Pérdida de la legitimidad democrática

En el actual sistema político la legitimidad del poder bebe de la teoría de Rousseau del consentimiento. Para que los ciudadanos que ejercitan su derecho a voto puedan decidir a qué partido político depositan su confianza éstos presentan un programa electoral, y los ciudadanos, después de ponderar que programa se adecúa mejor a lo que ellos creen que es mejor para la sociedad (o defiende mejor sus intereses) prestan su consentimiento, mediante el voto, de que el partido que ha presentado ese programa electoral (y tenga una ideología afín a la suya) pueda gobernar para llevarlo a cabo. Por resumirlo ; se dota de legitimidad, de consentimiento, cuando se deposita el voto, la confianza, en un partido político u otro en virtud de su programa de actuación y su ideología, plasmado todo ello en su programa electoral, que debe ser el que marque las líneas maestras de su actuación política.

El partido que gobierna en España en la actualidad (PP) presentó un programa electoral muy bonito y virtuoso. Pero no sólo se trataba de ser coherentes con su programa electoral (que bajo mi punto de vista debería ser vinculante) sino también con el conjunto de las declaraciones que se habían realizado, en las que se trataba de poner de relieve que el problema no era europeo o global, sino que el problema era que gobernaba un partido incompetente, se encarecía enérgicamente al cambio, y ésta palabra aparece hasta aborrecerla en dicho programa.
Llegados hasta aquí, y en vistas de que el incumplimiento sistemático del programa electoral con el pretexto de la herencia recibida y los dictados que se envían desde Europa es altamente irresponsable. Los ciudadanos votaron al PP confiados en que haría una política distinta (sobretodo en materia económica) ven ahora, resignados, como no sólo se continúa exprimiendo el malogrado estado del bienestar sino que las políticas estructurales de ajuste (eufemismo para denominar los recortes) son el pan de cada Consejo de Ministros.  Ante éste hecho, ante éste incumplimiento reiterado el Gobierno debería hacerse la pregunta interna de qué legitimidad democrática es la que goza, de si los ciudadanos que, confiando en ese programa y en esa retórica repetitiva pero convincente, pueden haber cambiado de opinión respecto al voto que ingenuamente dieron. Debe preguntarse si ante unos recortes que no sólo afectan a sus electores sino a los electores de los demás partidos, cabría esperar un gran pacto nacional

A modo de ejemplos, los más relevantes, se repitió hasta la extenuación que el PP no daría “ni un euro” a la banca, como sí había hecho el PSOE, y faltaron pocas semanas para que el Ministro De Guindos afirmara que Bankia tendría todo el apoyo financiero que necesitara (claro está que hizo estas declaraciones de cara a los inversores). En segundo lugar, también muy sangrante, se afirmaba sin ningún tipo de tapujos, que no sólo no se subirían impuestos sino que se bajarían. No pasó ni un mes que se incrementó el IRPF (haciendo caso omiso a la demandada equiparación entre rentas del capital mobiliario (21%) y las rentas del trabajo (en Cataluña máximo de un 56%)), y ya lo que roza el ridículo es oír las declaraciones de Mariano Rajoy y sus secuaces sobre el IVA en marzo de 2010. “Se debe subir por la inoperancia de Zapatero” se lamentaban. Pues ahora todo se ha maquillado en que “son recomendaciones del Consejo Europeo y el FMI” y todos felices.

Fuera bromas, se debería plantear muy seriamente la posibilidad de o bien hacer un gran pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas (variante realista) o bien realizar un referéndum ciudadano en el que se incluyan, en esencia, el conjunto de los recortes que se deben realizar para que los ciudadanos puedan deliberar sobre su conveniencia (variante utópica). Y si esto no es posible (como no lo fue en Grecia) debería ser coherente con sus promesas electorales y su programa (aunque sólo fuera lo mínimo) y plantar cara a Europa y si ésta no permite esa actitud (como en Grecia) explicarlo claramente y sin tapujos a la ciudadanía, con la verdad, esa palabra tan ansiada y tan poco puesta en práctica, por delante.
Si es incapaz de poder plantear alguna de éstas cuestiones lo que debería hacer el PP, por coherencia democrática es convocar unas elecciones. Pues el escenario, desde noviembre de 2011, ha cambiado de manera muy pronunciada. El Gobierno ya no goza del consentimiento ciudadano para gobernar, ha perdido la legitimidad democrática para ello.

País de corruptos

Decía Alejandro Nieto en su libro "La corrupción en la España democrática" que "la corrupción sigue al poder como la sombra al cuerpo". No le falta ni un atisbo de razón. En el reporte que acaba de publicar Transparency International, España ha caído hasta la 31 posición con una nota de un 6,2 sobre 10, y aunque sean simples estadísticas, nos dibujan la percepción que la ciudadanía tiene del poder, es decir, una mala imagen asociada al interés privado cuando se ejerce un cargo público. Porque la corrupción, bajo mi punto de vista, no es más que eso, es confundir gestión pública con interés privado, y por desgracia, los últimos casos destapados hacen pensar que en España hay muchos sectores del poder que todavía viven con una mentalidad predemocrática, baste comentar aquí a modo de ejemplo la visión que Carlos Dívar (expresidente del Consejo General del Poder Judicial) tiene de los fondos públicos; su arbitraria utilización para viajes a Marbella no debía generar, en ningún caso, si por él hubiera sido, su dimisión. Y ésto es preocupante para con el cargo más importante del poder judicial, donde la ejemplaridad debería quedar inmaculada. Aunque aquéllos que la recomiendan para todos los cargos públicos en mensajes de navidad, a la postre, tampoco la cumplan, cuando la justicia en éste país se administra en su nombre. ¿Donde queda la ética y la moral del poder?


La corrupción queda ampliamente asociada a la financiación de partidos políticos, y es que, en la sociedad actual, en la que los grandes mítines, los carteles imaginativos, los anuncios de televisión en campaña electoral, etc. son los que acaban decantando la balanza en unas elecciones y dado su alto precio y la menguada financiación que sale de los Presupuestos Generales del Estado (recordemos que en los actuales la partida se ha visto, de nuevo, reducida) los partidos políticos, si quieren ser visibles, captar el voto publicitando su candidatura, requieren de financiación externa. Es aquí donde han operado las ya famosas recalificaciones urbanísticas a cambio de comisiones para el partido, las subvenciones a cambio de contrapartidas, los "amigos del alma", las adjudicaciones de contratos públicos a dedo y un largo etcétera. El deber de obediencia al partido hace que los políticos honrados deban mirar hacia otro lado y el corporativismo sea la nota reinante, por lo que es común que los casos de corrupción sean destapados, muy a menudo, por despechados, el partido de la oposición, etc. Y valga aquí decir que la corrupción no es un problema de izquierda o de derechas como un conjunto amplio de la ciudadanía así entiende; es un problema de llegar al poder y mantenerse en él (sin medios y recursos esa posibilidad es quimérica).


Lo más preocupante es que si el poder (la cúspide de la pirámide de una sociedad) es corrupto, las distintas capas de la sociedad tienden a serlo y de hecho, en éste país, lo son. Las últimas cifras de fraude fiscal dibujan la hiriente cifra de 81.000 millones de €, y sólo aquéllos que anden faltos de perspectiva no pueden establecer una causa-efecto entre la corrupción de los poderes públicos con la evasión fiscal. La ya famosa premisa de "no taxation without representation" cobra aquí vida, si yo no creo en la política, no creo en el Estado, opino que mis impuestos son gastados arbitrariamente y en gastos que no repercuten en mi bienestar si puedo evadir impuestos lo haré y mi justificación será que los gestores públicos no me representan y su manera de gastarse mis impuestos tampoco.
Para paliar ésta disfunción opino que debería entrar, cual estampida, la Justicia. Ella debe ser la que aplique las normas existentes que regulan la materia (que las hay pero rara vez se aplican), ella debe ser la que de el claro mensaje a la sociedad de que quién la hace la paga. Ella debe ser la que, en virtud de la separación de poderes, controle al ejecutivo y legislativo para que actúen en nombre del interés público y del bienestar general; no que se beneficien en interés provado y procuren el bienestar y ambición de su partido.


Para acabar, y fomentar la reflexión, citaré a Ludwig Von Mises, quién dijo; "La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública". Y añadiré; "y para que haya opinión pública debe haber información objetiva y veraz".