y hacen ésto sin plantearse las reformas de calado que necesitan las instituciones de éste país y los partidos políticos que no sólo las gobiernan sino que las poseen, manosean, pisan, y, en definitiva, hacen y deshacen a su antojo (el desprestigio al que han abocado a la otrora prestigiosa Institución como es el Tribunal Constitucional da habida cuenta de ello).

Ésto debería, antes que tarde, terminar. La presión es insoportable y se sabe, por activa y por pasiva, que esa voluminosa deuda no se va a poder pagar. La historia es tozuda, además de un espejo, y nos lo ha demostrado constantemente con el ahogo al que el FMI tuvo tanto a países africanos como sudamericanos y como, finalmente, se acabaron haciendo importantes quitas (como por otra parte ya ha sucedido en Grecia).

Los desmanes producidos por partidos políticos, con muy contadas y honradas excepciones, en las cajas de ahorro, la esquilmada de recursos a la que se han visto sometidas y de las que únicamente quedan dos (Ontinyent y Pollença), deberían ser objeto de una investigación seria e independiente para que los verdaderos responsables lo pagaran y fuera una disuasión para las tentaciones futuras. Reformas y justicia, con mayúsculas. Justicia para la prevención específica (el que la hace la paga) y general (fijaos que quien la ha hecho la ha pagado).

Quienes han creído que el dinero público no es de nadie y lo han malgastado sin pestañear deberían ser también señalados y procesados. Aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches, ciudades de la ciencia sin ciencia, ciudades de la luz, ciudades de la cultura, trenes de alta velocidad para todos y un larguísimo etcétera. El déficit y la deuda pública, en gran parte, son una clara consecuencia de esas irresponsables decisiones. Que muchos de los responsables sigan perteneciendo, no sólo a partidos políticos, sino que son gestores de la cosa pública, debería sonrojarnos.

Es tiempo de que hagamos un replanteamiento serio de cual es la situación, evaluarla y, sobretodo, saber hacia donde se va en materia económica. Un mundo -el económico- en el que la confianza y la coyuntura son las que lo gobiernan todo. Y nada genera más desconfianza que un país en el cual los responsables del mayor rescate financiero de la historia que ha provocado un cuadro tanto macroeconómico como microeconómico desolador no lo paguen como de verdad merecerían. Ni que los gestores públicos que han hecho todas esas infraestructuras inservibles y han tomado decisiones político-económicas nefastas no sean encausados.

¿Cuales son los incentivos futuros que se generan? Dejo la pregunta en el aire.

CiU, PSC y modelo de país

Una cosa son los discursos y otra las políticas. De lo que se dice a lo que se hace. De hecho hay algo tan mágico en política que a uno hay veces que le cuesta un mundo imaginar ciertas parejas de baile en ciertos contextos políticos. Pero taparse las vergüenzas en la sanidad catalana vetando todo aquello que tenía cierta sustancia en la comisión de investigación que debiera investigar el desaguisado que con tanto acierto han denunciado en cafeambllet.com bien valía un revolcón parlamentario.

No debe sorprender. A algunos no nos sorprende. Más cuando fue el PSC el que terminó buscando otras parejas de baile en 2003 e hizo el ya célebre tripartito con ERC e ICV-EUiA. No hay que olvidar que la 'sociovergencia' estuvo más cerca que nunca en esos tiempos y cálculos maquiavélicos por ambas partes lo impidió. Y conviene no olvidarlo. Tampoco conviene olvidar que, en esencia, las cúpulas de ambos partidos han estudiado en parecidas instituciones educativas, han sido compañeros de pupitre, tal como me recordaba un Catedrático de mi Facultad.

Así las cosas el proyecto Barcelona World aterrizó en Cataluña parece que para quedarse. No sin antes hacer una bajada de pantalones tributaria, patrocinada por CiU y PSC, por parte de todos los contribuyentes que permita una jugosa rebaja en el tipo impositivo del impuesto del juego pasando del 55% actual al 10% demandado. Y de manera sonrojante ayer se hizo público el pacto con unas declaraciones grandilocuentes tanto de Artur Mas como de Pere Navarro.

Para más inri a lo que indignación ciudadana respecta la principal institución financiera de Catalunya, La Caixa, espera unas plusvalías en la operación de venta de los terrenos que ocupará Barcelona World de 241 millones de euros. Yo no creo en las casualidades y tanto interés tenía el Sr. Bañuelos (principal promotor de BCN World) como el Sr. Fainé, en que hubiera un pacto en aras a la disminución del caballo de batalla del proyecto; el tipo impositivo del impuesto del juego a los casinos.
¿Que modelo de país es el que queremos? No dejo de oír grandes discursos, más en los tiempos actuales, de que Catalunya debe ser un país rico en educación, un país que cultive la investigación, una economía basada en el conocimiento, que genere valor añadido en aquello que, a largo plazo, es beneficioso para el país partiendo siempre de una cultura emprendedora. ¡Que emprendedor es que exijas una bajada del 45% en un impuesto para invertir! Y encima deberemos besar los pies a los promotores porque crean puestos de trabajo. Yo me pregunto, ¿a que precio? ¿coyunturales o estructurales? ¿En que proporción?
En cambio el modelo de país al que nos abocamos es al de ser un territorio vendido al turismo, no al de calidad, sino al de borrachera, de jugarte unos euros en el casino y luego ir a Salou a dejar la ciudad sin alcohol, no vaya a ser que se termine esa noche. Ese es el modelo de país que se está incentivando y fomentando, nada más y nada menos que por dos partidos políticos claramente a la baja como son CiU y PSC.

¿Nos vamos a creer, por enésima vez, que estos señores del pelotazo vienen a beneficiar al interés general? ¿Queremos ser un país que exporte conocimiento o que sea receptor de un turismo de segunda? ¿La Gran Recesión económica debe justificar una bajada de pantalones tributaria tan descarada? ¿Donde quedan los principios tributarios más elementales si se hace una regulación 'ad hoc'?
Si esperamos a mañana a responder éstas pertinentes preguntas quizá pueda ser demasiado tarde y es el futuro del modelo de país el que nos estamos jugando con éste tipo de proyectos.

Adolfo Suárez. Entre el mito y la realidad

Mucho se ha comentado en éstos últimos días sobre la muerte del primer Presidente de la democracia española. En el presente artículo pretendo mostrar una visión de aquello que aconteció durante la Transición/Transacción un tanto heterodoxa, sobretodo sin repetir lo que parecen axiomas mediáticos. Desgajando lo que pudo ser en realidad un mito, de lo que sucedió, efectivamente, en la realidad. Sin obviar, lógicamente, la importante contribución que Adolfo Suárez hizo para que la democracia española pudiera asentarse en la nación.



La dictadura. Adolfo Suárez ocupó diversos cargos en el Movimiento, de la mano de Herrero Tejedor fue lo que se denomina, un escalador dentro del único partido político permitido en España durante la dictadura franquista. Cuando fue Gobernador civil de Segovia en 1968 acuñó la frase, según comenta Enric Juliana, de; “Excelencia, Segovia no puede ser menos” (¿el inicio del café para todos?). Más adelante embelleció la figura mediática del Rey siendo designado Director General de RTVE, cargo que ocupó entre 1969 y 1973. Ya por los albores de 1975 fue designado Ministro Secretario general del Movimiento, cargo con rango ministerial y que significaba ser lugarteniente del caudillo en las FET-JONS. Es decir, fue lo que se dice, un escalador del Movimiento. Lo conocía muy bien por dentro y, por, ello a la muerte de Franco el Rey lo auspició, contra todo pronóstico, hacia la Presidencia.

Transición/Transacción. Se nos repite machaconamente que fue una Transición de una dictadura a una democracia, pero nos olvidamos de que sin muchas transacciones (como la de Santiago Carrillo y su PCE que aceptaron la bandera, la monarquía y la unidad de España) jamás se hubiera producido dicha transición. Suárez supo hacer el 'harakiri' al franquismo con la ayuda del Rey. Pero no fueron ellos quienes más presionaron. Conviene no inducirnos a engaño. Fue la calle la que llevaba años y años manifestándose, en las que en algunas de ellas hubo hasta muertos. Fueron los actores internacionales, sobre todo los EEUU, a quienes les interesaba que en Portugal, España, Italia y Grecia no subieran los apoyos comunistas. La Transaición se quiere separar del contexto de guerra fría internacional cuando ni mucho menos fue así. Henry Kissinger tuvo mucho más que ver que no Adolfo Suárez. El Presidente simplemente era el interlocutor, el saco de boxeo en el que se concentraban todas las iras y golpes. El terreno abonado hacia la democracia lo estableció la Ley para la Refoma Politica del año 1976 (la última Ley Fundamental del franquismo), que sería la antesala de la legalización del PCE.

La democracia. A partir de la legalización del PCE Suárez deja de contar con muchos de los apoyos que contaba, sobretodo, si los hubiera, en el ámbito castrense. ¿Como iban a aceptar la legalización del partido contra el que toda su vida habían luchado? Se le atribuye el éxito de estadista a Suárez pero nos olvidamos de las célebres movilizaciones y movimientos tácticos de presión que hicieron que el PCE fuera legalizado en Semana Santa del año 1977. Ese fue el inicio del fin de Adolfo Suárez. Más adelante, con las elecciones de 1977 ganadas, y por tanto dejando de ser el Presidente legal para pasar a ser el legítimo, comenzó a gestarse la Constitución del 1978. Una Carta Magna redactada con ruído de sables pero en la cual se tuvo la virtud de hacer caber múltiples opciones tanto políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas.

La caída. Muchos de los que hoy adulan a Suárez fueron sus más encarnizados enemigos políticos durante años. El contexto político, social y económico de los años que siguieron a la Constitución llevó a que se le plantearan al Jefe del Estado opciones de cambio político. El país estaba cogiendo una senda muy peligrosa. ETA y los GRAPO matando, el PCE legalizado y con representación en el Parlamento, Gutiérrez Mellado como muro de contención a los militares, la UCD que parecía una olla de grillos y el PSOE parecía una opción más amable y reformista. Más acorde con los tiempos venideros. A Suárez le hacen dimitir, el Rey le quita su apoyo, en enero de 1981 y en la toma de posesión de Leopoldo Calvo-Sotelo se produce el 23-F. Y aquí uno debe detenerse porque no tiene suficiente información como para decir qué es lo que pasó y con qué apoyos y detractores contó. Como mucho uno puede tener claro a quién más benefició. Ahí lo dejo.

Como conclusión podemos extraer que si bien Adolfo Suárez fue la cabeza visible que consiguió que se pasara de una dictadura, un único partido, a una democracia plural y representativa. De ésto último hay sectores que discrepan, y con parte de razón. Hubo muchos matices que en éstos días se pasan por alto. Parece que el Rey y Suárez fueron el Batman y el Robin de la Transición española cuando, ni mucho menos, fue así. ¿Contribuyeron? Sí. ¿Tenían el poder para que las cosas hubieran tenido otro curso? También. Ello no quita que uno deba atender a los contextos sociales en los que vive para hacer política. De eso se encargaron.

Crisis del pacto constitucional

Hoy ha tenido lugar en el Parlament de Catalunya un paso más en el denominado proceso soberanista en el sentido de solicitar al Gobierno español la cesión de la competencia que tiene reconocida de manera exclusiva en el artículo 149.1. 32º de la Constitución Española (en adelante CE) en la cual se recoge la autorización para la celebración de consultas populares por la vía del referéndum. Ello de conformidad con lo que dispone el artículo 150.2 de la CE, la cesión de competencias exclusivas del Estado en favor de la Comunidades Autónomas.

Conviene recordar que el antiguo 'lehendakari' Juan José Ibarretxe ya pretendió, en su día, convocar una consulta popular con dos preguntas relativas al final de la violencia de ETA y el derecho a decidir del pueblo vasco interpretando que 'consulta' y 'referéndum' no eran la misma cosa. El Tribunal Constitucional (TC) no estuvo de acuerdo en tal posibilidad y tumbó la Ley que pretendía habilitar la consulta popular con una importante Sentencia que convendría tener muy presente en los tiempos actuales.

Soberanía. Parece que el tema esencial se encuentra en garantizar la indisolubilidad de la soberanía nacional, pues el artículo 2 de la Constitución establece claramente que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” o lo que traducido en términos de referéndum de autodeterminación (o de auto de terminación) una parte (Catalunya) no puede decidir sobre el todo (España) tal como está planteada la actual Constitución y además la interpretación de tal expresión ha sido establecida reiteradamente por la jurisprudencia del TC. Y por si ello no fuera suficientemente disuasorio nos encontramos con el espasmódico artículo 8 de la CE que encomienda a las Fuerzas Armadas la “integridad territorial” y por si no hubiera suficiente, también el “orden constitucional”. Ahí es nada.

Derecho a decidir. Parece que ese “no quiero y no puedo hablar de esa cuestión” pronunciado por Mariano Rajoy puede ir encaminado a interpretar esa coletilla establecida en el art. 150.2 de la CE en la cual se afirma que se podrán transferir aquellas competencias “que por su propia naturaleza” lo permitan. ¿Un referéndum de autodeterminación, en el cual se fragmenta la soberanía, no chocaría con tal expresión? Se puede afirmar que tal como se ha venido interpretando la CE y la voluntad política que destila el contexto actual no presagian una interpretación más laxa de la CE y, por ello, ese derecho invocado por el pueblo catalán (el derecho a decidir que no deja de ser el derecho a la autodeterminación) parece no tener recorrido en el marco constitucional español actual.

Estado de las Autonomías. Es muy clara la crisis constitucional que padecemos. La Carta Magna que para algunos era de mínimos para otros era de máximos. La que para algunos era un punto de partida de un Estado federal para otros era la articulación de un Estado compuesto por igualación (café para todos) que, en retrospectiva, puede parecer un mecanismo ideado para no diferenciar mucho los territorios denominados históricos (Catalunya, País Vasco y Galicia básicamente), eso que a los militares tanto preocupó. No hay que olvidar el cortapisas que supuso el 23-F de 1981 para el estado de las autonomías dado que se estaban negociando y tramitando la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); fue un muro de contención ante las aspiraciones autonómicas, sobretodo de vascos y catalanes.

¿En que punto estamos ahora? Supongo que nos encontramos ante una suerte de final de la transición. Una transición no se sabe muy bien hacia qué, pero lo que debiera quedarnos bastante claro es que, tal como ya predijo Tarradellas, 17 parlamentos autonómicos (sin olvidar las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y 17 Comunidades Autónomas eran insostenibles. No hay que dejar de conjugar el fin de la violencia en Euskadi y el escenario que se dibujará cuando ETA por fin acabe de disolverse y entregar las armas. Otegi está en la cárcel y es posible que se produzca un 'efecto Mandela' y el Gobierno ya trabaja para idear una ley que prohíba a los condenados por terrorismo ser 'lehendakari' (¿puede ser más a medida?). El futuro político es apasionante y convendría no apartar los ojos catalanes de lo que acontezca en el País Vasco. La cultura de la transición ha quedado obsoleta. 

Sacyr, los sobrecostes, España y Panamá

España: una gran empresa de contrucción (o una unión temporal de empresas constituida por ellas para tal fin) concurre a un concurso público para, por ejemplo, contruír un Pavellón de Deportes. Consiguen reducir la oferta al mínimo y a la Adiminstración Pública (AP) parece interesarle (va a pagar menos). Consiguen quitarse a empresas pequeñas del medio que no pueden competir a ese coste.

Pero algo mágico sucede mientras se van desarrollando las obras. Hay sobrecostes por todos lados (¿les suena el arquitecto Calatrava?) totalmente sobrevenidos, totalmente imprevisibles y que ni a un experto en economía se le habría ocurrido que pudieran suceder. Las empresas, como es lógico (?) acuden a la Administración Pública que los contrató para que se hagan cargo de los sobrecostes. La AP acaba pagando y la obra nos acaba costando a todos los contrubuyentes más de lo presupuestado (en algunos casos ha llegado a doblarse el precio).

Y ya me imagino yo al empresario pequeño que concurrió al concurso exclamando: ¡Os lo dije! ¡Ese precio era imposible!

Demasiado tarde, las obras ya estan ejecutadas y certificadas y a nadie interesa ya el Pliego de Condiciones Generales de la obra que fue prevista y que los sospechosos sobrecostes ha encarecido.

Panamá: Una empresa española (Sacyr) concurre a un concurso público para ampliar el Canal de Panamá poniendo encima de la mesa la oferta más económica. El Gobierno, por aquello del principio de la oferta más beneficiosa económicamente, le adjudica el concurso.

En el transcurso de las obras aparecen los famosos y mágicos sobrecostes. Como es lógico (?) Sacyr acude al Gobierno de Panamá para que se haga cargo de los costes o le advierte que deberá detener las obras. El Gobierno de Panamá le dice que se vaya a freír espárragos, que se presentó al concurso público con un precio X y que si no puede hacer frente a los costes que ni ella misma previó es su problema.

Además Bechtel (la empresa de EEUU que perdió el concurso frente a Sacyr) ya advirtió de que el precio ofertado por Sacyr "no cubría ni el hormigón". 

Por fin alguien aplica el sentido común en el tema de los sobrecostes de las obras públicas. Si atendiéramos a todas las grandes infraestructuras que se han realizado en España, qué empresas han ganado el concurso público, qué precio inicial se ha presupuestado y qué precio final hemos pagado todos los contrubuyentes nos sorprenderíamos muchísimo. Otra vez alguien de fuera nos muestra el camino que debemos seguir.