¿Quién pagará la deuda? ¿Quién juzgará a los responsables?

Ésta semana he leído en un informe del Banco de España (BdE) como la deuda pública española alcanzaba el 93,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2013. Y seguirá subiendo. Ya se sabe, la reducción del déficit, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y todas esas patrañas eufemísticas de la economía. Y el rescate a la banca. No hay que olvidar, pues la memoria es demasiado frágil, que a finales del 2013 el BdE cifró en 61.366 millones las ayudas públicas recibidas por la banca desde 2009. Tampoco habría que olvidar que el déficit público en 2008 era de 49.113 MEUR y en 2009 pasó a ser de 116.429. Las matemáticas no aman pero tampoco fallan.

El Estado tiene dos maneras de reducir el déficit; la primera por la vía de los ingresos (tributos principalmente), la otra por la vía del gasto, reduciéndolo, pero igualmente emitiendo deuda pública para poder financiarlo en su totalidad y que los bienaventurados y ávidos inversores (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, inversores particulares...) te financien ese gasto que no logras alcanzar con tus exiguos ingresos tras la caída de la actividad económica y tu falta de iniciativa tributaria.

Tampoco esperes que el Banco Central Europeo pueda “calmar los mercados” comprando directamente la deuda pública de sus Estados miembros, eso lo tiene prohibido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 123, antiguo 101 TCE).

De manera que nos encontramos con que éste desvergonzado Gobierno está hipotecando las generaciones futuras con eso de 'gasta hoy, que ya pagarán mañana'. Y hacen ésto sin plantearse las reformas de calado que necesitan las instituciones de éste país y los partidos políticos que no sólo las gobiernan sino que las poseen, manosean, pisan, y, en definitiva, hacen y deshacen a su antojo (el desprestigio al que han abocado a la otrora prestigiosa Institución como es el Tribunal Constitucional da habida cuenta de ello).

Ésto debería, antes que tarde, terminar. La presión es insoportable y se sabe, por activa y por pasiva, que esa voluminosa deuda no se va a poder pagar. La historia es tozuda, además de un espejo, y nos lo ha demostrado constantemente con el ahogo al que el FMI tuvo tanto a países africanos como sudamericanos y como, finalmente, se acabaron haciendo importantes quitas (como por otra parte ya ha sucedido en Grecia).

Los desmanes producidos por partidos políticos, con muy contadas y honradas excepciones, en las cajas de ahorro, la esquilmada de recursos a la que se han visto sometidas y de las que únicamente quedan dos (Ontinyent y Pollença), deberían ser objeto de una investigación seria e independiente para que los verdaderos responsables lo pagaran y fuera una disuasión para las tentaciones futuras. Reformas y justicia, con mayúsculas. Justicia para la prevención específica (el que la hace la paga) y general (fijaos que quien la ha hecho la ha pagado).

Quienes han creído que el dinero público no es de nadie y lo han malgastado sin pestañear deberían ser también señalados y procesados. Aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches, ciudades de la ciencia sin ciencia, ciudades de la luz, ciudades de la cultura, trenes de alta velocidad para todos y un larguísimo etcétera. El déficit y la deuda pública, en gran parte, son una clara consecuencia de esas irresponsables decisiones. Que muchos de los responsables sigan perteneciendo, no sólo a partidos políticos, sino que son gestores de la cosa pública, debería sonrojarnos.

Es tiempo de que hagamos un replanteamiento serio de cual es la situación, evaluarla y, sobretodo, saber hacia donde se va en materia económica. Un mundo -el económico- en el que la confianza y la coyuntura son las que lo gobiernan todo. Y nada genera más desconfianza que un país en el cual los responsables del mayor rescate financiero de la historia que ha provocado un cuadro tanto macroeconómico como microeconómico desolador no lo paguen como de verdad merecerían. Ni que los gestores públicos que han hecho todas esas infraestructuras inservibles y han tomado decisiones político-económicas nefastas no sean encausados.

¿Cuales son los incentivos futuros que se generan? Dejo la pregunta en el aire.