Inglaterra, octubre de 2011, se descubre que el
Secretario de Estado para la
Defensa, Liam Fox, ha
dado un trato de favor a un amigo cercano para facilitarle la entrada a las
contratas y concesiones del Ministerio de Defensa. Incluso le ha permitido que
viajara en viajes oficiales con toda su expedición. ¿Resultado ante el
descubrimiento público? Una más que merecida dimisión. No se puede ni se debe,
bajo ningún concepto, utilizar una Institución pública que es de todos, en
beneficio privado.
Alemania, febrero de 2013, la
Universidad de Düsseldorf retira el título de Doctora a la Ministra de Educación de
Alemania, Anette Shavan, al
haberse descubierto que plagió en su tesis doctoral. Una de las máximas
colaboradoras (y amiga) de Angela Merkel dimitía tras descubrirse el escándalo.
No se trataba de utilizar una Insitución pública en beneficio privado pero da
habida cuenta de hasta qué punto en otros países las dimisiones se producen por
mucho menos de lo que se producen aquí. Lo mismo le sucedió al Ministro de
Defensa alemán en 2011.
España, junio de 2016, se
descubre que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha conspirado
conjuntamente con el Jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel De
Alfonso. Conspirando ni más ni menos que para asestar golpes políticos a
Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y a Esquerra Republicana de
Catalunya. Inventándose que Xavier Trias tiene cuentas en Suiza, creyendo que
pude permitirse el lujo de poner a Germá Gordó como Secretario General de CDC.
"Esto la Fiscalía
te lo afina” – dijo Jorge cuando Daniel tenía dudas jurídicas sobre algún
asunto. “Yo Ministro soy partidario de asestar el golpe cuando el golpe va a
acabar con el animal” dijo Daniel a Jorge refiriéndose a Xavier Trias. Para ser
una Oficina Antifraude paradójicamente había mucho de él.
¿Puede un Ministro realizar prácticas más contrarias al buen funcionamiento de
las Instituciones? ¿Puede seguir ostentando el cargo de Ministro? ¿Con qué
legitimidad? ¿Qué credibilidad puede seguir teniendo en el desempeño de sus
funciones alguien que utiliza de una manera tan claramente partidista la Institución que
capitanea? ¿De qué salud va a gozar el Estado español si éste particular no se
aborda de una manera responsable pero sobretodo contundente?
Mucho me temo que Jorge, con su talante profundamente antidemocrático, ni se le
pasa por la cabeza dimitir. Su argumento principal, arguye, es que las escuchas
son ilegales y que aquí la única víctima es él. Quizá habría que recordar que
periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. ¿Las escuchas
serían nulas en un proceso judicial? Probablemente. ¿Son motivo suficiente para
que se produzca la dimisión del Ministro al descubrirse el pastel?
La calidad de una más que maltrecha democracia está en juego.
