Humildes propuestas constitucionales (I)

Es público y notorio que España vive sumida en una triple crisis sin precedentes. Una crisis económica (gran recesión) doble; internacional y nacional, una crisis institucional de lo que se ha venido a denominar el régimen de la Transición y una de las más preocupantes, la crisis moral, el no disponer de unos valores y unos principios que rijan la sociedad y ésta los entienda como buenos, como virtuosos.

Los partidos dinásticos del régimen del 78 (PP y PSOE) están sumidos, ellos también, en su propia crisis. Tienen un problema de credibilidad y sobre ellos se cierne la legítima sospecha que siendo ellos quienes han gobernado éste país durante más de 30 años sean precisamente los garantes de una solución. Y no sólo sobre ellos sino también sobre los partidos nacionalistas tradicionales; CiU, PNV, BNG y Coalición Canaria.

La falta de credibilidad y la ausencia de expectativas incentiva que se ambicione abrir el candado del modelo del 78 y adaptar la Constitución (CE) a la realidad social actual. Porque la CE es aquélla norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico de un Estado, la cual limita al poder al tiempo que reconoce y otorga derechos y libertades a los ciudadanos. También deberes y obligaciones. En otras palabras, o se abre el candado del 78 y se comienza a hablar serenamente de cómo hay que adaptar la Constitución a la nueva realidad social española (incluso plantearnos si más convendría abrir un proceso constituyente) o la ruptura está servida.


Bajo mi modesto punto de vista habría que abordar debates serios, rigurosos, racionales y sin dramatismo sobre las siguientes cuestiones que, o bien no se pudo, o no se quiso abordar durante la Transición:


Memoria histórica. Un país en el que todavía hay muertos enterrados en las cunetas no es un país cohesionado socialmente. Un país que se excusa en que existe una Ley de Amnistía que establece que no se pueden investigar éste tipo de asuntos es un país que no quiere reconocer su pasado, y al no reconocerlo vulnera uno de los derechos más sagrados que pueden existir; el de una sepultura digna. Un país que en pleno siglo XXI todavía no es capaz de impartir justicia, hacer memoria y hallar la verdad en éstos particulares es un país mucho menos humano de lo que pretende ser. Y no, no se trata de reabrir viejas heridas, se trata de cerrar las que todavía existen abiertas. Y es que hasta que no se desentierre al último muerto y hasta que no se respete la voluntad de los familiares, sean del bando que sean, la guerra civil no se habrá terminado en España. Y creo que los nietos y los bisnietos tenemos que olvidar e intentar perdonar viejas rencillas de nuestros padres, abuelos y bisabuelos.

La recompensa es demasiado jugosa como para no intentarlo. Es la reconciliación simbólica de las dos Españas de Ortega y Gasset.

Nacionalidades. Habría que comenzar a reconocer el desaguisado que se diseñó, valga decir que sobre la marcha y con más improvisación de la que se ha reconocido, con el modelo del Estado de las Autonomías, el café para todos. ¿Café para todos? Sí, pero cada uno en la dosis que le sea digerible tomar. Y en muchos lugares se deberá dejar en electoralismo de lado y desgastarse políticamente para hallar soluciones que coadyuven a que nuestros hijos y nietos se encuentren un país en el que todos los territorios, se sientan naciones o no, pueden sentirse cómodos en una nación de naciones. Si el art. 2 de la Constitución habla de nacionalidades y regiones y ello estaba pensado para separar regiones administrativas de territorios con singularidades concretas nada impediría a día de hoy intentar volver a una suerte de casilla de inicio. Lógicamente los votos perdidos por muchas formaciones políticas que de la crispación han obtenido sus réditos son un gran escollo. Y no será fácil. 

Competencias. Los artículos 148 y 149 (competencias que pueden asumir las CCAA y las competencias exclusivas del Estado) de la CE y, sobretodo, el desarrollo jurisprudencial que de ellos ha hecho el Tribunal Constitucional tienen que someterse a profunda revisión. El lenguaje vago y ambiguo que en ellos se utiliza no ha ayudado en nada a una paz institucional en materia de competencias. Deben limitarse y delimitarse mucho mejor qué es competencia del Estado y qué es competencia de las CCAA. Incluso que competencias podrían ser exclusivas en determinadas CCAA mientras en otras no. Igualdad en ningún caso debe significar uniformidad. Solidaridad jamás debe asimilarse a subvención perpetua.

Está en juego la cohesión social. Una sociedad madura, plural y democrática intenta y debe conseguir un debate sereno sobre los asuntos políticos de altura. Y dejar que los problemas se dilaten en el tiempo no los soluciona, antes al contrario, los enroca y los profundiza.


Y mucho yerran, bajo mi modesto modo de ver las cosas, quienes entienden que el asunto de la memoria histórica no debe abordarse. Nadie está hablando aquí de ningún tipo de venganza. ¡Qué soberana tontería! Se está hablando de garantizar los derechos humanos más elementales que deben asistir a cualquier persona humana por el simple y mero hecho de serlo. Nos estamos jugando demasiado.

Y aquéllos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo de manera estrepitosa.