En España Montesquieu ha muerto

La teoría de la separación de poderes que Montesquieu acuñó en su célebre obra 'Del espíritu de las Leyes' no tiene cabida en España. Si por separación entendemos división y equilibrio entre los distintos poderes del Estado, esto es, el poder legislativo (Cortes Generales), el poder ejecutivo (Gobierno) y el poder judicial (Tribunales de Justicia), no puede hablarse de tal concepto en el Estado español, con más inri a la vista de los últimos acontecimientos.

¿Que ha sucedido con la Ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana? ¿Y con el Decreto 129/2014 de convocatoria de la consulta del 9N? El Tribunal Constitucional (TC) ha procedido a hacer aquello que el Gobierno le solicitaba, sin rechistar, casi sin debate interno y con una celeridad sorprendente; ha admitido a trámite ambos recursos y los ha suspendido cautelarmente tal como establece el art. 161.2 de la Constitución.

Lo grave no ha sido lo previsible. Estaba casi escrito que el TC admitiría a trámite los recursos presentados por el Gobierno y, por ello, por imperativo legal, procedería a suspender cautelarmeente los mismos. Lo grave es que el Gobierno se dedique a hacer de TC y diga que eso es “un referéndum ilegal” desde hace muchos días, semanas y meses. ¡Como si conociera de antemano lo que va a resolver el máximo intérprete de la CE!

Ha sido esperpéntico que todavía no estuviera redactada, aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y entrado en vigor la Ley de Consultas así como el Decreto de convocatoria de la consulta y se escuchara a la Vicepresidenta del Gobierno decir que “eso es un referéndum como la copa de un pino”. Primero presumo que es un referéndum y luego utilizo una expresión tabernera. El circo de la política. ¿Y el PSOE? En eso de la unidad de España juegan en el mismo equipo. Le ha faltado tiempo para decir que la consulta catalana era un “referéndum ilegal”. En los últimos días he escuchado a tantos políticos utilizar éstos términos que he pensado si en cada uno de ellos no se esconde un pequeño juez de garantías constitucionales.

Y cabe mirar hacia el TC donde, por cierto, el Presidente del mismo es Pérez de los Cobos, militante del PP en el momento de acceder a dicho cargo y que, además, ocultó a la comisión de nombramientos del Senado. Un pequeño gran detalle que, entendió, que en nada influía en su imparcialidad y en su neutralidad en los asuntos que de bien seguro debería conocer. Y conocidas han sido sus animadversiones hacia Cataluña. La Generalitat intentó recusarle, es decir, que no asumiera su cargo por entender que adolecía de las condiciones necesarias para desempeñar con todas las garantías e independencia su función jurisdiccional. No hubo éxito y en una interpretación muy discutible de la CE y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se decidió que el cargo no era incompatible con su militancia en el PP. ¡Se llenaron de prestigio!

Y lo que era de esperar es que nos moviéramos en los términos que nos movemos. Ayer el TC admite a trámite los recursos presentados por el Gobierno y suspende tanto la Ley de consultas como el Decreto de convocatoria. ¿Y que dice en su nota de prensa el principal árbitro e intérprete de la Constitución que debe resolver fundamentada y motivadamente dichos recursos?
Pues literalmente; “el TC admite a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley Catalana de consultas y contra la convocatoria del referéndum y acuerda la suspensión de ambas”. Sí, han leído bien y no hay ningún error, el TC define en dicha nota de prensa la consulta como referéndum sin aun haber entrado a resolver sobre el fondo del asunto.

Jurídicamente es de una gravedad manifiesta que el mayor intérprete de la Constitución antes incluso de conocer el fondo de una determinada controversia jurídica se dedique a emitir juicios de valor tan trascendentes para el asunto catalán y que lo haga en su primera nota de prensa informativa. 

En España no existe la separación de poderes, es una bonita ilusión que por mucho que se disponga en las leyes su grandeza radica en su ejercicio que, en España, brilla por su ausencia.

Envidia británica, envidia democrática

Siento envidia. Siento envidia de una Unión como el Reino Unido. Envidia de que una nación dentro del Reino Unido como Escocia quiera celebrar un referéndum sobre su independencia y el Gobierno de Cameron, sentándose a negociar ante una aspiración política de una parte importante del electorado británico, acepte celebrar un referéndum por principio democrático.

Envidia de que el debate durante la campaña sea sereno y racional, con datos objetivos encima de la mesa y con una actitud de peritaje; explicando tanto lo que puede beneficiar como lo que puede perjudicar de una potencial independencia. Envidia de que ante el desafío independentista se logren juntar los tres líderes de los principales partidos ingleses y ofrezcan una tercera vía, la cual sea dicho de paso como crítica, Cameron se negó a aceptar en el referéndum a petición de Salmond.

Envidia de que tras celebrarse el referéndum y haber perdido la opción independentista Cameron haga unas declaraciones de pulcritud democrática, señalando que entiende que un partido que se presenta a las elecciones prometiendo un referéndum y que las gana tenga el derecho democrático a celebrarlo, admitiendo que los grandes asuntos políticos deben negociarse políticamente, confirmando que cumplirá con su compromiso de ceder más competencias y autonomía a Escocia, tal como prometió durante la campaña.

Envidia de pensar que Reino Unido es una democracia plena y que España no lo es. Aquí respecto los grandes asuntos (forma del Estado y modelo territorial) no se puede expresar el pueblo directamente. Es terreno vedado por imperativo legal. O por una interpretación restrictiva de la Constitución. Más por ésto último. Aquí los grandes desafíos políticos se resuelven imponiendo el muro legal. Olvidando intencionadamente que antes que un Estado de Derecho, esa Constitución que tanto dicen defender establece que España es un Estado democrático, y antes que democrático es un Estado social, esto es, un "Estado social y democrático de derecho" (art. 1), por éste orden, no al revés.
Es decir, esa Constitución la cual de tanto recurrir a ella se darán cuenta que no les da la razón, prescribe que antes que la Ley está la sociedad que las determina y aprueba (no hay que olvidar que las leyes emanan del poder legislativo y del ejecutivo el cual emana del pueblo), y antes que la ley está la democracia, ésto es, el poder del pueblo para poder y/o querer cambiarlas.

Quedarse en el debate legal y no admitir que hay un problema político de primer orden al cual hay que dar una solución política es quedarse en la fachada, es no reconocer la profundidad y el calado del problema. Es la Ley la que debe adaptarse e interpretarse conforme a la realidad social y no al revés. Sino lo que estamos negando es la misma esencia de la democracia, esto es, que el pueblo decida.

Los sentimientos no se pueden legislar

El momento político actual es de los más interesantes que se han vivido en España en las últimas décadas. Cataluña, de nuevo, es el indicador avanzado de lo que tiene que suceder en España si ésta quiere realmente seguir siendo un Estado y una Nación; un federalismo -asimétrico en el cual se acepte que dentro de España hay mínimo 3 naciones- y una aceptación de la pluralidad lingüística y la protección de las distintas lenguas que se hablan en España. Y no me vengan con aquello de que eso ya lo dice la Constitución (CE) en Título preliminar, no estoy hablando del contenido formal de una determinada norma jurídica, en éste caso la Norma Fundamental, estoy hablando del contenido material, la garantía de que 'de facto' lo prescrito en la norma se cumpla. Extremo que ni a lo que respecta al desarrollo normativo ni a la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal Constitucional (TC) se ha cumplido, sobretodo y con carácter muy acentuado, en sus últimas resoluciones.

Conviene no olvidar que el PP es el heredero directo de Alianza Popular. Aquél partido que presentó las enmiendas a la CE en las cuales quería eliminar de cuajo la palabra 'nacionalidades' y para su justificación apelaba, literalmente, a la “sagrada e indestructible unidad de España”. Y además quería introducir un artículo en el Título X (reforma constitucional) que dispusiera que “ningún proyecto de reforma constitucional podrá afectar a la integridad del territorio o a la unidad política del Estado”. ¿Ustedes se imaginan en que punto estaríamos ahora si esas enmiendas se hubieran llevado a cabo? El PP diciendo que el Estado de Derecho es el imperio de la ley y que, por lo tanto, la ley (la CE) establece que cualquier “reforma constitucional” que pretenda alterar la “integridad territorial del territorio o a la unidad política del Estado” no es admisible. No es un objeto que pueda ser sometido a reforma. ¿Como van a dar solución a algo que ni aceptan?

El partido que gobierna actualmente es esclavo de sus políticas, de sus discursos y de sus actos y no puede articular, ni quiere, un mecanismo de negociación que pudiera calmar los ánimos. Les van demasiados votos. ¿Pactaron en 1996 con CiU en los famosos pactos del Majestic? Por supuesto. ¿Lo hiceron desde la bondad hacia Cataluña y la aceptación de su singularidad o lo hicieron para poder tener una mayoría sólida de gobernabilidad para sacar adelante sus políticas? Juzguen ustedes mismos. A partir del 2000 y ya con mayoría absoluta comienzan a cambiar las dinámicas y cuando el PP pierde el poder en 2004 de manera inesperada utiliza Cataluña como piedra arrogadiza, como arma electoral ('¡Quieren romper España'!). Ese ha sido uno de los errores más capitales del PP en los últimos años, generar enemistades entre España y Cataluña (¿que serían sino las firmas 'contra Cataluña' que recogían para oponerse al Estatut?) y enfrentar a los ciudadanos españoles (sus votantes principalmente) con Cataluña.

Me dirán que ésto va de separadores y de separatistas y estoy de acuerdo. Pero si repasamos, muy brevemente, la historia contemporánea de España nos encontraremos ante hechos relevantes e interesantes en la relación Cataluña-España que invitan a pensar que el Estado español ha sido siempre muy reticente a descentralizar el poder que ostenta.

En 1885 Valentí Almirall formula el ya famoso 'Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña' donde proponía, por primera vez, la articulación territorial de España como confederal. No obtuvo respuesta de Alfonso XII. La Lliga Regionalista de Francesc Cambó también promovió e intentó persuadir sobre una España descentralizada sin obtener éxito aunque, finalmente, en 1914 se lograba la federación de las cuatro diputaciones provinciales en lo que se conocería como la 'Mancomunitat', presidida por Prat de la Riba, que abría la puerta a más autogobierno por parte de Cataluña y Cambó fue nombrado Ministro de fomento. No obstante hubo cerrazón por parte del Estado a la cesión de más competencias (carreteras, ferrocarriles...). Conocido es que tras el golpe de Estado del General Primo de Rivera de septiembre de 1923 se decidió poner fin, en 1924, a a lo que él llamó el “exclusivismo malsano” de que disfrutaba Cataluña. Con la II República, la CE de 1931 y el 'Estatut' de 1932 Cataluña veía como se daba satisfacción a sus demandas de autogobierno (hay que reconocer, en mi opinión, el error de proclamar la independencia de Cataluña por parte tanto de Macià como de Companys) que, de nuevo, quedaban anuladas tras el golpe de Estado para derrocar al Frente Popular, coalición que ganó democráticamente las elecciones de julio de 1936. La guerra civil posterior (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) fueron, de facto, la centralización de España y la división territorial en aquél invento francés de las provincias. Nulo respeto por la singularidad catalana así como a su lengua (multas incluso por hablar lo que se llamaba el 'dialecto catalán')

Tras la muerte del dictador viene la Ley para la Refoma Política del 1976 (que une legalidad franquista con legalidad 'democrática', es un puente, no hay que olvidarlo), las elecciones del 77, la CE del 1978 y el reconocimiento de las 'nacionalidades' y un Título VIII que, por fin, intentaba dar satisfacción a aquellos territorios con una singularidad especial. El resto es de sobras conocido; café para todos, autonomías por arrastre, 'Estatut' de 1979, pactos entre los nacionalistas y los gobiernos de turno del Estado que se encontraban en minoría (PSOE y PP indistintamente), 'Estatut' de 2006, como se le pasa el 'cepillo' en el Congreso ('¿Para qué nos vamos a estar con eufemismos coño?' decía Alfonso Guerra con su gracia y sorna característica), como después el PP, con campaña política de enfrentamiento incluida, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC alegando que el 'Estatut' adolecía, en algunos de sus contenidos, de falta de adecuación a la CE. Un error de cálculo de mayúsculas proporciones.

He dicho que es muy importante la STC 31/2010 porque no hay que olvidar que ese 'Estatut' fue aprobado por una amplísima mayoría de los partidos catalanes (PSC, CiU e ICV-EUiA) aunque ERC promoviera la campaña por el 'no' (¡que tozuda es la realidad!). Fue ratificado por la ciudadanía, con una participación del 49,41% del censo (2.570.478) y un apoyo del si del 73,90% (1.882.650). Si alguien pretende abrir el melón de la participación le invito a que coteje la participación en el referéndum para la entrada en la OTAN o de cualquier elección que se precie tanto a nivel local, autonómico o estatal. Tras el paso por el Congreso y el Senado y el paso del 'cepillo' el PP no se le ocurre otra cosa que presentar un recurso de inconstitucionalidad. Nadie ha hecho más para romper España que éste partido político. Absolutamente nadie. Nadie ha causado más crispación entre españoles que éste partido político y nadie ha tenido la desfachatez de ser tan cínico y entender tan poco la realidad pluranacional y plurilingüística de España.

Son debates que cansan y en los que, en la actualidad, las cartas están bien marcadas. Cataluña tiene, o mejor dicho sus ciudadanos, sujetos de derechos, deberes y obligaciones tienen, claro está, el derecho a determinar libremente su futuro político. Y a los que lo nieguen les invito a leer el art. 11.2 CE de esa sagrada y sacrosanta CE. Y un Estado, cualquiera que sea, no puede escudarse en una determinada legalidad para coartar un derecho plenamente democrático, el mayor que puede existir, como es el de que un determinado territorio decida la relación política que quiere con el Estado en el cual se halla. Y respecto a esa votación es un insulto a la inteligencia creer que deben pronunciarse todos los ciudadanos españoles porque la CE dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. No estamos hablando de una cuestión jurídica, es una cuestión puramente política y así lo estableció la STC de 25 de marzo de 2014. ¿Tanto cuesta de entender? ¿A los canadienses se les ocurrió que para que el Quebec realizara el referéndum tuviera que votar toda Canadá? ¿Y en Escocia? ¿También para ésto 'Spain is different'?

Intuyo lo motivos que mueven al Gobierno (PP) a forzar las cosas como las está forzando. El caso Pujol espera que le reporte una solución al 'procés' y que lo que ellos entienden que es un 'suflé' vaya bajando. Otro error. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto que influirá pero para que precisamente gente moderada que votaba a CiU y todavía tenía a Pujol como líder moral deje de hacerlo y deje de tenerlo. Para que CiU vaya, poco a poco, siendo más residual. ¿Que piensan que sus votos irán a parar a ellos?

Los ciudadanos de Cataluña se van a pronunciar antes que tarde. No lo harán en la consulta del 9-N porque ha faltado voluntad política de hacerlo. ¿'Estatut'? Cepillado e impugnado. ¿Consulta? 'Ni quiero ni puedo por parte de Rajoy'. ¿Elecciones plebiscitarias? Nos abocamos a las mismas.

Lo único que se es que los sentimientos no se pueden legislar.

Palestina; la difícil o imposible solución

La visualización de un interesante documental sobre el conflicto palestino me ha hecho hacerme algunas procedentes preguntas de difícil respuesta. Además también he leído interesantes artículos de ilustres pensadores.

¿Quién ataca y quién se defiende? ¿Quién tiene derecho a ocupar esas tierras? ¿Qué pasa con Jerusalem, ciudad en la que el pueblo judío tiene su capital y en la cual el pueblo palestino quiere establecer la suya? ¿Son atendidas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Es Israel un país que cumpla con las normas de derecho internacional público en la materia? ¿Y Palestina? ¿Hamas es un grupo terrorista o debería ser considerado un movimiento de liberación nacional?

En primer lugar creo que hay que hacer algunas apreciaciones aclaratorias que suelen conducir a error y a reducir el problema a simplismos y a tópicos manidos. El judaísmo es la religión de los judíos pero hay que diferenciarlo de la condición socio-política del pueblo judío, pues los ciudadanos del pueblo o nación judía, más allá de que sean religiosos o laicos, también se entiende que son judíos. Una nación [cuyos miembros son] procedentes del Reino de Israel, luego de Judea (Sion), con Jerusalem como ciudad santa según las tesis de Hannah Arendt, ilustre filósofa política judía.

Tampoco hay que confundir Judaísmo (religión), pueblo judío (como concepto socio-político y étnico) de los sionistas, que son el movimiento que ha reclamado históricamente el establecimiento de una patria para el pueblo judío justamente en la tierra de Israel. No en otra en virtud de los títulos de propiedad que la Biblia les otorgó.

Palestina no es un Estado de pleno derecho reconocido en las Naciones Unidas. Ello no es así ya que los EEUU vetaron su admisión en el Consejo de Seguridad (CS) de las Naciones Unidas (NNUU). Los otros 14 Estados miembros votaron a favor, el mundo votó a favor y únicamente los EEUU en contra usando su anacronico derecho a veto en el CS de las NNUU. Palestina nunca ha sido un Estado por unas votaciones poco democráticas muy concretas y determinadas.

Hay que tener muy presente que el pueblo judío ha sido perseguido históricamente. Conviene no olvidar que desde que los romanos los expulsaran del Monte de Judea han sido perseguidos, expulsados e incluso se han cometido atrocidades y horrores contra ellos a lo largo de la historia (el Holocausto y la 'solución final' de Hitler fueron su máximo exponente). Por ello es legítimo que reclamen un Estado para poder vivir en paz.

Siendo justo y legítimo que el pueblo judío pueda tener un Estado propio atendiendo a los antecedentes históricos y a las vicisitudes bíblicas de la implicación que tiene la ciudad santa de Jerusalem y parte del territorio de lo que hoy es Israel ¿Es admisible que el pueblo palestino deba soportar el aislamiento y deba pagar el precio que está pagando por ésta legitimidad moral e histórica que tiene el pueblo judío para tener un Estado propio? ¿El Holocausto todo lo justifica? ¿Cuando se conminará a Israel a atender las Resoluciones de la ONU y los tratados internacionales?

Hay que intentar por todos los medios intentar encontrar el arreglo acordado de éste callejón sin salida. Desde que hubiera la guerra de 1948 entre Israel y los Estados musulmanes colindantes (Egipto, Jordania...) que generara el exilio del pueblo palestino (`nakba`) no ha dejado de producirse un éxodo el cual Israel, por boca de su presidente, no está dispuesto a aceptar que vuelvan tal como obligan las Resoluciones de las NNUU. Tras la Guerra de 1967 se ha producido una ocupación ilegal en toda regla, y ésto hay que explicarlo. Baste sólo ver el mapa adjunto en el cual las fronteras acordadas por la ONU en 1948 se ve claramente como han sido vergonzosamente rebasadas por el Estado de Israel con una desproporción preocupante.

¿Hasta cuando?

Muchos dirán que unos son los terroristas que atacan (Hamás) y otros son los que se defienden (el Ejército de Israel). Unos son un Ejército oficial y los otros un grupo terrorista que usa a niños de escudo y que se dedica a entrenarse en las escuelas donde se saben seguros. Debo afirmar que me parece de un simplismo mayúsculo. Unos gozan de un estatus jurídico como Estado de pleno Derecho de las NNUU (Israel) y el otro está de miembro observador (Palestina) al mismo nivel que el Vaticano y no tiene los instrumentos necesarios de Estado que sí tiene Israel.

A todas las personas que sientan que tienen un imperioso derecho a ocupar el territorio palestino atendiendo a las muchas vicisitudes que pudieran justificarlo en virtud del sufrimiento que ha sufrido el pueblo judío a lo largo de su historia y por las disposiciones bíblicas les diría que vivimos en un mundo en el cual nos hemos dotado de una Organización Internacional para promover la paz y la seguridad en el mundo y que la interpretación de lo que debe significar paz y seguridad no deben quedar al arbitrio de una de las partes en el conflicto y la existencia de Estados debe quedar al margen de las cuestiones religiosas.

Les conminaría a consultar las Resoluciones de la ONU sobre el conflicto palestino-israelí. No han sido los palestinos precisamente quienes más sistemáticamente han incumplido de manera palmaria las Resoluciones de la ONU, las cuales, según la Carta de las Naciones Unidas son vinculantes.

Dejen de encolerizar el problema y de generar una espiral de violencia. Saben perfectamente que el conflicto no se resuelve con bombas, secuestros ni asesinatos. Saben de sobras que se resuelve mediante la cesión mutua y el equilibrio de intereses. Pero unos prefieren seguir ganando elecciones (el Gobierno del sionista Netanyahu) las cuales dependen de cuánto marketing hagan para que la opinión pública -o publicada- internacional vea legítimos sus ataques y a los otros (Hamas) ya les va bien que el mundo vea las atrocidades que el Estado de Israel para justificar sus reclamos. Intereses geoestratégicos y geopolíticos y poca voluntad de ceder en las pretensiones de cada uno percibo. Con el 'in vigilando' de los EEUU.

Tal como leía no hace mucho, ésta generación de judíos y de palestinos tienen muy complicado entenderse. Pero todo es posible cuando hay voluntad política y anhelo sincero de paz (por la vía de los hechos, no de los discursos).

Para entender el conflicto en 10 imágenes existe éste interesante enlace el cual da habida cuenta de la gran complejidad del problema y la dificultad de su resolución.

                                                                     

La legitimidad de la Monarquía

La legitimidad y la legalidad cabe distinguirlas, según Max Weber y Carl Schmit, según se trate de la teoría jurídica o de la política. En el plano jurídico para que una acción sea conforme con el Derecho vigente se requiere que la persona que la realiza tenga derecho a hacerlo (legitimidad) y, además, que la lleve a cabo mediante el marco jurídico establecido (legalidad). En el plano político un gobierno (o monarca) será legítimo si quien lo detenta ha accedido a él mediante "justo título", por los cauces admitidos y será legal si actúa de acuerdo con las normas establecidas.

La tensión entre la legalidad y la legitimidad es una constante de la historia. Interesa en el presente artículo destacar los conceptos en el caso concreto de la Monarquía Parlamentaria y Constitucional española.  

Decir que la Monarquía fue aceptada mediante el referéndum de ratificación de la Constitución en 1978 es como hacerse trampas en el solitario. Si bien fue un referéndum legal y legítimo hay que poner las cosas en su contexto para no caer en el reduccionismo de valorarlo con ojos de hoy, cuando las circunstancias han cambiado mucho.

¿O es que en la votación de un pack indivisible en el que hay 169 artículos, 10 títulos implica estar de acuerdo en la Monarquía? ¿Como se debía interpretar la votación en contra? ¿Podía enmendarse únicamente el Título II, el relativo a la Monarquía?

Lógicamente no era admisible enmendar partes del todo. O todo o nada era la premisa con la que se votaba la Constitución. Y además no había una Asamblea Constituyente, únicamente había 6 padres de la Norma Fundamental más importante, cúspide de todo el ordenamiento jurídico, como si ello fuera una representación plural de la sociedad española. Conviene no olvidar en éste punto por ejemplo que los vascos quedaron fuera de la ponencia constitucional.

¿Eluden el contexto en el que fue elaborada, ratificada y aprobada la Constitución y que en lo que se pensaba era en dejar atrás la infausta dictadura?

En las memorias de Xabier Arzalluz (antiguo Lehendakari) se da habida cuenta de como hubo ciertas imposiciones militares no sujetas a debate (el artículo 8 es un buen ejemplo, una tutela militar en toda regla). Y no hay que olvidar que el Jefe de los Ejércitos es el Rey Felipe VI en la actualidad.

¿Alguien que realmente se precie democrático puede sostener que la Monarquía es una Institución legítima sólo por que fue ratificada por los ciudadanos en un pack indivisible en 1978? ¿Por mucho que el Título II de la CE se dispongan las reglas de la sucesión dinástica realmente es legítimo éste nuevo Rey? ¿Que sea legal lo convierte automáticamente en legítimo?

A los que aún así responderían que si, que efectivamente esa es la mayor fuente de legitimidad de la Institución les diría; ¿entonces si se votaba en contra de la CE por no estar de acuerdo con la Monarquía (Título II) también se estaba en contra del derecho fundamental a la educación, a la libertad de opinión, de expresión, a la libertad sindical, etc.?

Pero igualmente el Rey sabe que no disfruta de la legitimidad. Cuentan que Suárez cuando se reunió con la Platajunta (los partidos de la oposición al franquismo) les dijo algo como; "Yo tengo el poder, ustedes tienen la legitimidad, de lo que se trata ahora es de unir poder con legitimidad". Algo así como "yo controlo las leyes, ustedes al pueblo, vamos a unir leyes y pueblo". El Rey sabe que a él no lo pueden votar pero lo pueden botar. Y tercio seguro que actuará en consecuencia. 

Hay que poner encima de la mesa aquellos temas de debate que en la Transición se impidió que se pusieran encima de la mesa:

1) Monarquía o República
2) Bandera rojigualda u otra
3) Unidad de España 

Antes que tarde hay que lidiar con éstos temas. Y plantearnos una interesante y procedente pregunta:

¿Será Cataluña el 23-F del Rey Felipe VI?

España no es una democracia

El título del artículo puede parecer provocador y, seguramente, más de uno no estará de acuerdo, pero conviene, de una vez, comenzar a dominar un lenguaje que escape de la propaganda repetida constantemente por los medios de comunicación dominantes.


Uno de los potenciales axiomas más repetidos en el País, el Mundo, ABC, la Razón, la Vanguardia, y los medios afectos al régimen ha sido; cuando Franco murió, el Rey heredó la Jefatura del Estado y supo ser un estadista y hacer una mal llamada Transición a la democracia con el liderazgo de Adolfo Suárez, el adalid de la democracia. Un demócrata de toda la vida pero que casualmente fue Secretario del Movimiento Nacional (cuyo rango para entendernos sería el de Ministro). Y ahora, sin pestañear, y haciendo una lectura del Título II de la Constitución del 1978 (CE), se ha hecho una permuta en la Jefatura del Estado que por mucho que esté dispuesta en el art. 57 CE ha sido poco democrática. Que sea legal no lo torna automáticamente en legítimo, ni en democrático. Muchos repiten constantemente que somos un Estado de Derecho y que sin ley no hay democracia, conviene apuntar que también somos, y la palabra está antes en el art. 1.1 CE, un “Estado democrático de Derecho”. Es decir no hay ley sin democracia.


Además el hecho más palpable y contrastable que vino a traer la democracia fue la Constitución del 1978 (CE), la cual se ha repetido hasta la saciedad que fue redactada con la nota del “consenso” además supuso que los partidos y los políticos tuvieran una gran “responsabilidad histórica” y que por el mero hecho de que en el art. 1.1 se dispusiera que España es un “Estado social y democrático de Derecho” pasábamos claramente de una dictadura a una democracia a la altura de las democracias liberales europeas.

Antigua idea es la goebbeliana de que cuando se repite una mentira muchas ocasiones al final se acaba creyendo que es verdad. Que la CE diga que somos un Estado democrático no nos convierte directamente en un Estado democrático. Debe materializarse.

¿Y es democrático que el Jefe del Estado sea escogido digitalmente por un dictador y su legitimidad de origen provenga de la victoria del bando nacional en la guerra civil española? ¿Es democrático que se vote a una lista cerrada y bloqueada decidida, salvo honrosas ocasiones, decidida por la cúpula de los partidos? ¿Es democrático que aún presentando una ILP con más de 1.500.000 firmas el Gobierno se permita el lujo de ignorar su contenido? ¿Es democracia que los ciudadanos no vean reconocido su derecho a la participación política reconocido como derecho fundamental en la CE? ¿Es democrático que los dos grandes partidos dinásticos del régimen modifiquen el art. 135 CE poniendo el principio de estabilidad presupuestaria por encima de la garantía de los derechos sociales más esenciales?

Todas éstas preguntas son muy procedentes en el estado de cosas actual. Cabría reflexionar sobre qué es exactamente España. Si atendemos a la integración de dos conceptos, a saber, el de cleptomanía (propensión morbosa al hurto) y plutocracia (preponderancia de los ricos en el gobierno de un país) encontramos un término de reciente cuño que, bajo mi modesto modo de entender las cosas, encaja en la definición de lo que actualmente es España; una cleptocracia.

Dicho poder establecido se caracteriza por el hurto constante de riquezas, la corrupción institucionalizada así como los fenómenos que lleva aparejados, el nepotismo, es decir el colocar a personas cercanas, los famosos 'enchufes', otorgando concesiones o empleos públicos sin ningún respeto por los principios de mérito y capacidad que deben guiar la contratación de empleados públicos. Además también se caracteriza por un acentuado clientelismo político, y es ocioso recordar que en España únicamente cabe hacer una lectura detallada de las principales concesiones de obra pública que se recogen en el BOE para determinar que vivimos en un capitalismo de amiguetes, además de vivir en un país en el que muchos recursos públicos sirven para atar votos en corto. Eso no es democracia. Además la nota común a todas éstas actitudes es la prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución administrativa injusta por parte de funcionario público.


Pero la impunidad está garantizada en éste sistema, puesto que los instituciones clave del poder están corruptas y los mecanismos de control están claramente politizados.

Por ello el diseño institucional que vino tras la muerte del dictador se está demostrando claramente insuficiente. Con una ciudadanía que cada vez demanda que la democracia no es poner una lista cerrada y bloqueda en una urna cada 4 años. Es mucho más que eso y se deben arbitrar mecanismos de participación ciudadanos si a éste sistema se le quiere llamar democracia y quiere ser contemporáneo al s.XXI. No es admisible el funcionamiento p. ej. del Tribunal de Cuentas, tampoco la politización a la que se ha visto sometido el mayor intérprete e Institución clave en un Estado constitucional como es el Tribunal Constitucional (cuyo Presidente era militante del PP) y mucho menos aún el mantenimiento de una cámara alta de representación territorial como el Senado que, directamente, no sirve para su comedido, y podríamos seguir con más...

Por mucho que se diga A en una Ley no significa que ese A sea cierto, el art. 1.1 es, actualmente, papel mojado si no se materializa. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General debe ser modificada si se quieren hacer las reformas que tanto se están oyendo éstos días. Porque es obvio que va a haber cambios dado el cambio generacional y las demandas de que así sea.

Lo que enseña la historia es que o los cambios se hacen mediante una reforma o, de lo contrario, con una ruptura. Y en España son demasiadas las Constituciones que hemos tenido como para no tener perspectiva histórica y comenzar a dotar de contenido a un sistema político que no por mucho repetirse se disfruta; una democracia.

Confunden legalidad con democracia

En los últimos meses ha acontecido con mucha fuerza el debate sobre el proceso secesionista catalán. Algunos creían, ingenuamente, que después de 35 años de Constitución (CE) habría una evolución del contenido de la misma y, sobretodo, una interpretación acorde con las realidades sociales y los tiempos en los cuales debe enmarcarse cualquier norma fundamental de cualquier Estado que se precie democrático. No ha sido así. Y de hecho se ha caído en una lamentable confusión; identificar legalidad con democracia. Creer que es el Estado de Derecho el que garantiza la democracia y no al revés.

Los vascos con el Plan Ibarretxe y los catalanes en el contexto actual se han dado de cruces con la realidad jurídica y política española. Esa concepción tan carcelística de las leyes, es decir, el que actúen, como dijo Aitor Esteban (PNV) como “una trinchera”, como un cortapisas a cualquier proyecto político que pretenda cuestionar la interpretación que se ha hecho de la CE a lo largo de éstos últimos años por parte de los dos partidos dinásticos (PP-PSOE) y su guardián fiel y tradicional; el Tribunal Constitucional.

Es bastante cansino el debate entre legalidad, legitimidad, competencias e identidad. Y bien haría el poder establecido en España en entender que el tiempo en el que se podían asimilar e igualar los territorios se ha acabado. Aquella chapuza hecha con la interpretación del Título VIII de la CE (café para todos) y la Ley Orgánica de Armonización (?) del Proceso Autonómico tras el 23-F vuelve ahora con toda su crudeza. Pero es que todavía no han entendido -o no quieren- nada.

¿Es la Ley la que debe adaptarse a la realidad social o al revés? ¿Los que pregonan que España es un Estado de Derecho se olvidan que también, antes de la palabra “Derecho”, aparece la palabra “social” en esa Constitución que tanto dicen defender? ¿Democracia no es demos (pueblo) y krátos (poder o gobierno), es decir, poder del pueblo? ¿Quién puede negarse a que los ciudadanos voten aunque no te guste aquello sobre lo que quieran votar si lo demanda una mayoría muy clara?

Me abruma el discurso oficial y oficialista del establishment español al problema territorial que por siglos arrastra España y que, conviene decirlo alto y claro, ha sido aminorado con el poder de las armas en múltiples ocasiones. Ahora se están poniendo muy nerviosos y no saben muy bien como actuar, por ello utilizan la Constitución como arma arrojadiza para coartar las voluntades colectivas. Enésimo error.

Hace tiempo dije ya que España no era una democracia, que España era una Constitución en la que, además, no estaba garantizada ni la separación de poderes. Y analizar el contexto en la que fue dictada y, en consecuencia, su legitimidad, haría un gran favor al progreso democrático de éste país. Por que hoy es Cataluña pero mañana, ¿que pasará si los españoles quieren decidir si quieren la forma de Estado?