En España Montesquieu ha muerto

La teoría de la separación de poderes que Montesquieu acuñó en su célebre obra 'Del espíritu de las Leyes' no tiene cabida en España. Si por separación entendemos división y equilibrio entre los distintos poderes del Estado, esto es, el poder legislativo (Cortes Generales), el poder ejecutivo (Gobierno) y el poder judicial (Tribunales de Justicia), no puede hablarse de tal concepto en el Estado español, con más inri a la vista de los últimos acontecimientos.

¿Que ha sucedido con la Ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana? ¿Y con el Decreto 129/2014 de convocatoria de la consulta del 9N? El Tribunal Constitucional (TC) ha procedido a hacer aquello que el Gobierno le solicitaba, sin rechistar, casi sin debate interno y con una celeridad sorprendente; ha admitido a trámite ambos recursos y los ha suspendido cautelarmente tal como establece el art. 161.2 de la Constitución.

Lo grave no ha sido lo previsible. Estaba casi escrito que el TC admitiría a trámite los recursos presentados por el Gobierno y, por ello, por imperativo legal, procedería a suspender cautelarmeente los mismos. Lo grave es que el Gobierno se dedique a hacer de TC y diga que eso es “un referéndum ilegal” desde hace muchos días, semanas y meses. ¡Como si conociera de antemano lo que va a resolver el máximo intérprete de la CE!

Ha sido esperpéntico que todavía no estuviera redactada, aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y entrado en vigor la Ley de Consultas así como el Decreto de convocatoria de la consulta y se escuchara a la Vicepresidenta del Gobierno decir que “eso es un referéndum como la copa de un pino”. Primero presumo que es un referéndum y luego utilizo una expresión tabernera. El circo de la política. ¿Y el PSOE? En eso de la unidad de España juegan en el mismo equipo. Le ha faltado tiempo para decir que la consulta catalana era un “referéndum ilegal”. En los últimos días he escuchado a tantos políticos utilizar éstos términos que he pensado si en cada uno de ellos no se esconde un pequeño juez de garantías constitucionales.

Y cabe mirar hacia el TC donde, por cierto, el Presidente del mismo es Pérez de los Cobos, militante del PP en el momento de acceder a dicho cargo y que, además, ocultó a la comisión de nombramientos del Senado. Un pequeño gran detalle que, entendió, que en nada influía en su imparcialidad y en su neutralidad en los asuntos que de bien seguro debería conocer. Y conocidas han sido sus animadversiones hacia Cataluña. La Generalitat intentó recusarle, es decir, que no asumiera su cargo por entender que adolecía de las condiciones necesarias para desempeñar con todas las garantías e independencia su función jurisdiccional. No hubo éxito y en una interpretación muy discutible de la CE y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se decidió que el cargo no era incompatible con su militancia en el PP. ¡Se llenaron de prestigio!

Y lo que era de esperar es que nos moviéramos en los términos que nos movemos. Ayer el TC admite a trámite los recursos presentados por el Gobierno y suspende tanto la Ley de consultas como el Decreto de convocatoria. ¿Y que dice en su nota de prensa el principal árbitro e intérprete de la Constitución que debe resolver fundamentada y motivadamente dichos recursos?
Pues literalmente; “el TC admite a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley Catalana de consultas y contra la convocatoria del referéndum y acuerda la suspensión de ambas”. Sí, han leído bien y no hay ningún error, el TC define en dicha nota de prensa la consulta como referéndum sin aun haber entrado a resolver sobre el fondo del asunto.

Jurídicamente es de una gravedad manifiesta que el mayor intérprete de la Constitución antes incluso de conocer el fondo de una determinada controversia jurídica se dedique a emitir juicios de valor tan trascendentes para el asunto catalán y que lo haga en su primera nota de prensa informativa. 

En España no existe la separación de poderes, es una bonita ilusión que por mucho que se disponga en las leyes su grandeza radica en su ejercicio que, en España, brilla por su ausencia.

Envidia británica, envidia democrática

Siento envidia. Siento envidia de una Unión como el Reino Unido. Envidia de que una nación dentro del Reino Unido como Escocia quiera celebrar un referéndum sobre su independencia y el Gobierno de Cameron, sentándose a negociar ante una aspiración política de una parte importante del electorado británico, acepte celebrar un referéndum por principio democrático.

Envidia de que el debate durante la campaña sea sereno y racional, con datos objetivos encima de la mesa y con una actitud de peritaje; explicando tanto lo que puede beneficiar como lo que puede perjudicar de una potencial independencia. Envidia de que ante el desafío independentista se logren juntar los tres líderes de los principales partidos ingleses y ofrezcan una tercera vía, la cual sea dicho de paso como crítica, Cameron se negó a aceptar en el referéndum a petición de Salmond.

Envidia de que tras celebrarse el referéndum y haber perdido la opción independentista Cameron haga unas declaraciones de pulcritud democrática, señalando que entiende que un partido que se presenta a las elecciones prometiendo un referéndum y que las gana tenga el derecho democrático a celebrarlo, admitiendo que los grandes asuntos políticos deben negociarse políticamente, confirmando que cumplirá con su compromiso de ceder más competencias y autonomía a Escocia, tal como prometió durante la campaña.

Envidia de pensar que Reino Unido es una democracia plena y que España no lo es. Aquí respecto los grandes asuntos (forma del Estado y modelo territorial) no se puede expresar el pueblo directamente. Es terreno vedado por imperativo legal. O por una interpretación restrictiva de la Constitución. Más por ésto último. Aquí los grandes desafíos políticos se resuelven imponiendo el muro legal. Olvidando intencionadamente que antes que un Estado de Derecho, esa Constitución que tanto dicen defender establece que España es un Estado democrático, y antes que democrático es un Estado social, esto es, un "Estado social y democrático de derecho" (art. 1), por éste orden, no al revés.
Es decir, esa Constitución la cual de tanto recurrir a ella se darán cuenta que no les da la razón, prescribe que antes que la Ley está la sociedad que las determina y aprueba (no hay que olvidar que las leyes emanan del poder legislativo y del ejecutivo el cual emana del pueblo), y antes que la ley está la democracia, ésto es, el poder del pueblo para poder y/o querer cambiarlas.

Quedarse en el debate legal y no admitir que hay un problema político de primer orden al cual hay que dar una solución política es quedarse en la fachada, es no reconocer la profundidad y el calado del problema. Es la Ley la que debe adaptarse e interpretarse conforme a la realidad social y no al revés. Sino lo que estamos negando es la misma esencia de la democracia, esto es, que el pueblo decida.

Los sentimientos no se pueden legislar

El momento político actual es de los más interesantes que se han vivido en España en las últimas décadas. Cataluña, de nuevo, es el indicador avanzado de lo que tiene que suceder en España si ésta quiere realmente seguir siendo un Estado y una Nación; un federalismo -asimétrico en el cual se acepte que dentro de España hay mínimo 3 naciones- y una aceptación de la pluralidad lingüística y la protección de las distintas lenguas que se hablan en España. Y no me vengan con aquello de que eso ya lo dice la Constitución (CE) en Título preliminar, no estoy hablando del contenido formal de una determinada norma jurídica, en éste caso la Norma Fundamental, estoy hablando del contenido material, la garantía de que 'de facto' lo prescrito en la norma se cumpla. Extremo que ni a lo que respecta al desarrollo normativo ni a la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal Constitucional (TC) se ha cumplido, sobretodo y con carácter muy acentuado, en sus últimas resoluciones.

Conviene no olvidar que el PP es el heredero directo de Alianza Popular. Aquél partido que presentó las enmiendas a la CE en las cuales quería eliminar de cuajo la palabra 'nacionalidades' y para su justificación apelaba, literalmente, a la “sagrada e indestructible unidad de España”. Y además quería introducir un artículo en el Título X (reforma constitucional) que dispusiera que “ningún proyecto de reforma constitucional podrá afectar a la integridad del territorio o a la unidad política del Estado”. ¿Ustedes se imaginan en que punto estaríamos ahora si esas enmiendas se hubieran llevado a cabo? El PP diciendo que el Estado de Derecho es el imperio de la ley y que, por lo tanto, la ley (la CE) establece que cualquier “reforma constitucional” que pretenda alterar la “integridad territorial del territorio o a la unidad política del Estado” no es admisible. No es un objeto que pueda ser sometido a reforma. ¿Como van a dar solución a algo que ni aceptan?

El partido que gobierna actualmente es esclavo de sus políticas, de sus discursos y de sus actos y no puede articular, ni quiere, un mecanismo de negociación que pudiera calmar los ánimos. Les van demasiados votos. ¿Pactaron en 1996 con CiU en los famosos pactos del Majestic? Por supuesto. ¿Lo hiceron desde la bondad hacia Cataluña y la aceptación de su singularidad o lo hicieron para poder tener una mayoría sólida de gobernabilidad para sacar adelante sus políticas? Juzguen ustedes mismos. A partir del 2000 y ya con mayoría absoluta comienzan a cambiar las dinámicas y cuando el PP pierde el poder en 2004 de manera inesperada utiliza Cataluña como piedra arrogadiza, como arma electoral ('¡Quieren romper España'!). Ese ha sido uno de los errores más capitales del PP en los últimos años, generar enemistades entre España y Cataluña (¿que serían sino las firmas 'contra Cataluña' que recogían para oponerse al Estatut?) y enfrentar a los ciudadanos españoles (sus votantes principalmente) con Cataluña.

Me dirán que ésto va de separadores y de separatistas y estoy de acuerdo. Pero si repasamos, muy brevemente, la historia contemporánea de España nos encontraremos ante hechos relevantes e interesantes en la relación Cataluña-España que invitan a pensar que el Estado español ha sido siempre muy reticente a descentralizar el poder que ostenta.

En 1885 Valentí Almirall formula el ya famoso 'Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña' donde proponía, por primera vez, la articulación territorial de España como confederal. No obtuvo respuesta de Alfonso XII. La Lliga Regionalista de Francesc Cambó también promovió e intentó persuadir sobre una España descentralizada sin obtener éxito aunque, finalmente, en 1914 se lograba la federación de las cuatro diputaciones provinciales en lo que se conocería como la 'Mancomunitat', presidida por Prat de la Riba, que abría la puerta a más autogobierno por parte de Cataluña y Cambó fue nombrado Ministro de fomento. No obstante hubo cerrazón por parte del Estado a la cesión de más competencias (carreteras, ferrocarriles...). Conocido es que tras el golpe de Estado del General Primo de Rivera de septiembre de 1923 se decidió poner fin, en 1924, a a lo que él llamó el “exclusivismo malsano” de que disfrutaba Cataluña. Con la II República, la CE de 1931 y el 'Estatut' de 1932 Cataluña veía como se daba satisfacción a sus demandas de autogobierno (hay que reconocer, en mi opinión, el error de proclamar la independencia de Cataluña por parte tanto de Macià como de Companys) que, de nuevo, quedaban anuladas tras el golpe de Estado para derrocar al Frente Popular, coalición que ganó democráticamente las elecciones de julio de 1936. La guerra civil posterior (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) fueron, de facto, la centralización de España y la división territorial en aquél invento francés de las provincias. Nulo respeto por la singularidad catalana así como a su lengua (multas incluso por hablar lo que se llamaba el 'dialecto catalán')

Tras la muerte del dictador viene la Ley para la Refoma Política del 1976 (que une legalidad franquista con legalidad 'democrática', es un puente, no hay que olvidarlo), las elecciones del 77, la CE del 1978 y el reconocimiento de las 'nacionalidades' y un Título VIII que, por fin, intentaba dar satisfacción a aquellos territorios con una singularidad especial. El resto es de sobras conocido; café para todos, autonomías por arrastre, 'Estatut' de 1979, pactos entre los nacionalistas y los gobiernos de turno del Estado que se encontraban en minoría (PSOE y PP indistintamente), 'Estatut' de 2006, como se le pasa el 'cepillo' en el Congreso ('¿Para qué nos vamos a estar con eufemismos coño?' decía Alfonso Guerra con su gracia y sorna característica), como después el PP, con campaña política de enfrentamiento incluida, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC alegando que el 'Estatut' adolecía, en algunos de sus contenidos, de falta de adecuación a la CE. Un error de cálculo de mayúsculas proporciones.

He dicho que es muy importante la STC 31/2010 porque no hay que olvidar que ese 'Estatut' fue aprobado por una amplísima mayoría de los partidos catalanes (PSC, CiU e ICV-EUiA) aunque ERC promoviera la campaña por el 'no' (¡que tozuda es la realidad!). Fue ratificado por la ciudadanía, con una participación del 49,41% del censo (2.570.478) y un apoyo del si del 73,90% (1.882.650). Si alguien pretende abrir el melón de la participación le invito a que coteje la participación en el referéndum para la entrada en la OTAN o de cualquier elección que se precie tanto a nivel local, autonómico o estatal. Tras el paso por el Congreso y el Senado y el paso del 'cepillo' el PP no se le ocurre otra cosa que presentar un recurso de inconstitucionalidad. Nadie ha hecho más para romper España que éste partido político. Absolutamente nadie. Nadie ha causado más crispación entre españoles que éste partido político y nadie ha tenido la desfachatez de ser tan cínico y entender tan poco la realidad pluranacional y plurilingüística de España.

Son debates que cansan y en los que, en la actualidad, las cartas están bien marcadas. Cataluña tiene, o mejor dicho sus ciudadanos, sujetos de derechos, deberes y obligaciones tienen, claro está, el derecho a determinar libremente su futuro político. Y a los que lo nieguen les invito a leer el art. 11.2 CE de esa sagrada y sacrosanta CE. Y un Estado, cualquiera que sea, no puede escudarse en una determinada legalidad para coartar un derecho plenamente democrático, el mayor que puede existir, como es el de que un determinado territorio decida la relación política que quiere con el Estado en el cual se halla. Y respecto a esa votación es un insulto a la inteligencia creer que deben pronunciarse todos los ciudadanos españoles porque la CE dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. No estamos hablando de una cuestión jurídica, es una cuestión puramente política y así lo estableció la STC de 25 de marzo de 2014. ¿Tanto cuesta de entender? ¿A los canadienses se les ocurrió que para que el Quebec realizara el referéndum tuviera que votar toda Canadá? ¿Y en Escocia? ¿También para ésto 'Spain is different'?

Intuyo lo motivos que mueven al Gobierno (PP) a forzar las cosas como las está forzando. El caso Pujol espera que le reporte una solución al 'procés' y que lo que ellos entienden que es un 'suflé' vaya bajando. Otro error. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto que influirá pero para que precisamente gente moderada que votaba a CiU y todavía tenía a Pujol como líder moral deje de hacerlo y deje de tenerlo. Para que CiU vaya, poco a poco, siendo más residual. ¿Que piensan que sus votos irán a parar a ellos?

Los ciudadanos de Cataluña se van a pronunciar antes que tarde. No lo harán en la consulta del 9-N porque ha faltado voluntad política de hacerlo. ¿'Estatut'? Cepillado e impugnado. ¿Consulta? 'Ni quiero ni puedo por parte de Rajoy'. ¿Elecciones plebiscitarias? Nos abocamos a las mismas.

Lo único que se es que los sentimientos no se pueden legislar.