Reflexiones sobre la visita de Mariano Rajoy a Catalunya

Ayer Mariano Rajoy visitó Catalunya. Ésto es un dato objetivo no sujeto a discusión. Ahora bien, ¿qué vino a hacer? ¿a quién vino a visitar? ¿qué vino a explicar? ¿de qué quería convencer? ¿y, sobretodo, a quién quería convencer? En éste vídeo podemos escuchar algunas de las opiniones de los asistentes al acto del PP ayer en Barcelona. Juzguen ustedes mismos.

El Presidente del Gobierno de la nación dijo hace unos días que tenía que explicar mejor sus razones. Reconociendo de manera implícita que su Gobierno estaba perdiendo el debate sobre el asunto catalán. No obstante, a juzgar por el tono y el contenido de sus declaraciones de ayer, y la 'inestimable' ayuda de don bidón de gasolina Sanchez-Camacho, se acabó de certificar la desconexión emocional entre el PP y Catalunya. Y si lo aliñas con querellas interpuestas por la Fiscalía de por medio bajo las cuales existe una sospecha fundada y racional de que ha habido 'presiones' del Gobierno la desconexión se acentúa más. ¿Punto de no retorno? El tiempo lo dirá.

Sus argumentos, algunos de ellos, son muy poco consistentes. Por ejemplo el del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Veamos la secuencia; Cataluña, de conformidad con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (CCAA) y demás leyes reguladoras sobre la materia, dada su capacidad económica, aporta más recursos de los que recibe a las arcas del Estado. Arcas que posteriormente deben hacer un reparto, en aras al principio de solidaridad interregional, a las distintas CCAA que conforman el Estado español para que exista equilibrio e igualdad entre todas ellas. En tiempos de Gran Recesión económica los mercados impusieron unos intereses prohibitivos a las CCAA las cuales han mutualizado la deuda con el FLA ¡pagándole un interés al Estado!. Eso es una gestión solidaria de los recursos de todos. Si éste tiene que ser el principal argumento de Rajoy no tengo ninguna duda que a la rotura de España le queda menos que más. Si Cataluña es entre el 20-25% del PIB español no puede sentir que el Estado le está 'rescatando'. Es cínico pensarlo y más cínico presentarlo como una bondad estatal hacia Cataluña. Ellos lo saben y siguen usando éste falaz argumento.


Así las cosas aparece la objeción estrella de los populares, a saber, hay que cumplir la Ley. Para desayunar la Ley, para comer la Ley y para cenar más Ley. Esa Constitución sagrada hoy que algunos despreciaban ayer, como José María Aznar, ahora parece ser el muro de contención para acallar las aspiraciones políticas de una parte significativa de ciudadanos de Cataluña que sienten que su relación con el Estado español ha terminado, ya no sienten que sea su Estado y cada vez que el Gobierno de ese Estado intenta convencerles de que caen en un error, más se dan cuenta de que quieren ir hacia el final con el proceso político iniciado en Cataluña. Cuanto más se enroca erróneamente el PP en la Ley más crece el independentismo. Y así podemos pensar que llegará a estar escrito, el día de mañana, en los libros de historia. Como un Gobierno que se muestra impotente y bloqueado para articular una respuesta política a un problema político de calado hace que cada vez crezca más la animadversión hacia un proyecto común de estado. Porque como dijo Ortega y Gasset en su célebre libro 'La españa invertebrada' (1922):

“En toda auténtica incorporación, la fuerza tiene un carácter adjetivo. La potencia verdaderamente sustantiva que impulsa y nutre el proceso es siempre un dogma nacional, un proyecto sugestivo de vida en común. Repudiemos toda interpretación estática de la convivencia nacional y sepamos entenderla dinámicamente. No viven juntas las gentes sin más ni más y porque sí; esa cohesión a priori sólo existe en la familia. Los grupos que integran un Estado viven juntos para algo: son una comunidad de propósitos, de anhelos, de grandes utilidades. No conviven por estar juntos, sino para hacer juntos algo.”


O cambia la actitud electoralista del PP o la ruptura de España está servida. No rehuyo de quitar responsabilidad a los gobernantes de aquí. Mas me parece que es el mayor surfero de la historia. Pero está sabiendo hacer bien su papel y lo lleva hasta sus últimas consecuencias. Duran se mueve con el movimiento 'Construim' que no se sabe muy bien qué es y a qué aspira, está muy incómodo. Junqueras se mueve más reactivamente en función del poder que le dan las encuestas, bajo mi punto de vista equivocándose. Herrera no sabe como gestionar sus contradicciones internas (pluralidad de opiniones le llaman). Iceta está intentando salvar los muebles como puede, sabiendo que el PSC se mueve muy incómodo en el momento que tiene que posicionarse en el eje nacional. Fernández es quizá el que se mueve más cómodo en el actual contexto. Supongo que todos deben saber que si son capaces de unirse en un propósito común serán mucho más fuerte.

¿Aunque existe ese propósito? ¿Hay puntos en común en la posibilidad de ir juntos en una lista conjunta sin siglas de partidos? ¿Con siglas de partidos? ¿Esa potencial unión todavía intentará negociar con Madrid o se convocarán elecciones anticipadas? ¿Todavía quedan estadistas en éste país que gobiernen pensando en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones?

Entre todas la mataron y ella sola se murió, es una constante en la historia constitucional de España. Dar una trascendencia tan importante a la Constitución del 1978 es, bajo mi modesto modo de entender las cosas, desconocer el contexto bajo el que fue elaborada, aprobada y ratificada en referéndum. Y desconocer cuál ha sido su desarrollo normativo y jurisprudencial atendiendo a la restrictiva interpretación que de ella se ha hecho.

Es la Ley quién debe adaptarse a la realidad social y no al revés. ¿Lo entenderá el PP o ya será demasiado tarde?  

El pacto contra la corrupción

La historia, por tozuda, se repite. El partido que está en el Gobierno, en el momento actual el PP, se ve salpicado por escándalos relacionados con la corrupción (Gürtel, Brugal, papeles de Bárcenas, tarjetas 'black', Púnica, etc...). Tras ello se ve obligado a reaccionar y propone un gran pacto contra la corrupción con el principal partido de la oposición, en éste caso el PSOE. Éste se niega a pactar con el partido del Gobierno por entender que 'no se puede pactar con la corrupción'.

Ésto ya sucedió en los 90 cuando el PSOE, salpicado con la financiación ilegal (caso Filesa), ofrecía un pacto contra la corrupción con el PP el cual se negaba en redondo. A finales de los 90 era la historia al revés y 'mutatis mutandi' se repetía la comedia. Y el 'y tu más' siempre de por medio con la excepción de que en el momento actual el caldo de cultivo social es el propicio como para echar del poder a ambos partidos por entender que son la misma cosa en lo esencial. El pez que se muerde la cola.

¿Como pueden pactar aquellos que llevan desde el año 1982 repartiéndose el poder? ¿Como el lobo puede cuidar a las gallinas? ¿De qué manera se pretende pactar por parte de aquellos que se creen parte de la solución cuando realmente son parte del problema? ¿Como van a elaborar unas leyes que deben poner coto a sus prácticas corruptas? ¿Como dar solución a una corrupción del sistema que ellos mismos han creado y gestionado políticamente?

Caso Filesa, caso Ibercorp, caso Eres, caso Pretoria (PSOE-PSC) por una parte. Caso Naseiro, caso Brugal, caso Palma Arena, Gürtel, Bárcenas, Púnica (PP) por otra. También IU y CiU tienen su parte. Es un insulto a la inteligencia que pretendan que pensemos que son 'conductas individuales', siempre lobos solitarios que van por libre y que dañan la imagen del partido por sus intereses egoístas. No. No nos lo tragamos. Ya no. Si A nombra a B y B incurre en una conducta corrupta la culpabilidad es de B pero la responsabilidad política también es de A. En los países anglosajones lo tienen meridianamente claro.

En Derecho Penal, sobretodo en los delitos societarios, pueden llegar a ser responsables penalmente las personas jurídicas (en éstos casos el PP y el PSOE) y con mayor trascendencia tras la introducción, con la reforma del Código Penal (CP) de 2010, del artículo 31bis. Es decir, por seguir con el ejemplo, si B incurre en una conducta presuntamente delictiva “en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y provecho” del partido (A), el partido será penalmente responsable si no ha ejercido el “debido control” sobre él.

Es decir, si el PP o el PSOE no han ejercido el debido control sobre las personas que estaban sujetas a su autoridad (habrá que leer bien los Estatutos de los partidos vigentes a la fecha de cometerse las presuntas conductas delictivas) el partido, según el art. 31bis del CP será penalmente responsable. Por tanto el extremo de que el Partido Popular pretenda, por enésima vez, desmarcarse de las conductas cometidas por personas individuales sometidas a su autoridad, arguyendo que actuaban por su cuenta y riesgo no es admisible con el actual marco legislativo en materia penal. Sobretodo a partir de 2010.

¿Parece claro que los partidos políticos pueden ser responsables políticamente? A la luz de el art. 31bis del CP lo parece. Pero si atendemos al último párrafo del citado artículo nos damos de cruces con la realidad, dispone:

“Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables […] a los partidos políticos y sindicatos...” Entre otros. Vemos como de nuevo quienes deben elaborar las leyes son los mismos que las aprueban en su beneficio.

Mucho espectro social es el que piensa que deben marcharse. Deben dejar paso a una regeneración pero no protagonizada, ni mucho menos, por ellos. Abrir puertas y ventanales para que entre un poco de aire al cargado ambiente que existe en las alcantarillas del Estado. La Justicia debe actuar con celeridad y contundencia. El Ministerio Fiscal o acusación pública debe servir para su finalidad recogida en el art. 1 de su Estatuto Orgánico que establece:

“El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.”

No valen 'parches' como el Real Decreto publicado ayer en el BOE que parece que aumentaba los Magistrados y Jueces cuando principalmente se asignaban plazas fijas a quienes no las tenían. Hay demasiado anhelo de Justicia, demasiado interés social en que los casos de corrupción que asolan la confianza entre la ciudadanía y sus gobernantes se esclarezcan y que el peso de la ley caiga con toda su contundencia a quienes no han sido dignos, presuntamente, de ostentar cargos públicos y gestionar los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanos.

¿Regeneración democrática? Sí. ¿Pacto contra la corrupción? Por supuesto. Pero bajo ningún concepto capitaneado por aquellos que nos han traído hasta aquí. PP y PSOE deben marcharse antes que tarde y dejar paso a la verdadera regeneración, aquélla que los bote del poder. 

¿Donde debo llevar el ramo de flores?

Hoy es el día de Todos los Santos. Fecha señalada en la cual se rinde homenaje a los seres queridos que perecieron y pasaron a mejor vida yendo al lugar donde fueron enterrados a llevar flores y a orar por ellos. Es una tradición católica que ha sido traída hasta nuestros días y que sigue, en muchos casos, plenamente vigentes.

¿Y aquéllos que todavía no han podido dar sepultura digna a sus seres queridos? ¿Y aquellos que no saben a qué lugar tienen que llevar un ramo de flores para sus seres queridos en una fecha tan señalada para tal fin?

Es el caso de mi familia y la de muchas otras que todavía, con absoluta vergüenza y pasmo, debemos seguir luchando para que se investiguen las desapariciones forzadas durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior represión franquista (1939-1975) para que, de una vez por todas, puedan cerrarse esas heridas que llevan abiertas tanto tiempo.

¿Cuales son los elementos que todavía falta que se den para que, definitivamente, se pueda dar carpetazo con uno de los períodos más oscuros de la historia de España?

Justicia. No es admisible que todavía haya familias que no pueden desenterrar a sus seres queridos y saben dónde están. Muchos de ellos en el Valle de los Caídos sin la aquiescencia de los familiares. Saben dónde se hallan pero no pueden sacarlos por la vergonzante Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía (en lo sucesivo LA). Esa ley no debería llamarse así, convendría más hablar de 'amnesia', ya que se confunde el término amnistía (según la RAE 'Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores') con el de amnesia ('Pérdida o debilidad notable de la memoria'). Que se pudiera llegar a acuerdos puntuales en un determinado y delicado momento tras la muerte del dictador no debería, ni mucho menos, impedir que se diera sepultura digna a aquellas personas que desaparecieron forzosamente durante la guerra y durante la dictadura. Sean del bando que sean.

Verdad. España es un país que parece tener miedo a la memoria. Ello es comprensible si analizamos el período histórico comprendido entre la muerte del dictador y la aprobación de la Constitución. No se quiso romper con el pasado sino reformarlo. Aquellos que ejercieron cargos durante la dictadura se 'convirtieron' en demócratas de toda la vida. Los Martín-Villa, los Suárez, los Fraga. Quienes habían ejercido poder durante la dictadura eran los mismos que debían hacer la transición a la democracia. El resultado son artículos como el art. 2 de la LA:

“En todo caso están comprendidos en la amnistía:

e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.

f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.”

Ello constituye una clara invitación a la impunidad y a la inmunidad. Repito, se confunde amnistía con amnesia. Se mezcla el cerdo (extinguir la responsabilidad criminal) con la velocidad (hallar la verdad sobre lo que sucedió en las pérdidas forzadas de personas durante tan oscuro período).

Reparación. No podrá avanzar la Sociedad española (¿existe tal concepto?) si no se reparan éstas situaciones injustas. No puede, en pleno siglo XXI, deber irse a las Naciones Unidas para que emitan Resoluciones encaminadas a que se puedan investigar los crímenes y las desapariciones acaecidas durante el período entre 1936 y 1977 (año de las primeras elecciones 'democráticas' en España). Entiende la ONU que la LA no puede impedir que se investigue, recuerda al Estado español que el Derecho Internacional obliga a todos los Estados y que los Tribunales también son Estado. Hay un conflicto de leyes entre la legislación interna (LA) y las normas de derecho internacional público sobre desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad que son los que la Jueza argentina Servini está invocando para proseguir con sus investigaciones.

Es de país de segunda o tercera línea en términos humanitarios que una persona como mi bisabuelo que desapareció el 16 de enero de 1939 y del cual no hemos tenido ninguna nueva noticia todavía siga siendo parte de la oscuridad de la historia de España. Es de una gravedad mayúscula que tantas y tantas familias no sepan donde llevar un simple ramo de flores a sus seres queridos por no saber donde se hallan. Y más triste, vergonzoso e inadmisible que el Estado, garante de los derechos y libertades de los ciudadanos, se niegue a investigar los crímenes y desapariciones invocando una Ley que más que de amnistía parece de amnesia.

Hay que tener un visión lo suficientemente holística como para determinar que éste asunto tiene mucho que ver con la falta de integración social en España. Las dos españas todavía coexisten y un humilde observador se da cuenta que el país no podrá avanzar, y de hecho corre el riesgo de desintegrarse, si no se da una respuesta satisfactoria ante éstas demandas. Sean del bando que sean.

Hay razones de humanidad que aconsejan que, seas del bando que seas, hayas hecho las fechorías que hayas hecho, se te pueda dar una sepultura digna. Los seres queridos tienen el derecho y las autoridades la obligación de ponerse a trabajar. Estamos en el Siglo XXI y los impedimentos técnicos y tecnológicos suenan a excusa barata.

No se trata de abrir viejas heridas, insistimos, se trata de cerrar las ya existentes para que puedan, de una vez por todas, cicatrizar.   

¿Caja B en gastos privados en Caja Madrid?

A lo largo de éstos últimos días han aparecido informaciones que apuntan a que los exdirectivos y los exconsejeros de Caja Madrid gastaron 15,2 millones de euros en 10 años -entre 2003 y 2010- en dinero libre de impuestos, totalmente opaco, presuntamente, a los ojos de la Agencia Tributaria.


Ante unas conductas tan deleznables por razón del cargo que ostentaban (no hay que olvidar que una caja de ahorros no tiene ánimo de lucro) la Justicia debería tomar cartas en el asunto. Existen unos indicios racionales como para poder iniciar ciertas investigaciones para determinar si éstas informaciones, bien documentadas en algunos casos, pueden llegar a ser ciertas.

¿Y que podría suceder si fueran ciertas? Estaríamos delante de lo que podría ser una conducta presuntamente delictiva que se podría subsumir en los conocidos como delitos societarios. En éste caso nos encontramos ante el caso de que los administradores de una determinada caja de ahorros se han beneficiado privadamente de sus recursos causando un determinado perjuicio económico a la entidad.

¿Existe algún artículo en el Código Penal (CP) que sancione dichas conductas? Sí. El artículo 295 dispone lo siguiente:

“Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.”

¿Eran administradores de la sociedad? Sí. ¿Hubo abuso de las funciones propias del cargo que ostentaban para disponer fraudulentamente del dinero de la caja de ahorros para su uso privado? Según las informaciones aparecidas sí, habrá que entrar en los detalles de los gastos concretos de cada persona concreta para determinar si, efectivamente, hubo uso fraudulento. ¿En caso de que la pregunta anterior sea respondida afirmativamente, se causó un perjuicio económicamente evaluable a la caja de ahorros? Sí, de 15,2 millones de euros.

Vemos como las conductas que presumiblemente pueden haber llevado a cabo los exdirectivos y exconsejeros por éste dinero gastado en B se pueden subsumir en el artículo 295 del CP, más conocido como delito de administración desleal, es decir, valerse de un abuso de confianza por ostentar el cargo que se ostenta distrayendo bienes de la sociedad en beneficio propio causando un perjuicio económicamente evaluable.

¿Y quién puede perseguir éstos delitos? La respuesta nos la da el art. 296 del CP al establecer que éstos hechos “sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal” En éste caso sería la Fundación de Caja Madrid por ser, tras la reestructuración financiera, la entidad que “absorbió” a Caja Madrid y, por lo tanto, la “persona agraviada”. Sigue el art. 296 diciendo que “también podrá denunciar el Ministerio Fiscal”. Es decir que nos hallamos ante un delito de los denominados de perseguibilidad pública.

Las conductas que pueden haber cometido los Blesa y compañía pueden ser tan reprobables legalmente que bien haría la Fundación en denunciar rápido aunque rehusó hacerlo hace unos meses o sino tampoco se entendería que el Ministerio Fiscal mirara hacia otro lado. De ser verdad éstas “black cards” se estaría no sólo ante un presunto delito de administración desleal, también, si se superan los 120.000 € defraudados por ejercicio fiscal, se estaría ante un delito fiscal (art. 305 CP).

A nivel ético la dimensión puede llegar a ser mayúscula. Una entidad que quedó con un agujero de más de 20.000 millones de euros que tuvimos que pagar entre todos los contribuyentes. Una entidad que estafó a sus clientes minoristas con productos financieros tóxicos reconocido por el propio Presidente de la entidad en sus e-mails. Una recesión económica que ha golpeado con gran virulencia a la sociedad española. No se puede tolerar que no se investiguen las conductas que las últimas informaciones aparecidas pueden llegar a hacer pensar que, efectivamente, ha habido un sector de privilegiados que ha vivido por encima de nuestras posibilidades. Y nos ha hecho pagar la factura a todos los contribuyentes.

En España Montesquieu ha muerto

La teoría de la separación de poderes que Montesquieu acuñó en su célebre obra 'Del espíritu de las Leyes' no tiene cabida en España. Si por separación entendemos división y equilibrio entre los distintos poderes del Estado, esto es, el poder legislativo (Cortes Generales), el poder ejecutivo (Gobierno) y el poder judicial (Tribunales de Justicia), no puede hablarse de tal concepto en el Estado español, con más inri a la vista de los últimos acontecimientos.

¿Que ha sucedido con la Ley 10/2014 de consultas populares no refrendarias y de otras formas de participación ciudadana? ¿Y con el Decreto 129/2014 de convocatoria de la consulta del 9N? El Tribunal Constitucional (TC) ha procedido a hacer aquello que el Gobierno le solicitaba, sin rechistar, casi sin debate interno y con una celeridad sorprendente; ha admitido a trámite ambos recursos y los ha suspendido cautelarmente tal como establece el art. 161.2 de la Constitución.

Lo grave no ha sido lo previsible. Estaba casi escrito que el TC admitiría a trámite los recursos presentados por el Gobierno y, por ello, por imperativo legal, procedería a suspender cautelarmeente los mismos. Lo grave es que el Gobierno se dedique a hacer de TC y diga que eso es “un referéndum ilegal” desde hace muchos días, semanas y meses. ¡Como si conociera de antemano lo que va a resolver el máximo intérprete de la CE!

Ha sido esperpéntico que todavía no estuviera redactada, aprobada, publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya y entrado en vigor la Ley de Consultas así como el Decreto de convocatoria de la consulta y se escuchara a la Vicepresidenta del Gobierno decir que “eso es un referéndum como la copa de un pino”. Primero presumo que es un referéndum y luego utilizo una expresión tabernera. El circo de la política. ¿Y el PSOE? En eso de la unidad de España juegan en el mismo equipo. Le ha faltado tiempo para decir que la consulta catalana era un “referéndum ilegal”. En los últimos días he escuchado a tantos políticos utilizar éstos términos que he pensado si en cada uno de ellos no se esconde un pequeño juez de garantías constitucionales.

Y cabe mirar hacia el TC donde, por cierto, el Presidente del mismo es Pérez de los Cobos, militante del PP en el momento de acceder a dicho cargo y que, además, ocultó a la comisión de nombramientos del Senado. Un pequeño gran detalle que, entendió, que en nada influía en su imparcialidad y en su neutralidad en los asuntos que de bien seguro debería conocer. Y conocidas han sido sus animadversiones hacia Cataluña. La Generalitat intentó recusarle, es decir, que no asumiera su cargo por entender que adolecía de las condiciones necesarias para desempeñar con todas las garantías e independencia su función jurisdiccional. No hubo éxito y en una interpretación muy discutible de la CE y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional se decidió que el cargo no era incompatible con su militancia en el PP. ¡Se llenaron de prestigio!

Y lo que era de esperar es que nos moviéramos en los términos que nos movemos. Ayer el TC admite a trámite los recursos presentados por el Gobierno y suspende tanto la Ley de consultas como el Decreto de convocatoria. ¿Y que dice en su nota de prensa el principal árbitro e intérprete de la Constitución que debe resolver fundamentada y motivadamente dichos recursos?
Pues literalmente; “el TC admite a trámite los recursos del Gobierno contra la Ley Catalana de consultas y contra la convocatoria del referéndum y acuerda la suspensión de ambas”. Sí, han leído bien y no hay ningún error, el TC define en dicha nota de prensa la consulta como referéndum sin aun haber entrado a resolver sobre el fondo del asunto.

Jurídicamente es de una gravedad manifiesta que el mayor intérprete de la Constitución antes incluso de conocer el fondo de una determinada controversia jurídica se dedique a emitir juicios de valor tan trascendentes para el asunto catalán y que lo haga en su primera nota de prensa informativa. 

En España no existe la separación de poderes, es una bonita ilusión que por mucho que se disponga en las leyes su grandeza radica en su ejercicio que, en España, brilla por su ausencia.

Envidia británica, envidia democrática

Siento envidia. Siento envidia de una Unión como el Reino Unido. Envidia de que una nación dentro del Reino Unido como Escocia quiera celebrar un referéndum sobre su independencia y el Gobierno de Cameron, sentándose a negociar ante una aspiración política de una parte importante del electorado británico, acepte celebrar un referéndum por principio democrático.

Envidia de que el debate durante la campaña sea sereno y racional, con datos objetivos encima de la mesa y con una actitud de peritaje; explicando tanto lo que puede beneficiar como lo que puede perjudicar de una potencial independencia. Envidia de que ante el desafío independentista se logren juntar los tres líderes de los principales partidos ingleses y ofrezcan una tercera vía, la cual sea dicho de paso como crítica, Cameron se negó a aceptar en el referéndum a petición de Salmond.

Envidia de que tras celebrarse el referéndum y haber perdido la opción independentista Cameron haga unas declaraciones de pulcritud democrática, señalando que entiende que un partido que se presenta a las elecciones prometiendo un referéndum y que las gana tenga el derecho democrático a celebrarlo, admitiendo que los grandes asuntos políticos deben negociarse políticamente, confirmando que cumplirá con su compromiso de ceder más competencias y autonomía a Escocia, tal como prometió durante la campaña.

Envidia de pensar que Reino Unido es una democracia plena y que España no lo es. Aquí respecto los grandes asuntos (forma del Estado y modelo territorial) no se puede expresar el pueblo directamente. Es terreno vedado por imperativo legal. O por una interpretación restrictiva de la Constitución. Más por ésto último. Aquí los grandes desafíos políticos se resuelven imponiendo el muro legal. Olvidando intencionadamente que antes que un Estado de Derecho, esa Constitución que tanto dicen defender establece que España es un Estado democrático, y antes que democrático es un Estado social, esto es, un "Estado social y democrático de derecho" (art. 1), por éste orden, no al revés.
Es decir, esa Constitución la cual de tanto recurrir a ella se darán cuenta que no les da la razón, prescribe que antes que la Ley está la sociedad que las determina y aprueba (no hay que olvidar que las leyes emanan del poder legislativo y del ejecutivo el cual emana del pueblo), y antes que la ley está la democracia, ésto es, el poder del pueblo para poder y/o querer cambiarlas.

Quedarse en el debate legal y no admitir que hay un problema político de primer orden al cual hay que dar una solución política es quedarse en la fachada, es no reconocer la profundidad y el calado del problema. Es la Ley la que debe adaptarse e interpretarse conforme a la realidad social y no al revés. Sino lo que estamos negando es la misma esencia de la democracia, esto es, que el pueblo decida.

Los sentimientos no se pueden legislar

El momento político actual es de los más interesantes que se han vivido en España en las últimas décadas. Cataluña, de nuevo, es el indicador avanzado de lo que tiene que suceder en España si ésta quiere realmente seguir siendo un Estado y una Nación; un federalismo -asimétrico en el cual se acepte que dentro de España hay mínimo 3 naciones- y una aceptación de la pluralidad lingüística y la protección de las distintas lenguas que se hablan en España. Y no me vengan con aquello de que eso ya lo dice la Constitución (CE) en Título preliminar, no estoy hablando del contenido formal de una determinada norma jurídica, en éste caso la Norma Fundamental, estoy hablando del contenido material, la garantía de que 'de facto' lo prescrito en la norma se cumpla. Extremo que ni a lo que respecta al desarrollo normativo ni a la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal Constitucional (TC) se ha cumplido, sobretodo y con carácter muy acentuado, en sus últimas resoluciones.

Conviene no olvidar que el PP es el heredero directo de Alianza Popular. Aquél partido que presentó las enmiendas a la CE en las cuales quería eliminar de cuajo la palabra 'nacionalidades' y para su justificación apelaba, literalmente, a la “sagrada e indestructible unidad de España”. Y además quería introducir un artículo en el Título X (reforma constitucional) que dispusiera que “ningún proyecto de reforma constitucional podrá afectar a la integridad del territorio o a la unidad política del Estado”. ¿Ustedes se imaginan en que punto estaríamos ahora si esas enmiendas se hubieran llevado a cabo? El PP diciendo que el Estado de Derecho es el imperio de la ley y que, por lo tanto, la ley (la CE) establece que cualquier “reforma constitucional” que pretenda alterar la “integridad territorial del territorio o a la unidad política del Estado” no es admisible. No es un objeto que pueda ser sometido a reforma. ¿Como van a dar solución a algo que ni aceptan?

El partido que gobierna actualmente es esclavo de sus políticas, de sus discursos y de sus actos y no puede articular, ni quiere, un mecanismo de negociación que pudiera calmar los ánimos. Les van demasiados votos. ¿Pactaron en 1996 con CiU en los famosos pactos del Majestic? Por supuesto. ¿Lo hiceron desde la bondad hacia Cataluña y la aceptación de su singularidad o lo hicieron para poder tener una mayoría sólida de gobernabilidad para sacar adelante sus políticas? Juzguen ustedes mismos. A partir del 2000 y ya con mayoría absoluta comienzan a cambiar las dinámicas y cuando el PP pierde el poder en 2004 de manera inesperada utiliza Cataluña como piedra arrogadiza, como arma electoral ('¡Quieren romper España'!). Ese ha sido uno de los errores más capitales del PP en los últimos años, generar enemistades entre España y Cataluña (¿que serían sino las firmas 'contra Cataluña' que recogían para oponerse al Estatut?) y enfrentar a los ciudadanos españoles (sus votantes principalmente) con Cataluña.

Me dirán que ésto va de separadores y de separatistas y estoy de acuerdo. Pero si repasamos, muy brevemente, la historia contemporánea de España nos encontraremos ante hechos relevantes e interesantes en la relación Cataluña-España que invitan a pensar que el Estado español ha sido siempre muy reticente a descentralizar el poder que ostenta.

En 1885 Valentí Almirall formula el ya famoso 'Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña' donde proponía, por primera vez, la articulación territorial de España como confederal. No obtuvo respuesta de Alfonso XII. La Lliga Regionalista de Francesc Cambó también promovió e intentó persuadir sobre una España descentralizada sin obtener éxito aunque, finalmente, en 1914 se lograba la federación de las cuatro diputaciones provinciales en lo que se conocería como la 'Mancomunitat', presidida por Prat de la Riba, que abría la puerta a más autogobierno por parte de Cataluña y Cambó fue nombrado Ministro de fomento. No obstante hubo cerrazón por parte del Estado a la cesión de más competencias (carreteras, ferrocarriles...). Conocido es que tras el golpe de Estado del General Primo de Rivera de septiembre de 1923 se decidió poner fin, en 1924, a a lo que él llamó el “exclusivismo malsano” de que disfrutaba Cataluña. Con la II República, la CE de 1931 y el 'Estatut' de 1932 Cataluña veía como se daba satisfacción a sus demandas de autogobierno (hay que reconocer, en mi opinión, el error de proclamar la independencia de Cataluña por parte tanto de Macià como de Companys) que, de nuevo, quedaban anuladas tras el golpe de Estado para derrocar al Frente Popular, coalición que ganó democráticamente las elecciones de julio de 1936. La guerra civil posterior (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) fueron, de facto, la centralización de España y la división territorial en aquél invento francés de las provincias. Nulo respeto por la singularidad catalana así como a su lengua (multas incluso por hablar lo que se llamaba el 'dialecto catalán')

Tras la muerte del dictador viene la Ley para la Refoma Política del 1976 (que une legalidad franquista con legalidad 'democrática', es un puente, no hay que olvidarlo), las elecciones del 77, la CE del 1978 y el reconocimiento de las 'nacionalidades' y un Título VIII que, por fin, intentaba dar satisfacción a aquellos territorios con una singularidad especial. El resto es de sobras conocido; café para todos, autonomías por arrastre, 'Estatut' de 1979, pactos entre los nacionalistas y los gobiernos de turno del Estado que se encontraban en minoría (PSOE y PP indistintamente), 'Estatut' de 2006, como se le pasa el 'cepillo' en el Congreso ('¿Para qué nos vamos a estar con eufemismos coño?' decía Alfonso Guerra con su gracia y sorna característica), como después el PP, con campaña política de enfrentamiento incluida, presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC alegando que el 'Estatut' adolecía, en algunos de sus contenidos, de falta de adecuación a la CE. Un error de cálculo de mayúsculas proporciones.

He dicho que es muy importante la STC 31/2010 porque no hay que olvidar que ese 'Estatut' fue aprobado por una amplísima mayoría de los partidos catalanes (PSC, CiU e ICV-EUiA) aunque ERC promoviera la campaña por el 'no' (¡que tozuda es la realidad!). Fue ratificado por la ciudadanía, con una participación del 49,41% del censo (2.570.478) y un apoyo del si del 73,90% (1.882.650). Si alguien pretende abrir el melón de la participación le invito a que coteje la participación en el referéndum para la entrada en la OTAN o de cualquier elección que se precie tanto a nivel local, autonómico o estatal. Tras el paso por el Congreso y el Senado y el paso del 'cepillo' el PP no se le ocurre otra cosa que presentar un recurso de inconstitucionalidad. Nadie ha hecho más para romper España que éste partido político. Absolutamente nadie. Nadie ha causado más crispación entre españoles que éste partido político y nadie ha tenido la desfachatez de ser tan cínico y entender tan poco la realidad pluranacional y plurilingüística de España.

Son debates que cansan y en los que, en la actualidad, las cartas están bien marcadas. Cataluña tiene, o mejor dicho sus ciudadanos, sujetos de derechos, deberes y obligaciones tienen, claro está, el derecho a determinar libremente su futuro político. Y a los que lo nieguen les invito a leer el art. 11.2 CE de esa sagrada y sacrosanta CE. Y un Estado, cualquiera que sea, no puede escudarse en una determinada legalidad para coartar un derecho plenamente democrático, el mayor que puede existir, como es el de que un determinado territorio decida la relación política que quiere con el Estado en el cual se halla. Y respecto a esa votación es un insulto a la inteligencia creer que deben pronunciarse todos los ciudadanos españoles porque la CE dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. No estamos hablando de una cuestión jurídica, es una cuestión puramente política y así lo estableció la STC de 25 de marzo de 2014. ¿Tanto cuesta de entender? ¿A los canadienses se les ocurrió que para que el Quebec realizara el referéndum tuviera que votar toda Canadá? ¿Y en Escocia? ¿También para ésto 'Spain is different'?

Intuyo lo motivos que mueven al Gobierno (PP) a forzar las cosas como las está forzando. El caso Pujol espera que le reporte una solución al 'procés' y que lo que ellos entienden que es un 'suflé' vaya bajando. Otro error. Nada más lejos de la realidad. Por supuesto que influirá pero para que precisamente gente moderada que votaba a CiU y todavía tenía a Pujol como líder moral deje de hacerlo y deje de tenerlo. Para que CiU vaya, poco a poco, siendo más residual. ¿Que piensan que sus votos irán a parar a ellos?

Los ciudadanos de Cataluña se van a pronunciar antes que tarde. No lo harán en la consulta del 9-N porque ha faltado voluntad política de hacerlo. ¿'Estatut'? Cepillado e impugnado. ¿Consulta? 'Ni quiero ni puedo por parte de Rajoy'. ¿Elecciones plebiscitarias? Nos abocamos a las mismas.

Lo único que se es que los sentimientos no se pueden legislar.