La fosa común europea

¿Quienes somos? ¿Qué principios rigen y guían nuestras conductas? ¿Ante qué situaciones debemos rebelarnos y exigir a nuestros gobernantes una adecuada reacción? ¿Discernimos correctamente entre lo bueno y lo malo? ¿Entre lo justo y lo injusto? ¿Entre lo vicioso y lo virtuoso? ¿Asumimos nuestra responsabilidad en todo lo que sucede? ¿Vamos a seguir permitiendo que mueran personas humanas en nuestras costas?


Es interesante hacer mención al preámbulo de la Carta Europea de Derechos Humanos para determinar cuales deberían ser los patrones de conducta que debieran regir las soluciones a los graves problemas que, en materia de inmigración y derechos básicos esenciales, acucian a Europa.

Dispone:

“ Los pueblos de Europa, al crear entre sí una unión cada vez más estrecha, han decidido compartir un porvenir pacífico basado en valores comunes.

Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación.”

¿De qué porvenir pacífico hablamos si cada semana dejamos morir a personas humanas en el Mediterráneo? ¿Cual es ese patrimonio espiritual y moral? ¿Valores indivisibles y universales? ¿Como podemos hablar de dignidad humana si la vida está por encima de la libertad, la igualdad y la solidaridad? ¿El espacio de libertad, seguridad y justicia sólo está reservado a los ciudadanos europeos? ¿Como se puede hacer un ejercicio de tanta hipocresía entre lo que se dice en los tratados, lo que se hace en la práctica y lo que se piensa en la realidad? ¿De qué solidaridad hablamos?

Muchas personas son las que arriesgan su vida por hallar un futuro mejor en su desesperada búsqueda de unas mejores condiciones de vida, de educación o de protección internacional u otro tipo de amenazas a su vida, libertad o seguridad. Se les denomina “refugiados del mar”. Es importante citar el Convenio Internacional sobre Búsqueda y el Salvamento Marítimos de 1979 (en adelante SAR) del que la UE es parte, en él se estipula que los Estados Partes “garantizaran que se preste auxilio a cualesquiera personas que se hallen en peligro en el mar […] sean cuales fueren la nacionalidad o la condición jurídica de dichas personas o las circunstancias en que éstas se encuentren” y añade que deberán “prestarles los primeros auxilios médicos o de otro tipo y trasladarlas a un lugar seguro”.
Es de un cinismo mayúsculo desestabilizar zonas como Siria, Libia, Somalia, Eritrea y un largo etcétera y cuando sus ciudadanos pretenden refugiarse en lo que se nos llena la boca de decir que es un espacio de libertad y de seguridad se les abandone a su suerte en las costas que son de nuestra jurisdicción. Conviene recordar que fue la OTAN la que se dio un garbeo por Libia y ha creado las condiciones necesarias para que ya no exista un Estado. ¿Resultado? Guerras tribales. ¿Y qué hacemos con los que pretenden refugiarse? ¿Les vetamos la entrada? ¿Y los refugiados sirios no tienen derecho a obtener una respuesta basada en los principios y valores que dice tener la UE?

Existen víctimas de primera y de segunda, y sabe muy mal decir que el color de la piel todavía tiene demasiado que ver. Se ha hecho la oportuna comparación entre el trato mediático recibido por el accidente de Germanwings y el dado por las tragedias humanas y casi diarias que suceden en el Mar Mediterráneo. Debiera hacernos reflexionar el hecho de que se defina a los muertos como “inmigrantes” y no como “personas”. Microracismo secular que todavía nos asola.

“Las guerras seguirán mientras el color de la piel siga siendo más importante que el de los ojos” Bob Marley.

La encrucijada griega

Hoy se producen las esperadas elecciones generales griegas que pueden determinar que un partido como Syriza, al que ciertos sectores tachan de extrema izquierda o neomarxista, consiga gobernar.

Grecia ha sido un país duramente castigado por la Gran Recesión económica, sobretodo a partir de 2008. Cuando el país heleno entró en el euro en 2001 mintió en sus datos macroeconómicos, con la ayuda inestimable de Goldman Sachs. Hecho que supuso que los desequilibrios económicos, en caso de una caída del PIB, se pronunciaran mucho más como de hecho sucedió cuando la economía mundial estornudó estrepitosamente tras la caída de Lehmann Brothers en septiembre de 2008.

Las recetas para Grecia fueron y han sido durísimas. Ajustes estructurales lo llaman algunos recortes en el Gasto Público determinan otros. El lenguaje no esconde que en Grecia la desigualdad ha aumentado a niveles impensables, la renta por cápita ha caído drásticamente y la histórica oligarquía de navieros, constructores y aristócratas que tienen el poder en el país sigue en su sitio. La élite política sigue en su sitio y, de hecho, prospera con la Troika.

Privatizaciones, venta de patrimonio público, disminución del gasto social, cierre de la televisión pública, despido de funcionarios y, en definitiva, una serie de medidas impuestas por la Troika para que Grecia pueda pagar el rescate. Una suerte de chantaje; te dejo los recursos que necesitas pero a cambio harás lo que yo te pida. Alemania y los actores acreedores, ingenuamente, siguen creyendo que ésta política austericida no tiene costes políticos. Aunque parece que a la desesperada el BCE se ha apresurado a anunciar una compra masiva, al fin, de deuda pública en el mercado secundario.

Si yo te debo 1 dólar el problema lo tengo yo, en cambio si te debo 10.000 dólares el problema lo tienes tú. Es algo que ya dijo Keynes y que los países acreedores de la deuda soberana griega parecen no querer entender. Es legítimo que los griegos aspiren a una reestructuración de una deuda que el último trimestre de 2014 era del... ¡176 % del PIB! ¿Y la capacidad financiera para devolverla? Grecia no ha tenido un sólo año de superávit desde que se tienen datos conocidos. Es razonable pensar que deudores y acreedores deben sentarse en una mesa a negociar.

“Viene la esperanza. Grecia avanza. Europa cambia”. Ese es el lema de Syriza. Ante unos partidos políticos tradicionales profundamente desprestigiados, y sobre los que se cierne la sospecha que no han sido más que unos meros lacayos del poder de la Troika, aparece éste partido que ya gobierna en las Islas Jónicas y en Ática, la zona más poblada del país. Esperanza, avance y cambio. Son tres ejes que ilusionan a un sector muy importante del país, los perdedores de la austeridad mal entendida que aspiran a un cambio de política económica.

¿Debe Grecia reestructurar su deuda? ¿Deberían los acreedores negociar una solución que dejara de menguar las expectativas de crecimiento económico en Grecia? ¿En que lugar quedaría la solidaridad interestatal en el seno de la UE si se continuaran exigiendo medidas claramente impopulares en los países con desajustes macroeconómicos? ¿No tuvo Alemania años de sobra para la reunificación tras la caída del muro de Berlín? ¿No incumplió, junto con Francia, sistemáticamente, las reglas de estabilidad presupuestaria del 3% de déficit y del 60% de la deuda pública en función del PIB en los 90? ¿La Unión Europea sólo lo es de nombre? ¿Permitiremos que la economía ponga en peligro un proyecto político tan ilusionante?

Ha habido bajezas electorales. Chantaje político por parte de Angela Merkel, quién se atrevió a hacer una injerencia en los asuntos soberanos griegos para insinuar hacia donde debía ir el voto. Un escándalo político que ha pasado bastante inadvertido.

Las recetas dadas a los griegos a sus desequilibrios económicos han acumulado un hastío ciudadano que ahora puede encontrar su cauce electoral con Syriza. Y ello no debería sorprender a cualquier demócrata, puesto que cuando quién gobierna lo hace para una minoría (acreedores, grandes propietarios, navieros, constructores...) la mayoría es legítimo que se rebele o que, cuanto menos, aspire a una reforma. Y con razón. Si los intereses de la deuda pública y la devolución del capital de la misma deben pasar por encima del gasto social entonces hay dos opciones; I) o bien reestructurar la deuda para que los servicios públicos básicos puedan seguir prestándose o II) se fuerza la situación dejando el terreno adobado para que haya una ruptura más o menos democrática.

¿Es que Grecia pretende aspirar a algo sumamente descabellado y apocalíptico como pronostican algunos? Éste interesante breve trabajo se encarga de responder de forma taxativa a ésta pregunta. Un sólo dato; en 14 ocasiones a lo largo de la historia, España ha caído en situaciones de impago de la deuda.

Si la UE en la que vivimos debe ser una Organización supranacional en el que los dictados económicos de Alemania son los que se siguen entonces es un proyecto en el que es poco atractivo vivir. Los valores y los principios comunes no pueden quedar únicamente sobre el papel, deben materializarse y no supeditarse a la economía. Y la solidaridad implica tener memoria y recordar aquellos momentos en que uno lo pasó mal y los otros países no exigieron sino que comprendieron. Los gobiernos deben gobernar a los mercados y no al revés.

La economía es algo demasiado importante como para dejársela sólo a los economistas. Hoy Grecia votará y el que escribe se atreve a pensar que éstas elecciones pueden marcar un antes y un después en el como se gestiona la salida de ésta Gran Recesión que tiene mimbres de un agotamiento del sistema capitalista patrimonial nacido a finales del S. XVIII. Éste último debate teórico lo dejamos para otro artículo... 

Ciutat Morta o l'Estat vomitiu d'un sistema

Podrits. Desfassats. Abusadors. Torturadors. Prevaricadors. Falsejadors. Esbirros.

No poden venir caps altres paraules després de veure, per segon cop, Ciutat Morta. Documental, per cert, que mai, absolutament mai, s'hauria d'haver produït, senyal de que tots els fets que en ell es relaten mai haguessin existit. Lamentablement no ha estat així.

Un edifici okupat al carrer Sant Pere Mes Baix que és de titularitat pública, propietat de l'Ajuntament. Un petit gran detall. Una primera versió que no encaixa amb els interessos municipals és tergiversada (per tant es prevarica i es falseja documentació oficial per part de funcionaris públics). L'alcalde Joan Clos declara a la ràdio, la nit dels fets, que ha sigut un test i no pas una pedra, el que ha impactat al cap del policia. Casualment, la jutgessa, potser la més prevaricadora de tots plegats, no va admetre el testimoni de l'alcalde com va sol·licitar la defensa. Curiós.
I els detinguts? Se'ls va garantir els seus drets fonamentals? El dret a la pressumció d'innocència? El dret a no rebre tortures o tractes humils o degradants? El dret a un jutge d'instrucció imparcial? El dret a la sol·licitudt de practicar proves? El dret a la igualtat d'armes tant en la fase d'instrucció com en la fase de judici oral? El dret, en definitiva, a una tutela judicial efectiva que tant pregona la Constitució al seu artícle 24?


Res d'això va succeïr. En comptes del dret a la pressumció d'innocència van tenir la presumpció de culpabilitat. Rebent per part dels Cossos i Forces de seguretat una sort de tracte inhumà des del primer moment en que van ser detinguts. I tot negant els fets que se'ls imputaven des d'un primer moment la sensació era, és i serà que ja havien triat qui serien els qui farien encaixar la versió que més interessava a l'Ajuntament. I la fatalitat, a la que després es farà referència, de que Patricia Heras i el seu amic Alfredo, que no tenien res a veure amb la festa van ser detinguts, erròniament, al Hospital del Mar, lloc on van ser duts els 3 detinguts torturats a la Comissaria de la Rambla.

I quina era la versió que més interessava a l'Ajuntament?

Doncs que en comptes de, com es va afirmar en un primer moment, hagués sigut un test caigut del terrat el que va impactar al cap del policia i el va deixar en estat vegetatiu, va ser una pedra llençada des del carrer, i per tant en l'exterior d'un edifici de la seva propietat, el que va impactar al cap del policia. I la única prova que sostenia aquesta versió? El testimoni dels policies actuants en el lloc dels fets. Amb la manca d'imparcialitat que aquest tipus de prova sol comportar per estar constituïda per aquelles persones que han vist ferit a un company i que, per tant, sense que això no deixi de ser greu, que ho és, hom pot presumir que no seran tot el recelosos que haurien de ser a l'hora de tenir la objectivitat necessària per relatar, de manera fidedigna, allò que va passar.

Condemnats. Aquest és el resultat. Però després d'haver passar 2 anys, el màxim permès per la llei, en presó preventiva, van poder obtenir la llibertat condicional. Es va presentar recurs davant del Tribunal Suprem i aquest va ampliar la pena a petició de la Fiscalia. És en aquest moment quan Patricia Heras, que recordem que degut a un accident amb bicicleta amb el seu amic Alfredo havia anat, de manera incidental, a l'Hospital del Mar, decideix suïcidar-se tirant-se per la finestra del pis on vivia amb la seva parella. I tal com diuen al documental en un moment “no hi ha més prova de la veritat que la pròpia vida”. Una persona innocent que es treu la seva vida per, en gran part, no poden suportar la pena que recau sobre ella. Un fet enormement preocupant i que en cap cas ha de quedar sense resposta.

Aquest cas no pot quedar així. No ha de quedar així. Això seria la pitjor prova de que la impunitat i la immunitat policial i política estan a l'ordre del dia. El responsable d'elaborar l'informe, presumiblement Victor Gibanel, persona que va aconseguir una mesura cautelar dictaminada per un Jutge per a censurar 5 minuts del documental, ha de quedar retirat sense cap tipus d'honors. Que té medalles? Doncs se'ls hi retiren. És un acte de Justícia material. Joan Clos? Persona que no va estar, en cap cas a l'alçada, ha de donar explicacions, com a mínim. Jordi Hereu i Carles Martí? Tres quarts del mateix. I no hauria de ser descabellat pensar que hi ha indicis racionals de que han pogut incórrer en conductes presumptament delictives (obstrucció a la justícia, prevaricació...). I els policies torturadors? Investigats i, en el seu cas, condemnats i sense possibilitat legal d'indult (pressionant per modificar, en el seu cas, la Llei de l'Indult de...1870!). I els que van mentir en els seus informes i/o testimonis? Investigats i, en el seu cas, condemnats.

El cas revesteix una gravetat que no hauria de passar desapercebuda. S'hi posen de relleu aspectes que han de fer-nos pensar. La desconnexió generacional i d'enteniment entre segments socials i les institucions de l'Estat. L'estigmatització del que anomenem col·loquialment “pintes” però que no deixa de ser una exteriorització d'un mateix, del seu jo. Mai hauria de ser motiu de detenció el dur una determinada estètica. És totalment irrellevant a la investigació afirmar que es duu “estètica okupa”. És un extrem essencial, substancial? Hauria de ser-ho? Si la resposta és afirmativa és que com a societat tenim un problema d'integració i de cohesió important. Nosaltres, els catalans, que sempre ens lloem de que la nostra terra és un lloc d'integració, de multiculturalitat. Fer més i no dir tant és el que cal.

Errors que no s'han de tornar a repetir. Determinació, en el seu cas, de culpabilitats i responsabilitats polítiques, policials i judicials. Neteja. La dimensió ètica no pot quedar al marge de tot el que va passar el 4 de febrer de 2006. Com a societat que aspira a la cohesió, a la justícia social, a la llibertat positiva i a la democràcia plena hem d'intentar passar aquesta negra i borrosa pàgina succeïda a Barcelona. Les víctimes ho mereixen. 

Humildes propuestas constitucionales (I)

Es público y notorio que España vive sumida en una triple crisis sin precedentes. Una crisis económica (gran recesión) doble; internacional y nacional, una crisis institucional de lo que se ha venido a denominar el régimen de la Transición y una de las más preocupantes, la crisis moral, el no disponer de unos valores y unos principios que rijan la sociedad y ésta los entienda como buenos, como virtuosos.

Los partidos dinásticos del régimen del 78 (PP y PSOE) están sumidos, ellos también, en su propia crisis. Tienen un problema de credibilidad y sobre ellos se cierne la legítima sospecha que siendo ellos quienes han gobernado éste país durante más de 30 años sean precisamente los garantes de una solución. Y no sólo sobre ellos sino también sobre los partidos nacionalistas tradicionales; CiU, PNV, BNG y Coalición Canaria.

La falta de credibilidad y la ausencia de expectativas incentiva que se ambicione abrir el candado del modelo del 78 y adaptar la Constitución (CE) a la realidad social actual. Porque la CE es aquélla norma que está en la cúspide del ordenamiento jurídico de un Estado, la cual limita al poder al tiempo que reconoce y otorga derechos y libertades a los ciudadanos. También deberes y obligaciones. En otras palabras, o se abre el candado del 78 y se comienza a hablar serenamente de cómo hay que adaptar la Constitución a la nueva realidad social española (incluso plantearnos si más convendría abrir un proceso constituyente) o la ruptura está servida.


Bajo mi modesto punto de vista habría que abordar debates serios, rigurosos, racionales y sin dramatismo sobre las siguientes cuestiones que, o bien no se pudo, o no se quiso abordar durante la Transición:


Memoria histórica. Un país en el que todavía hay muertos enterrados en las cunetas no es un país cohesionado socialmente. Un país que se excusa en que existe una Ley de Amnistía que establece que no se pueden investigar éste tipo de asuntos es un país que no quiere reconocer su pasado, y al no reconocerlo vulnera uno de los derechos más sagrados que pueden existir; el de una sepultura digna. Un país que en pleno siglo XXI todavía no es capaz de impartir justicia, hacer memoria y hallar la verdad en éstos particulares es un país mucho menos humano de lo que pretende ser. Y no, no se trata de reabrir viejas heridas, se trata de cerrar las que todavía existen abiertas. Y es que hasta que no se desentierre al último muerto y hasta que no se respete la voluntad de los familiares, sean del bando que sean, la guerra civil no se habrá terminado en España. Y creo que los nietos y los bisnietos tenemos que olvidar e intentar perdonar viejas rencillas de nuestros padres, abuelos y bisabuelos.

La recompensa es demasiado jugosa como para no intentarlo. Es la reconciliación simbólica de las dos Españas de Ortega y Gasset.

Nacionalidades. Habría que comenzar a reconocer el desaguisado que se diseñó, valga decir que sobre la marcha y con más improvisación de la que se ha reconocido, con el modelo del Estado de las Autonomías, el café para todos. ¿Café para todos? Sí, pero cada uno en la dosis que le sea digerible tomar. Y en muchos lugares se deberá dejar en electoralismo de lado y desgastarse políticamente para hallar soluciones que coadyuven a que nuestros hijos y nietos se encuentren un país en el que todos los territorios, se sientan naciones o no, pueden sentirse cómodos en una nación de naciones. Si el art. 2 de la Constitución habla de nacionalidades y regiones y ello estaba pensado para separar regiones administrativas de territorios con singularidades concretas nada impediría a día de hoy intentar volver a una suerte de casilla de inicio. Lógicamente los votos perdidos por muchas formaciones políticas que de la crispación han obtenido sus réditos son un gran escollo. Y no será fácil. 

Competencias. Los artículos 148 y 149 (competencias que pueden asumir las CCAA y las competencias exclusivas del Estado) de la CE y, sobretodo, el desarrollo jurisprudencial que de ellos ha hecho el Tribunal Constitucional tienen que someterse a profunda revisión. El lenguaje vago y ambiguo que en ellos se utiliza no ha ayudado en nada a una paz institucional en materia de competencias. Deben limitarse y delimitarse mucho mejor qué es competencia del Estado y qué es competencia de las CCAA. Incluso que competencias podrían ser exclusivas en determinadas CCAA mientras en otras no. Igualdad en ningún caso debe significar uniformidad. Solidaridad jamás debe asimilarse a subvención perpetua.

Está en juego la cohesión social. Una sociedad madura, plural y democrática intenta y debe conseguir un debate sereno sobre los asuntos políticos de altura. Y dejar que los problemas se dilaten en el tiempo no los soluciona, antes al contrario, los enroca y los profundiza.


Y mucho yerran, bajo mi modesto modo de ver las cosas, quienes entienden que el asunto de la memoria histórica no debe abordarse. Nadie está hablando aquí de ningún tipo de venganza. ¡Qué soberana tontería! Se está hablando de garantizar los derechos humanos más elementales que deben asistir a cualquier persona humana por el simple y mero hecho de serlo. Nos estamos jugando demasiado.

Y aquéllos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo de manera estrepitosa.

Reflexiones sobre la visita de Mariano Rajoy a Catalunya

Ayer Mariano Rajoy visitó Catalunya. Ésto es un dato objetivo no sujeto a discusión. Ahora bien, ¿qué vino a hacer? ¿a quién vino a visitar? ¿qué vino a explicar? ¿de qué quería convencer? ¿y, sobretodo, a quién quería convencer? En éste vídeo podemos escuchar algunas de las opiniones de los asistentes al acto del PP ayer en Barcelona. Juzguen ustedes mismos.

El Presidente del Gobierno de la nación dijo hace unos días que tenía que explicar mejor sus razones. Reconociendo de manera implícita que su Gobierno estaba perdiendo el debate sobre el asunto catalán. No obstante, a juzgar por el tono y el contenido de sus declaraciones de ayer, y la 'inestimable' ayuda de don bidón de gasolina Sanchez-Camacho, se acabó de certificar la desconexión emocional entre el PP y Catalunya. Y si lo aliñas con querellas interpuestas por la Fiscalía de por medio bajo las cuales existe una sospecha fundada y racional de que ha habido 'presiones' del Gobierno la desconexión se acentúa más. ¿Punto de no retorno? El tiempo lo dirá.

Sus argumentos, algunos de ellos, son muy poco consistentes. Por ejemplo el del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Veamos la secuencia; Cataluña, de conformidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y demás leyes reguladoras sobre la materia, dada su capacidad económica, aporta más recursos de los que recibe a las arcas del Estado. Arcas que posteriormente deben hacer un reparto, en aras al principio de solidaridad interregional, a las distintas CCAA que conforman el Estado español para que exista equilibrio e igualdad entre todas ellas. En tiempos de Gran Recesión económica los mercados impusieron unos intereses prohibitivos a las CCAA las cuales han mutualizado la deuda con el FLA ¡pagándole un interés al Estado!. Eso es una gestión solidaria de los recursos de todos. Si éste tiene que ser el principal argumento de Rajoy no tengo ninguna duda que a la rotura de España le queda menos que más. Si Cataluña es entre el 20-25% del PIB español no puede sentir que el Estado le está 'rescatando'. Es cínico pensarlo y más cínico presentarlo como una bondad estatal hacia Cataluña. Ellos lo saben y siguen usando éste falaz argumento.


Así las cosas aparece la objeción estrella de los populares, a saber, hay que cumplir la Ley. Para desayunar la Ley, para comer la Ley y para cenar más Ley. Esa Constitución sagrada hoy que algunos despreciaban ayer, como José María Aznar, ahora parece ser el muro de contención para acallar las aspiraciones políticas de una parte significativa de ciudadanos de Cataluña que sienten que su relación con el Estado español ha terminado, ya no sienten que sea su Estado y cada vez que el Gobierno de ese Estado intenta convencerles de que caen en un error, más se dan cuenta de que quieren ir hacia el final con el proceso político iniciado en Cataluña. Cuanto más se enroca erróneamente el PP en la Ley más crece el independentismo. Y así podemos pensar que llegará a estar escrito, el día de mañana, en los libros de historia. Como un Gobierno que se muestra impotente y bloqueado para articular una respuesta política a un problema político de calado hace que cada vez crezca más la animadversión hacia un proyecto común de estado. Porque como dijo Ortega y Gasset en su célebre libro 'La españa invertebrada' (1922):

“En toda auténtica incorporación, la fuerza tiene un carácter adjetivo. La potencia verdaderamente sustantiva que impulsa y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, un proyecto sugestivo de vida en común. Repudiemos toda interpretación estática de la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámicamente. No viven juntas las gentes sin más ni más y porque sí; esa cohesión a priori sólo existe en la familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo.”


O cambia la actitud electoralista del PP o la ruptura de España está servida. No rehuyo de quitar responsabilidad a los gobernantes de aquí. Mas me parece que es el mayor surfero de la historia. Pero está sabiendo hacer bien su papel y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Duran se mueve con el movimiento 'Construim' que no se sabe muy bien qué es y a qué aspira, está muy incómodo. Junqueras se mueve más reactivamente en función del poder que le dan las encuestas, bajo mi punto de vista equivocándose. Herrera no sabe como gestionar sus contradicciones internas (pluralidad de opiniones le llaman). Iceta está intentando salvar los muebles como puede, sabiendo que el PSC se mueve muy incómodo en el momento que tiene que posicionarse en el eje nacional. Fernández es quizá el que se mueve más cómodo en el actual contexto. Supongo que todos deben saber que si son capaces de unirse en un propósito común serán mucho más fuerte.

¿Aunque existe ese propósito? ¿Hay puntos en común en la posibilidad de ir juntos en una lista conjunta sin siglas de partidos? ¿Con siglas de partidos? ¿Esa potencial unión todavía intentará negociar con Madrid o se convocarán elecciones anticipadas? ¿Todavía quedan estadistas en éste país que gobiernen pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones?

Entre todas la mataron y ella sola se murió, es una constante en la historia constitucional de España. Dar una trascendencia tan importante a la Constitución del 1978 es, bajo mi modesto modo de entender las cosas, desconocer el contexto bajo el que fue elaborada, aprobada y ratificada en referéndum. Y desconocer cuál ha sido su desarrollo normativo y jurisprudencial atendiendo a la restrictiva interpretación que de ella se ha hecho.

Es la Ley quién debe adaptarse a la realidad social y no al revés. ¿Lo entenderá el PP o ya será demasiado tarde?  

El pacto contra la corrupción

La historia, por tozuda, se repite. El partido que está en el Gobierno, en el momento actual el PP, se ve salpicado por escándalos relacionados con la corrupción (Gürtel, Brugal, papeles de Bárcenas, tarjetas 'black', Púnica, etc...). Tras ello se ve obligado a reaccionar y propone un gran pacto contra la corrupción con el principal partido de la oposición, en éste caso el PSOE. Éste se niega a pactar con el partido del Gobierno por entender que 'no se puede pactar con la corrupción'.

Ésto ya sucedió en los 90 cuando el PSOE, salpicado con la financiación ilegal (caso Filesa), ofrecía un pacto contra la corrupción con el PP el cual se negaba en redondo. A finales de los 90 era la historia al revés y 'mutatis mutandi' se repetía la comedia. Y el 'y tu más' siempre de por medio con la excepción de que en el momento actual el caldo de cultivo social es el propicio como para echar del poder a ambos partidos por entender que son la misma cosa en lo esencial. El pez que se muerde la cola.

¿Como pueden pactar aquellos que llevan desde el año 1982 repartiéndose el poder? ¿Como el lobo puede cuidar a las gallinas? ¿De qué manera se pretende pactar por parte de aquellos que se creen parte de la solución cuando realmente son parte del problema? ¿Como van a elaborar unas leyes que deben poner coto a sus prácticas corruptas? ¿Como dar solución a una corrupción del sistema que ellos mismos han creado y gestionado políticamente?

Caso Filesa, caso Ibercorp, caso Eres, caso Pretoria (PSOE-PSC) por una parte. Caso Naseiro, caso Brugal, caso Palma Arena, Gürtel, Bárcenas, Púnica (PP) por otra. También IU y CiU tienen su parte. Es un insulto a la inteligencia que pretendan que pensemos que son 'conductas individuales', siempre lobos solitarios que van por libre y que dañan la imagen del partido por sus intereses egoístas. No. No nos lo tragamos. Ya no. Si A nombra a B y B incurre en una conducta corrupta la culpabilidad es de B pero la responsabilidad política también es de A. En los países anglosajones lo tienen meridianamente claro.

En Derecho Penal, sobretodo en los delitos societarios, pueden llegar a ser responsables penalmente las personas jurídicas (en éstos casos el PP y el PSOE) y con mayor trascendencia tras la introducción, con la reforma del Código Penal (CP) de 2010, del artículo 31bis. Es decir, por seguir con el ejemplo, si B incurre en una conducta presuntamente delictiva “en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y provecho” del partido (A), el partido será penalmente responsable si no ha ejercido el “debido control” sobre él.

Es decir, si el PP o el PSOE no han ejercido el debido control sobre las personas que estaban sujetas a su autoridad (habrá que leer bien los Estatutos de los partidos vigentes a la fecha de cometerse las presuntas conductas delictivas) el partido, según el art. 31bis del CP será penalmente responsable. Por tanto el extremo de que el Partido Popular pretenda, por enésima vez, desmarcarse de las conductas cometidas por personas individuales sometidas a su autoridad, arguyendo que actuaban por su cuenta y riesgo no es admisible con el actual marco legislativo en materia penal. Sobretodo a partir de 2010.

¿Parece claro que los partidos políticos pueden ser responsables políticamente? A la luz de el art. 31bis del CP lo parece. Pero si atendemos al último párrafo del citado artículo nos damos de cruces con la realidad, dispone:

“Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables […] a los partidos políticos y sindicatos...” Entre otros. Vemos como de nuevo quienes deben elaborar las leyes son los mismos que las aprueban en su beneficio.

Mucho espectro social es el que piensa que deben marcharse. Deben dejar paso a una regeneración pero no protagonizada, ni mucho menos, por ellos. Abrir puertas y ventanales para que entre un poco de aire al cargado ambiente que existe en las alcantarillas del Estado. La Justicia debe actuar con celeridad y contundencia. El Ministerio Fiscal o acusación pública debe servir para su finalidad recogida en el art. 1 de su Estatuto Orgánico que establece:

“El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

No valen 'parches' como el Real Decreto publicado ayer en el BOE que parece que aumentaba los Magistrados y Jueces cuando principalmente se asignaban plazas fijas a quienes no las tenían. Hay demasiado anhelo de Justicia, demasiado interés social en que los casos de corrupción que asolan la confianza entre la ciudadanía y sus gobernantes se esclarezcan y que el peso de la ley caiga con toda su contundencia a quienes no han sido dignos, presuntamente, de ostentar cargos públicos y gestionar los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanos.

¿Regeneración democrática? Sí. ¿Pacto contra la corrupción? Por supuesto. Pero bajo ningún concepto capitaneado por aquellos que nos han traído hasta aquí. PP y PSOE deben marcharse antes que tarde y dejar paso a la verdadera regeneración, aquélla que los bote del poder. 

¿Donde debo llevar el ramo de flores?

Hoy es el día de Todos los Santos. Fecha señalada en la cual se rinde homenaje a los seres queridos que perecieron y pasaron a mejor vida yendo al lugar donde fueron enterrados a llevar flores y a orar por ellos. Es una tradición católica que ha sido traída hasta nuestros días y que sigue, en muchos casos, plenamente vigentes.

¿Y aquéllos que todavía no han podido dar sepultura digna a sus seres queridos? ¿Y aquellos que no saben a qué lugar tienen que llevar un ramo de flores para sus seres queridos en una fecha tan señalada para tal fin?

Es el caso de mi familia y la de muchas otras que todavía, con absoluta vergüenza y pasmo, debemos seguir luchando para que se investiguen las desapariciones forzadas durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior represión franquista (1939-1975) para que, de una vez por todas, puedan cerrarse esas heridas que llevan abiertas tanto tiempo.

¿Cuales son los elementos que todavía falta que se den para que, definitivamente, se pueda dar carpetazo con uno de los períodos más oscuros de la historia de España?

Justicia. No es admisible que todavía haya familias que no pueden desenterrar a sus seres queridos y saben dónde están. Muchos de ellos en el Valle de los Caídos sin la aquiescencia de los familiares. Saben dónde se hallan pero no pueden sacarlos por la vergonzante Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (en lo sucesivo LA). Esa ley no debería llamarse así, convendría más hablar de 'amnesia', ya que se confunde el término amnistía (según la RAE 'Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores') con el de amnesia ('Pérdida o debilidad notable de la memoria'). Que se pudiera llegar a acuerdos puntuales en un determinado y delicado momento tras la muerte del dictador no debería, ni mucho menos, impedir que se diera sepultura digna a aquellas personas que desaparecieron forzosamente durante la guerra y durante la dictadura. Sean del bando que sean.

Verdad. España es un país que parece tener miedo a la memoria. Ello es comprensible si analizamos el período histórico comprendido entre la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución. No se quiso romper con el pasado sino reformarlo. Aquellos que ejercieron cargos durante la dictadura se 'convirtieron' en demócratas de toda la vida. Los Martín-Villa, los Suárez, los Fraga. Quienes habían ejercido poder durante la dictadura eran los mismos que debían hacer la transición a la democracia. El resultado son artículos como el art. 2 de la LA:

“En todo caso están comprendidos en la amnistía:

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”

Ello constituye una clara invitación a la impunidad y a la inmunidad. Repito, se confunde amnistía con amnesia. Se mezcla el cerdo (extinguir la responsabilidad criminal) con la velocidad (hallar la verdad sobre lo que sucedió en las pérdidas forzadas de personas durante tan oscuro período).

Reparación. No podrá avanzar la Sociedad española (¿existe tal concepto?) si no se reparan éstas situaciones injustas. No puede, en pleno siglo XXI, deber irse a las Naciones Unidas para que emitan Resoluciones encaminadas a que se puedan investigar los crímenes y las desapariciones acaecidas durante el período entre 1936 y 1977 (año de las primeras elecciones 'democráticas' en España). Entiende la ONU que la LA no puede impedir que se investigue, recuerda al Estado español que el Derecho Internacional obliga a todos los Estados y que los Tribunales también son Estado. Hay un conflicto de leyes entre la legislación interna (LA) y las normas de derecho internacional público sobre desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que son los que la Jueza argentina Servini está invocando para proseguir con sus investigaciones.

Es de país de segunda o tercera línea en términos humanitarios que una persona como mi bisabuelo que desapareció el 16 de enero de 1939 y del cual no hemos tenido ninguna nueva noticia todavía siga siendo parte de la oscuridad de la historia de España. Es de una gravedad mayúscula que tantas y tantas familias no sepan donde llevar un simple ramo de flores a sus seres queridos por no saber donde se hallan. Y más triste, vergonzoso e inadmisible que el Estado, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, se niegue a investigar los crímenes y desapariciones invocando una Ley que más que de amnistía parece de amnesia.

Hay que tener un visión lo suficientemente holística como para determinar que éste asunto tiene mucho que ver con la falta de integración social en España. Las dos españas todavía coexisten y un humilde observador se da cuenta que el país no podrá avanzar, y de hecho corre el riesgo de desintegrarse, si no se da una respuesta satisfactoria ante éstas demandas. Sean del bando que sean.

Hay razones de humanidad que aconsejan que, seas del bando que seas, hayas hecho las fechorías que hayas hecho, se te pueda dar una sepultura digna. Los seres queridos tienen el derecho y las autoridades la obligación de ponerse a trabajar. Estamos en el Siglo XXI y los impedimentos técnicos y tecnológicos suenan a excusa barata.

No se trata de abrir viejas heridas, insistimos, se trata de cerrar las ya existentes para que puedan, de una vez por todas, cicatrizar.