Confunden legalidad con democracia

En los últimos meses ha acontecido con mucha fuerza el debate sobre el proceso secesionista catalán. Algunos creían, ingenuamente, que después de 35 años de Constitución (CE) habría una evolución del contenido de la misma y, sobretodo, una interpretación acorde con las realidades sociales y los tiempos en los cuales debe enmarcarse cualquier norma fundamental de cualquier Estado que se precie democrático. No ha sido así. Y de hecho se ha caído en una lamentable confusión; identificar legalidad con democracia. Creer que es el Estado de Derecho el que garantiza la democracia y no al revés.

Los vascos con el Plan Ibarretxe y los catalanes en el contexto actual se han dado de cruces con la realidad jurídica y política española. Esa concepción tan carcelística de las leyes, es decir, el que actúen, como dijo Aitor Esteban (PNV) como “una trinchera”, como un cortapisas a cualquier proyecto político que pretenda cuestionar la interpretación que se ha hecho de la CE a lo largo de éstos últimos años por parte de los dos partidos dinásticos (PP-PSOE) y su guardián fiel y tradicional; el Tribunal Constitucional.

Es bastante cansino el debate entre legalidad, legitimidad, competencias e identidad. Y bien haría el poder establecido en España en entender que el tiempo en el que se podían asimilar e igualar los territorios se ha acabado. Aquella chapuza hecha con la interpretación del Título VIII de la CE (café para todos) y la Ley Orgánica de Armonización (?) del Proceso Autonómico tras el 23-F vuelve ahora con toda su crudeza. Pero es que todavía no han entendido -o no quieren- nada.

¿Es la Ley la que debe adaptarse a la realidad social o al revés? ¿Los que pregonan que España es un Estado de Derecho se olvidan que también, antes de la palabra “Derecho”, aparece la palabra “social” en esa Constitución que tanto dicen defender? ¿Democracia no es demos (pueblo) y krátos (poder o gobierno), es decir, poder del pueblo? ¿Quién puede negarse a que los ciudadanos voten aunque no te guste aquello sobre lo que quieran votar si lo demanda una mayoría muy clara?

Me abruma el discurso oficial y oficialista del establishment español al problema territorial que por siglos arrastra España y que, conviene decirlo alto y claro, ha sido aminorado con el poder de las armas en múltiples ocasiones. Ahora se están poniendo muy nerviosos y no saben muy bien como actuar, por ello utilizan la Constitución como arma arrojadiza para coartar las voluntades colectivas. Enésimo error.

Hace tiempo dije ya que España no era una democracia, que España era una Constitución en la que, además, no estaba garantizada ni la separación de poderes. Y analizar el contexto en la que fue dictada y, en consecuencia, su legitimidad, haría un gran favor al progreso democrático de éste país. Por que hoy es Cataluña pero mañana, ¿que pasará si los españoles quieren decidir si quieren la forma de Estado? 

La Constitución se acata pero no se cumple (I)

En las colonias españolas era muy común recibir una ley emanada del monarca y que fuera recibida con un “se acata pero no se cumple”, es decir, se acepta el texto normativo pero no se va a cumplir su contenido. Una manera elegante de decir que se iban a pasar por el forro lo dispuesto en ésa determinada ley. Y es que la relación de España con las leyes siempre ha sido muy particular; hemos tenido -y tenemos- muchas pero se cumplen muy pocas.

¿Éste fenómeno fue exclusivo de la época colonial y del Reino de Navarra? Me aventuraría a responder con un rotundo no, y para ello he creído muy interesante rescatar algunos artículos de la norma suprema y fundamental de España; la Constitución de 1978 (CE). Me centraré en aquellos casos más flagrantes y el artículo, dado que la CE tiene 169 artículo, tendrá dos partes.

El primer incumplimiento grave lo encontramos muy temprano, en su artículo 3 donde se dice que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”. ¿Se protegen suficientemente el euskera, gallego y catalán?

Es en éste punto cuando les llega el turno a los partidos políticos. En el artículo 6 se establece que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. A más de un partido se le debería caer la cara de vergüenza al leer ésto, o quizá es que tienen un concepto muy pero que muy restringido de la democracia.

Para entender el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la doctrina Parot se debe hacer una lectura del importantísimo art. 9.3, donde se establece que “La Constitución garantiza […] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.” Aquello de que no cambien las reglas del juego en medio del partido, aquello de tener la seguridad jurídica de que no se me van a aplicar retroactivamente las disposiciones de las que habla el artículo.

En términos de igualdad encontramos ésta romántica proclama en el art. 14; “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”. ¿Hace falta recordar el trato procesal a la Infanta? ¿y a Miguel Blesa? ¿y los jueces que están siendo investigados o que ya han sido condenados?. Pues eso, se acata pero no se cumple.

En materia religiosa encontramos el art. 16 donde en su apartado tres se dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Entonces, ¿por qué en casi cada toma de posesión de cualquier ministro veo un crucifijo? ¿Por qué tengo que pagar a los profesores de religión en una escuela pública? Ésta proclamada aconfesionalidad del Estado es papel mojado. Y sí, ya me aquello de que “mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica” pero entonces no te puedes autodenominar aconfesional, es un oxímoron.

A lo que a participación política se refiere tenemos el art. 23 donde se establece que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” Que participamos elecciones periódicas es claro pero, al margen de ello, ¿realmente participamos en los asuntos públicos?

El acceso a la justicia también está siendo incumplido ya que no “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, puesto que con las tasas judiciales y con la modificación de la justicia gratuita muchos serán los que se abstengan de intentar defender sus legítimos intereses.

La primera parte de ésta temática la terminaré con el artículo 31, aquél que regula los principios del sistema fiscal español, donde con total sonrojo se dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”. En éste punto conviene recordar que España es un país fiscalmente paradójico; tiene unos tipos impositivos (%) muy altos y tiene una recaudación muy baja en comparación con sus vecinos de la UE. Además curiosamente ha disminuido a raíz de la Gran Recesión, cuando los ingresos son más necesarios que nunca.

Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que entiendo que es un incumplimiento manifiesto y grave de la norma suprema y la más alta en la cúspide normativa del ordenamiento jurídico español como es la CE. Por ello debería producirnos rechazo cuando un representante público nos dice con gran elocuencia que la Ley está para cumplirla cuando el Gobierno y los poderes públicos son los primeros en incumplir no una ley orgánica, ni un real-decreto ley, sino la mismísima Constitución.

Aunque ya se sabe lo que se decía en la España caciquil; “Para mis amigos los favores, para mis enemigos la Ley”.

Continuará...

¿Quién pagará la deuda? ¿Quién juzgará a los responsables?

Ésta semana he leído en un informe del Banco de España (BdE) como la deuda pública española alcanzaba el 93,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2013. Y seguirá subiendo. Ya se sabe, la reducción del déficit, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y todas esas patrañas eufemísticas de la economía. Y el rescate a la banca. No hay que olvidar, pues la memoria es demasiado frágil, que a finales del 2013 el BdE cifró en 61.366 millones las ayudas públicas recibidas por la banca desde 2009. Tampoco habría que olvidar que el déficit público en 2008 era de 49.113 MEUR y en 2009 pasó a ser de 116.429. Las matemáticas no aman pero tampoco fallan.

El Estado tiene dos maneras de reducir el déficit; la primera por la vía de los ingresos (tributos principalmente), la otra por la vía del gasto, reduciéndolo, pero igualmente emitiendo deuda pública para poder financiarlo en su totalidad y que los bienaventurados y ávidos inversores (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, inversores particulares...) te financien ese gasto que no logras alcanzar con tus exiguos ingresos tras la caída de la actividad económica y tu falta de iniciativa tributaria.

Tampoco esperes que el Banco Central Europeo pueda “calmar los mercados” comprando directamente la deuda pública de sus Estados miembros, eso lo tiene prohibido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 123, antiguo 101 TCE).

De manera que nos encontramos con que éste desvergonzado Gobierno está hipotecando las generaciones futuras con eso de 'gasta hoy, que ya pagarán mañana'. Y hacen ésto sin plantearse las reformas de calado que necesitan las instituciones de éste país y los partidos políticos que no sólo las gobiernan sino que las poseen, manosean, pisan, y, en definitiva, hacen y deshacen a su antojo (el desprestigio al que han abocado a la otrora prestigiosa Institución como es el Tribunal Constitucional da habida cuenta de ello).

Ésto debería, antes que tarde, terminar. La presión es insoportable y se sabe, por activa y por pasiva, que esa voluminosa deuda no se va a poder pagar. La historia es tozuda, además de un espejo, y nos lo ha demostrado constantemente con el ahogo al que el FMI tuvo tanto a países africanos como sudamericanos y como, finalmente, se acabaron haciendo importantes quitas (como por otra parte ya ha sucedido en Grecia).

Los desmanes producidos por partidos políticos, con muy contadas y honradas excepciones, en las cajas de ahorro, la esquilmada de recursos a la que se han visto sometidas y de las que únicamente quedan dos (Ontinyent y Pollença), deberían ser objeto de una investigación seria e independiente para que los verdaderos responsables lo pagaran y fuera una disuasión para las tentaciones futuras. Reformas y justicia, con mayúsculas. Justicia para la prevención específica (el que la hace la paga) y general (fijaos que quien la ha hecho la ha pagado).

Quienes han creído que el dinero público no es de nadie y lo han malgastado sin pestañear deberían ser también señalados y procesados. Aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches, ciudades de la ciencia sin ciencia, ciudades de la luz, ciudades de la cultura, trenes de alta velocidad para todos y un larguísimo etcétera. El déficit y la deuda pública, en gran parte, son una clara consecuencia de esas irresponsables decisiones. Que muchos de los responsables sigan perteneciendo, no sólo a partidos políticos, sino que son gestores de la cosa pública, debería sonrojarnos.

Es tiempo de que hagamos un replanteamiento serio de cual es la situación, evaluarla y, sobretodo, saber hacia donde se va en materia económica. Un mundo -el económico- en el que la confianza y la coyuntura son las que lo gobiernan todo. Y nada genera más desconfianza que un país en el cual los responsables del mayor rescate financiero de la historia que ha provocado un cuadro tanto macroeconómico como microeconómico desolador no lo paguen como de verdad merecerían. Ni que los gestores públicos que han hecho todas esas infraestructuras inservibles y han tomado decisiones político-económicas nefastas no sean encausados.

¿Cuales son los incentivos futuros que se generan? Dejo la pregunta en el aire.