Crisis del pacto constitucional

Hoy ha tenido lugar en el Parlament de Catalunya un paso más en el denominado proceso soberanista en el sentido de solicitar al Gobierno español la cesión de la competencia que tiene reconocida de manera exclusiva en el artículo 149.1. 32º de la Constitución Española (en adelante CE) en la cual se recoge la autorización para la celebración de consultas populares por la vía del referéndum. Ello de conformidad con lo que dispone el artículo 150.2 de la CE, la cesión de competencias exclusivas del Estado en favor de la Comunidades Autónomas.

Conviene recordar que el antiguo 'lehendakari' Juan José Ibarretxe ya pretendió, en su día, convocar una consulta popular con dos preguntas relativas al final de la violencia de ETA y el derecho a decidir del pueblo vasco interpretando que 'consulta' y 'referéndum' no eran la misma cosa. El Tribunal Constitucional (TC) no estuvo de acuerdo en tal posibilidad y tumbó la Ley que pretendía habilitar la consulta popular con una importante Sentencia que convendría tener muy presente en los tiempos actuales.

Soberanía. Parece que el tema esencial se encuentra en garantizar la indisolubilidad de la soberanía nacional, pues el artículo 2 de la Constitución establece claramente que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” o lo que traducido en términos de referéndum de autodeterminación (o de auto de terminación) una parte (Catalunya) no puede decidir sobre el todo (España) tal como está planteada la actual Constitución y además la interpretación de tal expresión ha sido establecida reiteradamente por la jurisprudencia del TC. Y por si ello no fuera suficientemente disuasorio nos encontramos con el espasmódico artículo 8 de la CE que encomienda a las Fuerzas Armadas la “integridad territorial” y por si no hubiera suficiente, también el “orden constitucional”. Ahí es nada.

Derecho a decidir. Parece que ese “no quiero y no puedo hablar de esa cuestión” pronunciado por Mariano Rajoy puede ir encaminado a interpretar esa coletilla establecida en el art. 150.2 de la CE en la cual se afirma que se podrán transferir aquellas competencias “que por su propia naturaleza” lo permitan. ¿Un referéndum de autodeterminación, en el cual se fragmenta la soberanía, no chocaría con tal expresión? Se puede afirmar que tal como se ha venido interpretando la CE y la voluntad política que destila el contexto actual no presagian una interpretación más laxa de la CE y, por ello, ese derecho invocado por el pueblo catalán (el derecho a decidir que no deja de ser el derecho a la autodeterminación) parece no tener recorrido en el marco constitucional español actual.

Estado de las Autonomías. Es muy clara la crisis constitucional que padecemos. La Carta Magna que para algunos era de mínimos para otros era de máximos. La que para algunos era un punto de partida de un Estado federal para otros era la articulación de un Estado compuesto por igualación (café para todos) que, en retrospectiva, puede parecer un mecanismo ideado para no diferenciar mucho los territorios denominados históricos (Catalunya, País Vasco y Galicia básicamente), eso que a los militares tanto preocupó. No hay que olvidar el cortapisas que supuso el 23-F de 1981 para el estado de las autonomías dado que se estaban negociando y tramitando la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); fue un muro de contención ante las aspiraciones autonómicas, sobretodo de vascos y catalanes.

¿En que punto estamos ahora? Supongo que nos encontramos ante una suerte de final de la transición. Una transición no se sabe muy bien hacia qué, pero lo que debiera quedarnos bastante claro es que, tal como ya predijo Tarradellas, 17 parlamentos autonómicos (sin olvidar las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y 17 Comunidades Autónomas eran insostenibles. No hay que dejar de conjugar el fin de la violencia en Euskadi y el escenario que se dibujará cuando ETA por fin acabe de disolverse y entregar las armas. Otegi está en la cárcel y es posible que se produzca un 'efecto Mandela' y el Gobierno ya trabaja para idear una ley que prohíba a los condenados por terrorismo ser 'lehendakari' (¿puede ser más a medida?). El futuro político es apasionante y convendría no apartar los ojos catalanes de lo que acontezca en el País Vasco. La cultura de la transición ha quedado obsoleta. 

Sacyr, los sobrecostes, España y Panamá

España: una gran empresa de contrucción (o una unión temporal de empresas constituida por ellas para tal fin) concurre a un concurso público para, por ejemplo, contruír un Pavellón de Deportes. Consiguen reducir la oferta al mínimo y a la Adiminstración Pública (AP) parece interesarle (va a pagar menos). Consiguen quitarse a empresas pequeñas del medio que no pueden competir a ese coste.

Pero algo mágico sucede mientras se van desarrollando las obras. Hay sobrecostes por todos lados (¿les suena el arquitecto Calatrava?) totalmente sobrevenidos, totalmente imprevisibles y que ni a un experto en economía se le habría ocurrido que pudieran suceder. Las empresas, como es lógico (?) acuden a la Administración Pública que los contrató para que se hagan cargo de los sobrecostes. La AP acaba pagando y la obra nos acaba costando a todos los contrubuyentes más de lo presupuestado (en algunos casos ha llegado a doblarse el precio).

Y ya me imagino yo al empresario pequeño que concurrió al concurso exclamando: ¡Os lo dije! ¡Ese precio era imposible!

Demasiado tarde, las obras ya estan ejecutadas y certificadas y a nadie interesa ya el Pliego de Condiciones Generales de la obra que fue prevista y que los sospechosos sobrecostes ha encarecido.

Panamá: Una empresa española (Sacyr) concurre a un concurso público para ampliar el Canal de Panamá poniendo encima de la mesa la oferta más económica. El Gobierno, por aquello del principio de la oferta más beneficiosa económicamente, le adjudica el concurso.

En el transcurso de las obras aparecen los famosos y mágicos sobrecostes. Como es lógico (?) Sacyr acude al Gobierno de Panamá para que se haga cargo de los costes o le advierte que deberá detener las obras. El Gobierno de Panamá le dice que se vaya a freír espárragos, que se presentó al concurso público con un precio X y que si no puede hacer frente a los costes que ni ella misma previó es su problema.

Además Bechtel (la empresa de EEUU que perdió el concurso frente a Sacyr) ya advirtió de que el precio ofertado por Sacyr "no cubría ni el hormigón". 

Por fin alguien aplica el sentido común en el tema de los sobrecostes de las obras públicas. Si atendiéramos a todas las grandes infraestructuras que se han realizado en España, qué empresas han ganado el concurso público, qué precio inicial se ha presupuestado y qué precio final hemos pagado todos los contrubuyentes nos sorprenderíamos muchísimo. Otra vez alguien de fuera nos muestra el camino que debemos seguir.