España no es una democracia

El título del artículo puede parecer provocador y, seguramente, más de uno no estará de acuerdo, pero conviene, de una vez, comenzar a dominar un lenguaje que escape de la propaganda repetida constantemente por los medios de comunicación dominantes.


Uno de los potenciales axiomas más repetidos en el País, el Mundo, ABC, la Razón, la Vanguardia, y los medios afectos al régimen ha sido; cuando Franco murió, el Rey heredó la Jefatura del Estado y supo ser un estadista y hacer una mal llamada Transición a la democracia con el liderazgo de Adolfo Suárez, el adalid de la democracia. Un demócrata de toda la vida pero que casualmente fue Secretario del Movimiento Nacional (cuyo rango para entendernos sería el de Ministro). Y ahora, sin pestañear, y haciendo una lectura del Título II de la Constitución del 1978 (CE), se ha hecho una permuta en la Jefatura del Estado que por mucho que esté dispuesta en el art. 57 CE ha sido poco democrática. Que sea legal no lo torna automáticamente en legítimo, ni en democrático. Muchos repiten constantemente que somos un Estado de Derecho y que sin ley no hay democracia, conviene apuntar que también somos, y la palabra está antes en el art. 1.1 CE, un “Estado democrático de Derecho”. Es decir no hay ley sin democracia.


Además el hecho más palpable y contrastable que vino a traer la democracia fue la Constitución del 1978 (CE), la cual se ha repetido hasta la saciedad que fue redactada con la nota del “consenso” además supuso que los partidos y los políticos tuvieran una gran “responsabilidad histórica” y que por el mero hecho de que en el art. 1.1 se dispusiera que España es un “Estado social y democrático de Derecho” pasábamos claramente de una dictadura a una democracia a la altura de las democracias liberales europeas.

Antigua idea es la goebbeliana de que cuando se repite una mentira muchas ocasiones al final se acaba creyendo que es verdad. Que la CE diga que somos un Estado democrático no nos convierte directamente en un Estado democrático. Debe materializarse.

¿Y es democrático que el Jefe del Estado sea escogido digitalmente por un dictador y su legitimidad de origen provenga de la victoria del bando nacional en la guerra civil española? ¿Es democrático que se vote a una lista cerrada y bloqueada decidida, salvo honrosas ocasiones, decidida por la cúpula de los partidos? ¿Es democrático que aún presentando una ILP con más de 1.500.000 firmas el Gobierno se permita el lujo de ignorar su contenido? ¿Es democracia que los ciudadanos no vean reconocido su derecho a la participación política reconocido como derecho fundamental en la CE? ¿Es democrático que los dos grandes partidos dinásticos del régimen modifiquen el art. 135 CE poniendo el principio de estabilidad presupuestaria por encima de la garantía de los derechos sociales más esenciales?

Todas éstas preguntas son muy procedentes en el estado de cosas actual. Cabría reflexionar sobre qué es exactamente España. Si atendemos a la integración de dos conceptos, a saber, el de cleptomanía (propensión morbosa al hurto) y plutocracia (preponderancia de los ricos en el gobierno de un país) encontramos un término de reciente cuño que, bajo mi modesto modo de entender las cosas, encaja en la definición de lo que actualmente es España; una cleptocracia.

Dicho poder establecido se caracteriza por el hurto constante de riquezas, la corrupción institucionalizada así como los fenómenos que lleva aparejados, el nepotismo, es decir el colocar a personas cercanas, los famosos 'enchufes', otorgando concesiones o empleos públicos sin ningún respeto por los principios de mérito y capacidad que deben guiar la contratación de empleados públicos. Además también se caracteriza por un acentuado clientelismo político, y es ocioso recordar que en España únicamente cabe hacer una lectura detallada de las principales concesiones de obra pública que se recogen en el BOE para determinar que vivimos en un capitalismo de amiguetes, además de vivir en un país en el que muchos recursos públicos sirven para atar votos en corto. Eso no es democracia. Además la nota común a todas éstas actitudes es la prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución administrativa injusta por parte de funcionario público.


Pero la impunidad está garantizada en éste sistema, puesto que los instituciones clave del poder están corruptas y los mecanismos de control están claramente politizados.

Por ello el diseño institucional que vino tras la muerte del dictador se está demostrando claramente insuficiente. Con una ciudadanía que cada vez demanda que la democracia no es poner una lista cerrada y bloqueda en una urna cada 4 años. Es mucho más que eso y se deben arbitrar mecanismos de participación ciudadanos si a éste sistema se le quiere llamar democracia y quiere ser contemporáneo al s.XXI. No es admisible el funcionamiento p. ej. del Tribunal de Cuentas, tampoco la politización a la que se ha visto sometido el mayor intérprete e Institución clave en un Estado constitucional como es el Tribunal Constitucional (cuyo Presidente era militante del PP) y mucho menos aún el mantenimiento de una cámara alta de representación territorial como el Senado que, directamente, no sirve para su comedido, y podríamos seguir con más...

Por mucho que se diga A en una Ley no significa que ese A sea cierto, el art. 1.1 es, actualmente, papel mojado si no se materializa. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General debe ser modificada si se quieren hacer las reformas que tanto se están oyendo éstos días. Porque es obvio que va a haber cambios dado el cambio generacional y las demandas de que así sea.

Lo que enseña la historia es que o los cambios se hacen mediante una reforma o, de lo contrario, con una ruptura. Y en España son demasiadas las Constituciones que hemos tenido como para no tener perspectiva histórica y comenzar a dotar de contenido a un sistema político que no por mucho repetirse se disfruta; una democracia.