¿Caja B en gastos privados en Caja Madrid?

A lo largo de éstos últimos días han aparecido informaciones que apuntan a que los exdirectivos y los exconsejeros de Caja Madrid gastaron 15,2 millones de euros en 10 años -entre 2003 y 2010- en dinero libre de impuestos, totalmente opaco, presuntamente, a los ojos de la Agencia Tributaria.


Ante unas conductas tan deleznables por razón del cargo que ostentaban (no hay que olvidar que una caja de ahorros no tiene ánimo de lucro) la Justicia debería tomar cartas en el asunto. Existen unos indicios racionales como para poder iniciar ciertas investigaciones para determinar si éstas informaciones, bien documentadas en algunos casos, pueden llegar a ser ciertas.

¿Y que podría suceder si fueran ciertas? Estaríamos delante de lo que podría ser una conducta presuntamente delictiva que se podría subsumir en los conocidos como delitos societarios. En éste caso nos encontramos ante el caso de que los administradores de una determinada caja de ahorros se han beneficiado privadamente de sus recursos causando un determinado perjuicio económico a la entidad.

¿Existe algún artículo en el Código Penal (CP) que sancione dichas conductas? Sí. El artículo 295 dispone lo siguiente:

“Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.”

¿Eran administradores de la sociedad? Sí. ¿Hubo abuso de las funciones propias del cargo que ostentaban para disponer fraudulentamente del dinero de la caja de ahorros para su uso privado? Según las informaciones aparecidas sí, habrá que entrar en los detalles de los gastos concretos de cada persona concreta para determinar si, efectivamente, hubo uso fraudulento. ¿En caso de que la pregunta anterior sea respondida afirmativamente, se causó un perjuicio económicamente evaluable a la caja de ahorros? Sí, de 15,2 millones de euros.

Vemos como las conductas que presumiblemente pueden haber llevado a cabo los exdirectivos y exconsejeros por éste dinero gastado en B se pueden subsumir en el artículo 295 del CP, más conocido como delito de administración desleal, es decir, valerse de un abuso de confianza por ostentar el cargo que se ostenta distrayendo bienes de la sociedad en beneficio propio causando un perjuicio económicamente evaluable.

¿Y quién puede perseguir éstos delitos? La respuesta nos la da el art. 296 del CP al establecer que éstos hechos “sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal” En éste caso sería la Fundación de Caja Madrid por ser, tras la reestructuración financiera, la entidad que “absorbió” a Caja Madrid y, por lo tanto, la “persona agraviada”. Sigue el art. 296 diciendo que “también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”. Es decir que nos hallamos ante un delito de los denominados de perseguibilidad pública.

Las conductas que pueden haber cometido los Blesa y compañía pueden ser tan reprobables legalmente que bien haría la Fundación en denunciar rápido aunque rehusó hacerlo hace unos meses o sino tampoco se entendería que el Ministerio Fiscal mirara hacia otro lado. De ser verdad éstas “black cards” se estaría no sólo ante un presunto delito de administración desleal, también, si se superan los 120.000 € defraudados por ejercicio fiscal, se estaría ante un delito fiscal (art. 305 CP).

A nivel ético la dimensión puede llegar a ser mayúscula. Una entidad que quedó con un agujero de más de 20.000 millones de euros que tuvimos que pagar entre todos los contribuyentes. Una entidad que estafó a sus clientes minoristas con productos financieros tóxicos reconocido por el propio Presidente de la entidad en sus e-mails. Una recesión económica que ha golpeado con gran virulencia a la sociedad española. No se puede tolerar que no se investiguen las conductas que las últimas informaciones aparecidas pueden llegar a hacer pensar que, efectivamente, ha habido un sector de privilegiados que ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Y nos ha hecho pagar la factura a todos los contribuyentes.