Resaca perversa tras la fiesta financiera

Y se está comenzando a confirmar lo que muchos nos temíamos; tras rescatar a entidades financieras con dinero público, las mismas están siendo vendidas a operadores privados con unas pérdidas muy considerables. 

Para empezar el FROB (es decir todos los contrubuyentes) inyectó 9.000 millones de euros a NovaGalicia Banco tras una gestión escandalosamente nefasta de sus gestores. ¿Por cuanto se ha vendido a Banesco S.A., entidad financiera Venezolana? Por 1.000 MEUR. ¡negocio redondo para todos los contrubuyentes! Luego todavía vendrá algún economista iluminado a decirme que eso es el ingenio del mercado, esa búsqueda constante de oportunidades de negocio (vaya, pagadas por todos los conribuyentes, ¡claro!, esos que tanto gustan a los más exacerbados pro-mercado... ¡que grandes contradicciones!).

Luego todavía alguien vendrá a decirme que no, que no se puede dejar caer a una entidad financiera de las denominadas sistémicas. Esas manzanas podridas que pueden contagiar al sistema financiero si se las deja caer. En esencia estoy hablando de las cajas de ahorro, gestionadas con un oportunismo político, un clientelismo y un apego por los amigantes que ha llevado al punto donde estamos hoy.

Que Bankia haya consumido 23.000 MEUR en ayudas públicas, el mayor rescate bancario de la historia de éste país cuando antaño había sido un modelo de negocio (casualmente hasta la llegada de Miguel Blesa) debe darnos mucho que pensar. Que se permitieran los dos Reales Decretos de 2009 y de 2011 para "ordenar" la fusión y reestructuración de las entidades de crédito y con ello se estuviese más por tapar las verguenzas propias (así se explica por ejemplo el nacimiento de Nova Galicia Banco, Bankia y Catalunya Bank) que por crear entidades solventes.

Mucho debiera hacernos de cara al futuro la creación de la SAREB (banco malo, con un 45% de capital público). Para mi ha sido un premio a la irresponsabilidad y a la mala gestión. Poder transferir (con su compensación correspondiente) los activos tóxicos de las entidades financieras a una sociedad anónima con amplias ventajas fiscales y con un mandato claro de vender con rentabilidad (aunque luego nos demos cuenta que vende paquetes de activos a fondos de inversión por un precio muy por debajo al de mercado) es un gran privilegio.

También conviene decir sin embudos que en éste país únicamente se han necesitado aproximadamente 40.000 MEUR de ayuda financiera europea (hoy ya sabemos a cambio de que) ha sido porque quien ha recapitalizado las entidades con más problemas de solvencia (nacionalizadas sobretodo) han sido los preferentistas, los tenedores de deuda subordinada, swaps, cláusulas suelo y una serie de productos complejos hechos a medida del banco y con unos riesgos muy elevados en caso de pérdidas. (ya argumenté en un post anterior que incluso se podría acusar penalmente de estafa). 

Para terminar me gustaría hacer una reflexión más amplia en términos de confianza de la ciudadanía a las entidades de crédito y además también creo que se debe incidir en el elemento teleológico de las entidades de crédito, su finalidad.

Antiguamente las entidades de crédito operaban con la máxima 3-6-3; recibo depósitos y doy un 3% de interés, doy créditos con un interés del 6% y a las 3 estoy en el campo de golf para jugar con mis clientes. Como el lector podrá comprender ésta idílica situación hoy sería muy complicada que se diera. La confianza se ha perdido, ese elemento que tarda tanto en conseguirse y en segundos puede perderse. Yo creía que la persona que tenía delante era un asesor y resulta que era un comercial que además me veía como una potencial comisión. Ese quebranto de la confianza puede hacer nacer entidades que presten pero que no sean bancos (por ejemplo cooperativas de crédito), el ciudadano necesita una institución donde dejar sus ahorros a salvo y que esos ahorros no sean apostados en los volátiles mercados. No es de recibo que las entidades financieras ostenten casi el 100% de los créditos y préstamos otorgados, deben nacer entidades diferentes para notar menos las tensiones financieras futuras (que en el marco de una economia capitalista van a darse seguro por ello de que es un sistema cíclico).

Por último la finalidad, esa concepción tan aristotélica, esa pregunta de para qué debe servir una institución. En mi modesta opinión la finalidad esencial de una entidad de crédito es dinamizar la economía, engrasarla con los ahorros de sus depositantes fomentando la actividad económica otorgando créditos con un interés razonable a proyectos con una rentabilidad (aunque no siempre debería ser estrictamente económica, sino  también social -más difícil de objetivizar-). Seguidamente debería dar rentabilidad a sus accionistas pero no creo que sea a ellos a quién más tenga que deberse una institución tan importante para la economía de un país como una entidad de crédito. Cuando mejor han funcionado ha sido cuando i) han tenido separada la actividad comercial de la de inversión (Ley Glass-Steagal) ii) se han dedicado a otorgar créditos con riesgos prudentes y con menos ambición remuneratoria.

Es un debate que debemos acometer, ya que en los tiempos actuales es cuando se comenzará, de manera más pronunciada, a (mal)vender  entidades rescatadas con dinero público (del que no vamos a recuperar la gran parte) y también los activos tóxicos (esas inversiones melanómanas y ruinosas) de las mismas. Se han tapado demasiadas vergüenzas y se han eludido demasiadas responsabilidades. De nosotros depende que la inmunidad y la impunidad sigan campando a sus anchas en el mercado financiero.

El precio que debimos pagar en la Transición

La Transición está muy de moda. Está de moda decir que muchos de los problemas que ahora vivimos son consecuencia de dicho período. Está de moda decir que a los que les tocó lidiar con tan difíciles años no tuvieron el suficiente apunte de miras para poder limitar lo que unos años después se le vendría encima al Estado. Está de moda, en definitiva, criticar los primeros años de una tan tierna y blanda democracia.

Conviene arrojar luz a la oscuridad. En primer lugar hay que situarse en el contexto social, político y económico que se vivió a mediados de los 70 y principios de los 80. A nivel social la tensión iba en aumento desde que murió el dictador -y ya antes- el 20 de noviembre en la cama. Baste aquí recordar que ETA mataba casi a diario militares, guardias civiles y policías y que, dichos estamentos, estaban muy disgustados con la acción (o inacción) del Gobierno. A nivel político la lucha era descarnada. Adolfo Suárez fue elegido Presidente, hubo presentado en 1976 la antesala de lo que serían las primeras elecciones democráticas desde el 1936, ésto es, la Ley para la Reforma Política con la aquiescencia del Rey. En Cataluña -y en todo el Estado- se convocaban manifestaciones al grito de “libertad -para todos-, amnistía -para los presos políticos- y Estatuto de Autonomía -para las regiones históricas-”. Y por último, a nivel económico España estaba salpicada por la crisis del petróleo de principios de los 70 con unos datos macroeconómicos muy preocupantes.

Los actores a los que les tocaría embridar las tensiones latentes en dicha época fueron los padres constitucionales, esa heterogénea composición que me aventuro a afirmar que hoy sería mucho más costosa de conseguir. Fueron los Miguel Herrero (UCD), José Pedro Pérez-Llorca, Manuel Fraga (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE), Miquel Roca (CiU) y Jordi Solé (PCE). ¡Incluso había un comunista!


¿Que modelo tendría el Estado? ¿Donde se ubicarían los derechos de las personas? ¿Como se habilitaría un modelo territorial que contentara a todos? ¿Cual sería el sistema electoral? ¿Que papel debería jugar el ejército? ¿Como se modularía la separación de poderes? ¿Sería un país unitario o descentralizado? ¿Que estatuto tendría el Rey?

Ustedes hagan el juego imaginario de pensar el interminable debate que supondría, en los tiempos actuales, dar respuesta a tan trascendentales preguntas. Pues bien, no sin tensiones y sobretodo cesiones, se fue gestando la que sería la Constitución (en adelante CE) más moderna y virtuosa de las que hemos tenido en toda la historia. Una CE en la que casi todo cabía y en la que se quería dejar bien clara una cosa desde los tres primeros contundentes artículos. Que España era indisoluble e indivisible y que la soberanía nacional residía en todo el pueblo español. Ese era el límite a la descentralización estatal.

También hemos sabido con el tiempo que el artículo 8 de la CE, ese que reserva al Ejército la posición de garante del orden constitucional y de la unidad territorial de España fue una condición castrense para aceptar tal texto. El concepto de “una, grande y libre” estaba demasiado arraigado como para dejar que España, a su entender, se partiese.

El chocolate del loro constitucional fue el Título VIII titulado “De la organización territorial del Estado” y que acabó en el conocido “café para todos”. ¿Puede un tema ser tan recurrente en la historia de España? Dicho título fue negociado, y se sabe, bajo ruidos de sables. Pero convendría no conducirse a error y ser tan simplistas. El Estado de las Autonomías fue consiguiéndose por arrastre, y a ello también contribuyeron, y mucho, las élites locales, los antiguos caciques. Es decir, se consiguió mucho, y así lo reconoció Roca i Junyeny (CiU) al distinguir, en el artículo 2 CE, entre “nacionalidades y regiones”. Pero, de facto, dicha distinción, se ha visto con el tiempo que no ha sido tal. España ha sido el país del “nosotros no vamos a ser menos” y hoy podemos ver, como ese Título VIII de la CE si que se puede afirmar con rotundidad que ha sido fuente de numerosos problemas junto con los artículos 148 y 149 que hacen el reparto competencial entre Estado y CCAA. Además se introdujo una Disposición Adicional que sí reconocía los derechos históricos de Navarra y del País Vasco (en lo que sí es una asimetría).

Baste recordar que el contexto social contribuyó a que la interpretación de dicho Título fuera restrictiva. Y es que el 23 de febrero de 1981 estuvo minuciosamente calculado (todavía no se sabe exactamente por quién) para limitar el poder autonómico. En dichos tiempos se estaba negociando la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el golpe militar fue un gran freno a las aspiraciones de una asimetría que hoy vemos las tensiones que está causando.

Pasando muy por encima de tan trascendentales cuestiones he querido poner de relieve que el contexto en el cual tocó ser negociado la CE fue tremendamente difícil. Con limitaciones impuestas y caminos por los que no se quería dejar transitar. Conviene recordar que había mucho que perder si la mecha ardía, se venía de lo que se venía y las cesiones fueron la regla de las negociaciones. Hay que tener retrospectiva y ponerse en las pieles de los que hubieron de negociar en tan difíciles circunstancias pero también hay que llenarse de las razones de peso que existen actualmente para adaptar nuestra Carta Magna a los tiempos cambiantes actuales. O ésto o mucho me temo que el modelo territorial español no seguirá como está por mucho tiempo. Con un Ejército más débil que nunca (el filtro más complicado por el que había que pasar en el 1978) convendría, más pronto que tarde, acometer cambios constitucionales de adaptación de la Carta Magna al contexto actual. ¿Será ésto posible?