Confunden legalidad con democracia

En los últimos meses ha acontecido con mucha fuerza el debate sobre el proceso secesionista catalán. Algunos creían, ingenuamente, que después de 35 años de Constitución (CE) habría una evolución del contenido de la misma y, sobretodo, una interpretación acorde con las realidades sociales y los tiempos en los cuales debe enmarcarse cualquier norma fundamental de cualquier Estado que se precie democrático. No ha sido así. Y de hecho se ha caído en una lamentable confusión; identificar legalidad con democracia. Creer que es el Estado de Derecho el que garantiza la democracia y no al revés.

Los vascos con el Plan Ibarretxe y los catalanes en el contexto actual se han dado de cruces con la realidad jurídica y política española. Esa concepción tan carcelística de las leyes, es decir, el que actúen, como dijo Aitor Esteban (PNV) como “una trinchera”, como un cortapisas a cualquier proyecto político que pretenda cuestionar la interpretación que se ha hecho de la CE a lo largo de éstos últimos años por parte de los dos partidos dinásticos (PP-PSOE) y su guardián fiel y tradicional; el Tribunal Constitucional.

Es bastante cansino el debate entre legalidad, legitimidad, competencias e identidad. Y bien haría el poder establecido en España en entender que el tiempo en el que se podían asimilar e igualar los territorios se ha acabado. Aquella chapuza hecha con la interpretación del Título VIII de la CE (café para todos) y la Ley Orgánica de Armonización (?) del Proceso Autonómico tras el 23-F vuelve ahora con toda su crudeza. Pero es que todavía no han entendido -o no quieren- nada.

¿Es la Ley la que debe adaptarse a la realidad social o al revés? ¿Los que pregonan que España es un Estado de Derecho se olvidan que también, antes de la palabra “Derecho”, aparece la palabra “social” en esa Constitución que tanto dicen defender? ¿Democracia no es demos (pueblo) y krátos (poder o gobierno), es decir, poder del pueblo? ¿Quién puede negarse a que los ciudadanos voten aunque no te guste aquello sobre lo que quieran votar si lo demanda una mayoría muy clara?

Me abruma el discurso oficial y oficialista del establishment español al problema territorial que por siglos arrastra España y que, conviene decirlo alto y claro, ha sido aminorado con el poder de las armas en múltiples ocasiones. Ahora se están poniendo muy nerviosos y no saben muy bien como actuar, por ello utilizan la Constitución como arma arrojadiza para coartar las voluntades colectivas. Enésimo error.

Hace tiempo dije ya que España no era una democracia, que España era una Constitución en la que, además, no estaba garantizada ni la separación de poderes. Y analizar el contexto en la que fue dictada y, en consecuencia, su legitimidad, haría un gran favor al progreso democrático de éste país. Por que hoy es Cataluña pero mañana, ¿que pasará si los españoles quieren decidir si quieren la forma de Estado? 

La Constitución se acata pero no se cumple (I)

En las colonias españolas era muy común recibir una ley emanada del monarca y que fuera recibida con un “se acata pero no se cumple”, es decir, se acepta el texto normativo pero no se va a cumplir su contenido. Una manera elegante de decir que se iban a pasar por el forro lo dispuesto en ésa determinada ley. Y es que la relación de España con las leyes siempre ha sido muy particular; hemos tenido -y tenemos- muchas pero se cumplen muy pocas.

¿Éste fenómeno fue exclusivo de la época colonial y del Reino de Navarra? Me aventuraría a responder con un rotundo no, y para ello he creído muy interesante rescatar algunos artículos de la norma suprema y fundamental de España; la Constitución de 1978 (CE). Me centraré en aquellos casos más flagrantes y el artículo, dado que la CE tiene 169 artículo, tendrá dos partes.

El primer incumplimiento grave lo encontramos muy temprano, en su artículo 3 donde se dice que “la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.”. ¿Se protegen suficientemente el euskera, gallego y catalán?

Es en éste punto cuando les llega el turno a los partidos políticos. En el artículo 6 se establece que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. A más de un partido se le debería caer la cara de vergüenza al leer ésto, o quizá es que tienen un concepto muy pero que muy restringido de la democracia.

Para entender el rechazo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de la doctrina Parot se debe hacer una lectura del importantísimo art. 9.3, donde se establece que “La Constitución garantiza […] la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.” Aquello de que no cambien las reglas del juego en medio del partido, aquello de tener la seguridad jurídica de que no se me van a aplicar retroactivamente las disposiciones de las que habla el artículo.

En términos de igualdad encontramos ésta romántica proclama en el art. 14; “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”. ¿Hace falta recordar el trato procesal a la Infanta? ¿y a Miguel Blesa? ¿y los jueces que están siendo investigados o que ya han sido condenados?. Pues eso, se acata pero no se cumple.

En materia religiosa encontramos el art. 16 donde en su apartado tres se dice que “ninguna confesión tendrá carácter estatal.” Entonces, ¿por qué en casi cada toma de posesión de cualquier ministro veo un crucifijo? ¿Por qué tengo que pagar a los profesores de religión en una escuela pública? Ésta proclamada aconfesionalidad del Estado es papel mojado. Y sí, ya me aquello de que “mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica” pero entonces no te puedes autodenominar aconfesional, es un oxímoron.

A lo que a participación política se refiere tenemos el art. 23 donde se establece que “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.” Que participamos elecciones periódicas es claro pero, al margen de ello, ¿realmente participamos en los asuntos públicos?

El acceso a la justicia también está siendo incumplido ya que no “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”, puesto que con las tasas judiciales y con la modificación de la justicia gratuita muchos serán los que se abstengan de intentar defender sus legítimos intereses.

La primera parte de ésta temática la terminaré con el artículo 31, aquél que regula los principios del sistema fiscal español, donde con total sonrojo se dice que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.”. En éste punto conviene recordar que España es un país fiscalmente paradójico; tiene unos tipos impositivos (%) muy altos y tiene una recaudación muy baja en comparación con sus vecinos de la UE. Además curiosamente ha disminuido a raíz de la Gran Recesión, cuando los ingresos son más necesarios que nunca.

Éstos son sólo algunos ejemplos de lo que entiendo que es un incumplimiento manifiesto y grave de la norma suprema y la más alta en la cúspide normativa del ordenamiento jurídico español como es la CE. Por ello debería producirnos rechazo cuando un representante público nos dice con gran elocuencia que la Ley está para cumplirla cuando el Gobierno y los poderes públicos son los primeros en incumplir no una ley orgánica, ni un real-decreto ley, sino la mismísima Constitución.

Aunque ya se sabe lo que se decía en la España caciquil; “Para mis amigos los favores, para mis enemigos la Ley”.

Continuará...

¿Quién pagará la deuda? ¿Quién juzgará a los responsables?

Ésta semana he leído en un informe del Banco de España (BdE) como la deuda pública española alcanzaba el 93,3 % del Producto Interior Bruto (PIB) a finales de 2013. Y seguirá subiendo. Ya se sabe, la reducción del déficit, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y todas esas patrañas eufemísticas de la economía. Y el rescate a la banca. No hay que olvidar, pues la memoria es demasiado frágil, que a finales del 2013 el BdE cifró en 61.366 millones las ayudas públicas recibidas por la banca desde 2009. Tampoco habría que olvidar que el déficit público en 2008 era de 49.113 MEUR y en 2009 pasó a ser de 116.429. Las matemáticas no aman pero tampoco fallan.

El Estado tiene dos maneras de reducir el déficit; la primera por la vía de los ingresos (tributos principalmente), la otra por la vía del gasto, reduciéndolo, pero igualmente emitiendo deuda pública para poder financiarlo en su totalidad y que los bienaventurados y ávidos inversores (bancos, fondos de inversión, fondos de pensiones, inversores particulares...) te financien ese gasto que no logras alcanzar con tus exiguos ingresos tras la caída de la actividad económica y tu falta de iniciativa tributaria.

Tampoco esperes que el Banco Central Europeo pueda “calmar los mercados” comprando directamente la deuda pública de sus Estados miembros, eso lo tiene prohibido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 123, antiguo 101 TCE).

De manera que nos encontramos con que éste desvergonzado Gobierno está hipotecando las generaciones futuras con eso de 'gasta hoy, que ya pagarán mañana'. Y hacen ésto sin plantearse las reformas de calado que necesitan las instituciones de éste país y los partidos políticos que no sólo las gobiernan sino que las poseen, manosean, pisan, y, en definitiva, hacen y deshacen a su antojo (el desprestigio al que han abocado a la otrora prestigiosa Institución como es el Tribunal Constitucional da habida cuenta de ello).

Ésto debería, antes que tarde, terminar. La presión es insoportable y se sabe, por activa y por pasiva, que esa voluminosa deuda no se va a poder pagar. La historia es tozuda, además de un espejo, y nos lo ha demostrado constantemente con el ahogo al que el FMI tuvo tanto a países africanos como sudamericanos y como, finalmente, se acabaron haciendo importantes quitas (como por otra parte ya ha sucedido en Grecia).

Los desmanes producidos por partidos políticos, con muy contadas y honradas excepciones, en las cajas de ahorro, la esquilmada de recursos a la que se han visto sometidas y de las que únicamente quedan dos (Ontinyent y Pollença), deberían ser objeto de una investigación seria e independiente para que los verdaderos responsables lo pagaran y fuera una disuasión para las tentaciones futuras. Reformas y justicia, con mayúsculas. Justicia para la prevención específica (el que la hace la paga) y general (fijaos que quien la ha hecho la ha pagado).

Quienes han creído que el dinero público no es de nadie y lo han malgastado sin pestañear deberían ser también señalados y procesados. Aeropuertos sin aviones, carreteras sin coches, ciudades de la ciencia sin ciencia, ciudades de la luz, ciudades de la cultura, trenes de alta velocidad para todos y un larguísimo etcétera. El déficit y la deuda pública, en gran parte, son una clara consecuencia de esas irresponsables decisiones. Que muchos de los responsables sigan perteneciendo, no sólo a partidos políticos, sino que son gestores de la cosa pública, debería sonrojarnos.

Es tiempo de que hagamos un replanteamiento serio de cual es la situación, evaluarla y, sobretodo, saber hacia donde se va en materia económica. Un mundo -el económico- en el que la confianza y la coyuntura son las que lo gobiernan todo. Y nada genera más desconfianza que un país en el cual los responsables del mayor rescate financiero de la historia que ha provocado un cuadro tanto macroeconómico como microeconómico desolador no lo paguen como de verdad merecerían. Ni que los gestores públicos que han hecho todas esas infraestructuras inservibles y han tomado decisiones político-económicas nefastas no sean encausados.

¿Cuales son los incentivos futuros que se generan? Dejo la pregunta en el aire.

CiU, PSC y modelo de país

Una cosa son los discursos y otra las políticas. De lo que se dice a lo que se hace. De hecho hay algo tan mágico en política que a uno hay veces que le cuesta un mundo imaginar ciertas parejas de baile en ciertos contextos políticos. Pero taparse las vergüenzas en la sanidad catalana vetando todo aquello que tenía cierta sustancia en la comisión de investigación que debiera investigar el desaguisado que con tanto acierto han denunciado en cafeambllet.com bien valía un revolcón parlamentario.

No debe sorprender. A algunos no nos sorprende. Más cuando fue el PSC el que terminó buscando otras parejas de baile en 2003 e hizo el ya célebre tripartito con ERC e ICV-EUiA. No hay que olvidar que la 'sociovergencia' estuvo más cerca que nunca en esos tiempos y cálculos maquiavélicos por ambas partes lo impidió. Y conviene no olvidarlo. Tampoco conviene olvidar que, en esencia, las cúpulas de ambos partidos han estudiado en parecidas instituciones educativas, han sido compañeros de pupitre, tal como me recordaba un Catedrático de mi Facultad.

Así las cosas el proyecto Barcelona World aterrizó en Cataluña parece que para quedarse. No sin antes hacer una bajada de pantalones tributaria, patrocinada por CiU y PSC, por parte de todos los contribuyentes que permita una jugosa rebaja en el tipo impositivo del impuesto del juego pasando del 55% actual al 10% demandado. Y de manera sonrojante ayer se hizo público el pacto con unas declaraciones grandilocuentes tanto de Artur Mas como de Pere Navarro.

Para más inri a lo que indignación ciudadana respecta la principal institución financiera de Catalunya, La Caixa, espera unas plusvalías en la operación de venta de los terrenos que ocupará Barcelona World de 241 millones de euros. Yo no creo en las casualidades y tanto interés tenía el Sr. Bañuelos (principal promotor de BCN World) como el Sr. Fainé, en que hubiera un pacto en aras a la disminución del caballo de batalla del proyecto; el tipo impositivo del impuesto del juego a los casinos.
¿Que modelo de país es el que queremos? No dejo de oír grandes discursos, más en los tiempos actuales, de que Catalunya debe ser un país rico en educación, un país que cultive la investigación, una economía basada en el conocimiento, que genere valor añadido en aquello que, a largo plazo, es beneficioso para el país partiendo siempre de una cultura emprendedora. ¡Que emprendedor es que exijas una bajada del 45% en un impuesto para invertir! Y encima deberemos besar los pies a los promotores porque crean puestos de trabajo. Yo me pregunto, ¿a que precio? ¿coyunturales o estructurales? ¿En que proporción?
En cambio el modelo de país al que nos abocamos es al de ser un territorio vendido al turismo, no al de calidad, sino al de borrachera, de jugarte unos euros en el casino y luego ir a Salou a dejar la ciudad sin alcohol, no vaya a ser que se termine esa noche. Ese es el modelo de país que se está incentivando y fomentando, nada más y nada menos que por dos partidos políticos claramente a la baja como son CiU y PSC.

¿Nos vamos a creer, por enésima vez, que estos señores del pelotazo vienen a beneficiar al interés general? ¿Queremos ser un país que exporte conocimiento o que sea receptor de un turismo de segunda? ¿La Gran Recesión económica debe justificar una bajada de pantalones tributaria tan descarada? ¿Donde quedan los principios tributarios más elementales si se hace una regulación 'ad hoc'?
Si esperamos a mañana a responder éstas pertinentes preguntas quizá pueda ser demasiado tarde y es el futuro del modelo de país el que nos estamos jugando con éste tipo de proyectos.

Adolfo Suárez. Entre el mito y la realidad

Mucho se ha comentado en éstos últimos días sobre la muerte del primer Presidente de la democracia española. En el presente artículo pretendo mostrar una visión de aquello que aconteció durante la Transición/Transacción un tanto heterodoxa, sobretodo sin repetir lo que parecen axiomas mediáticos. Desgajando lo que pudo ser en realidad un mito, de lo que sucedió, efectivamente, en la realidad. Sin obviar, lógicamente, la importante contribución que Adolfo Suárez hizo para que la democracia española pudiera asentarse en la nación.



La dictadura. Adolfo Suárez ocupó diversos cargos en el Movimiento, de la mano de Herrero Tejedor fue lo que se denomina, un escalador dentro del único partido político permitido en España durante la dictadura franquista. Cuando fue Gobernador civil de Segovia en 1968 acuñó la frase, según comenta Enric Juliana, de; “Excelencia, Segovia no puede ser menos” (¿el inicio del café para todos?). Más adelante embelleció la figura mediática del Rey siendo designado Director General de RTVE, cargo que ocupó entre 1969 y 1973. Ya por los albores de 1975 fue designado Ministro Secretario general del Movimiento, cargo con rango ministerial y que significaba ser lugarteniente del caudillo en las FET-JONS. Es decir, fue lo que se dice, un escalador del Movimiento. Lo conocía muy bien por dentro y, por, ello a la muerte de Franco el Rey lo auspició, contra todo pronóstico, hacia la Presidencia.

Transición/Transacción. Se nos repite machaconamente que fue una Transición de una dictadura a una democracia, pero nos olvidamos de que sin muchas transacciones (como la de Santiago Carrillo y su PCE que aceptaron la bandera, la monarquía y la unidad de España) jamás se hubiera producido dicha transición. Suárez supo hacer el 'harakiri' al franquismo con la ayuda del Rey. Pero no fueron ellos quienes más presionaron. Conviene no inducirnos a engaño. Fue la calle la que llevaba años y años manifestándose, en las que en algunas de ellas hubo hasta muertos. Fueron los actores internacionales, sobre todo los EEUU, a quienes les interesaba que en Portugal, España, Italia y Grecia no subieran los apoyos comunistas. La Transaición se quiere separar del contexto de guerra fría internacional cuando ni mucho menos fue así. Henry Kissinger tuvo mucho más que ver que no Adolfo Suárez. El Presidente simplemente era el interlocutor, el saco de boxeo en el que se concentraban todas las iras y golpes. El terreno abonado hacia la democracia lo estableció la Ley para la Refoma Politica del año 1976 (la última Ley Fundamental del franquismo), que sería la antesala de la legalización del PCE.

La democracia. A partir de la legalización del PCE Suárez deja de contar con muchos de los apoyos que contaba, sobretodo, si los hubiera, en el ámbito castrense. ¿Como iban a aceptar la legalización del partido contra el que toda su vida habían luchado? Se le atribuye el éxito de estadista a Suárez pero nos olvidamos de las célebres movilizaciones y movimientos tácticos de presión que hicieron que el PCE fuera legalizado en Semana Santa del año 1977. Ese fue el inicio del fin de Adolfo Suárez. Más adelante, con las elecciones de 1977 ganadas, y por tanto dejando de ser el Presidente legal para pasar a ser el legítimo, comenzó a gestarse la Constitución del 1978. Una Carta Magna redactada con ruído de sables pero en la cual se tuvo la virtud de hacer caber múltiples opciones tanto políticas, sociales, económicas, culturales y religiosas.

La caída. Muchos de los que hoy adulan a Suárez fueron sus más encarnizados enemigos políticos durante años. El contexto político, social y económico de los años que siguieron a la Constitución llevó a que se le plantearan al Jefe del Estado opciones de cambio político. El país estaba cogiendo una senda muy peligrosa. ETA y los GRAPO matando, el PCE legalizado y con representación en el Parlamento, Gutiérrez Mellado como muro de contención a los militares, la UCD que parecía una olla de grillos y el PSOE parecía una opción más amable y reformista. Más acorde con los tiempos venideros. A Suárez le hacen dimitir, el Rey le quita su apoyo, en enero de 1981 y en la toma de posesión de Leopoldo Calvo-Sotelo se produce el 23-F. Y aquí uno debe detenerse porque no tiene suficiente información como para decir qué es lo que pasó y con qué apoyos y detractores contó. Como mucho uno puede tener claro a quién más benefició. Ahí lo dejo.

Como conclusión podemos extraer que si bien Adolfo Suárez fue la cabeza visible que consiguió que se pasara de una dictadura, un único partido, a una democracia plural y representativa. De ésto último hay sectores que discrepan, y con parte de razón. Hubo muchos matices que en éstos días se pasan por alto. Parece que el Rey y Suárez fueron el Batman y el Robin de la Transición española cuando, ni mucho menos, fue así. ¿Contribuyeron? Sí. ¿Tenían el poder para que las cosas hubieran tenido otro curso? También. Ello no quita que uno deba atender a los contextos sociales en los que vive para hacer política. De eso se encargaron.

Crisis del pacto constitucional

Hoy ha tenido lugar en el Parlament de Catalunya un paso más en el denominado proceso soberanista en el sentido de solicitar al Gobierno español la cesión de la competencia que tiene reconocida de manera exclusiva en el artículo 149.1. 32º de la Constitución Española (en adelante CE) en la cual se recoge la autorización para la celebración de consultas populares por la vía del referéndum. Ello de conformidad con lo que dispone el artículo 150.2 de la CE, la cesión de competencias exclusivas del Estado en favor de la Comunidades Autónomas.

Conviene recordar que el antiguo 'lehendakari' Juan José Ibarretxe ya pretendió, en su día, convocar una consulta popular con dos preguntas relativas al final de la violencia de ETA y el derecho a decidir del pueblo vasco interpretando que 'consulta' y 'referéndum' no eran la misma cosa. El Tribunal Constitucional (TC) no estuvo de acuerdo en tal posibilidad y tumbó la Ley que pretendía habilitar la consulta popular con una importante Sentencia que convendría tener muy presente en los tiempos actuales.

Soberanía. Parece que el tema esencial se encuentra en garantizar la indisolubilidad de la soberanía nacional, pues el artículo 2 de la Constitución establece claramente que “la soberanía nacional reside en el pueblo español” o lo que traducido en términos de referéndum de autodeterminación (o de auto de terminación) una parte (Catalunya) no puede decidir sobre el todo (España) tal como está planteada la actual Constitución y además la interpretación de tal expresión ha sido establecida reiteradamente por la jurisprudencia del TC. Y por si ello no fuera suficientemente disuasorio nos encontramos con el espasmódico artículo 8 de la CE que encomienda a las Fuerzas Armadas la “integridad territorial” y por si no hubiera suficiente, también el “orden constitucional”. Ahí es nada.

Derecho a decidir. Parece que ese “no quiero y no puedo hablar de esa cuestión” pronunciado por Mariano Rajoy puede ir encaminado a interpretar esa coletilla establecida en el art. 150.2 de la CE en la cual se afirma que se podrán transferir aquellas competencias “que por su propia naturaleza” lo permitan. ¿Un referéndum de autodeterminación, en el cual se fragmenta la soberanía, no chocaría con tal expresión? Se puede afirmar que tal como se ha venido interpretando la CE y la voluntad política que destila el contexto actual no presagian una interpretación más laxa de la CE y, por ello, ese derecho invocado por el pueblo catalán (el derecho a decidir que no deja de ser el derecho a la autodeterminación) parece no tener recorrido en el marco constitucional español actual.

Estado de las Autonomías. Es muy clara la crisis constitucional que padecemos. La Carta Magna que para algunos era de mínimos para otros era de máximos. La que para algunos era un punto de partida de un Estado federal para otros era la articulación de un Estado compuesto por igualación (café para todos) que, en retrospectiva, puede parecer un mecanismo ideado para no diferenciar mucho los territorios denominados históricos (Catalunya, País Vasco y Galicia básicamente), eso que a los militares tanto preocupó. No hay que olvidar el cortapisas que supuso el 23-F de 1981 para el estado de las autonomías dado que se estaban negociando y tramitando la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA); fue un muro de contención ante las aspiraciones autonómicas, sobretodo de vascos y catalanes.

¿En que punto estamos ahora? Supongo que nos encontramos ante una suerte de final de la transición. Una transición no se sabe muy bien hacia qué, pero lo que debiera quedarnos bastante claro es que, tal como ya predijo Tarradellas, 17 parlamentos autonómicos (sin olvidar las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) y 17 Comunidades Autónomas eran insostenibles. No hay que dejar de conjugar el fin de la violencia en Euskadi y el escenario que se dibujará cuando ETA por fin acabe de disolverse y entregar las armas. Otegi está en la cárcel y es posible que se produzca un 'efecto Mandela' y el Gobierno ya trabaja para idear una ley que prohíba a los condenados por terrorismo ser 'lehendakari' (¿puede ser más a medida?). El futuro político es apasionante y convendría no apartar los ojos catalanes de lo que acontezca en el País Vasco. La cultura de la transición ha quedado obsoleta. 

Sacyr, los sobrecostes, España y Panamá

España: una gran empresa de contrucción (o una unión temporal de empresas constituida por ellas para tal fin) concurre a un concurso público para, por ejemplo, contruír un Pavellón de Deportes. Consiguen reducir la oferta al mínimo y a la Adiminstración Pública (AP) parece interesarle (va a pagar menos). Consiguen quitarse a empresas pequeñas del medio que no pueden competir a ese coste.

Pero algo mágico sucede mientras se van desarrollando las obras. Hay sobrecostes por todos lados (¿les suena el arquitecto Calatrava?) totalmente sobrevenidos, totalmente imprevisibles y que ni a un experto en economía se le habría ocurrido que pudieran suceder. Las empresas, como es lógico (?) acuden a la Administración Pública que los contrató para que se hagan cargo de los sobrecostes. La AP acaba pagando y la obra nos acaba costando a todos los contrubuyentes más de lo presupuestado (en algunos casos ha llegado a doblarse el precio).

Y ya me imagino yo al empresario pequeño que concurrió al concurso exclamando: ¡Os lo dije! ¡Ese precio era imposible!

Demasiado tarde, las obras ya estan ejecutadas y certificadas y a nadie interesa ya el Pliego de Condiciones Generales de la obra que fue prevista y que los sospechosos sobrecostes ha encarecido.

Panamá: Una empresa española (Sacyr) concurre a un concurso público para ampliar el Canal de Panamá poniendo encima de la mesa la oferta más económica. El Gobierno, por aquello del principio de la oferta más beneficiosa económicamente, le adjudica el concurso.

En el transcurso de las obras aparecen los famosos y mágicos sobrecostes. Como es lógico (?) Sacyr acude al Gobierno de Panamá para que se haga cargo de los costes o le advierte que deberá detener las obras. El Gobierno de Panamá le dice que se vaya a freír espárragos, que se presentó al concurso público con un precio X y que si no puede hacer frente a los costes que ni ella misma previó es su problema.

Además Bechtel (la empresa de EEUU que perdió el concurso frente a Sacyr) ya advirtió de que el precio ofertado por Sacyr "no cubría ni el hormigón". 

Por fin alguien aplica el sentido común en el tema de los sobrecostes de las obras públicas. Si atendiéramos a todas las grandes infraestructuras que se han realizado en España, qué empresas han ganado el concurso público, qué precio inicial se ha presupuestado y qué precio final hemos pagado todos los contrubuyentes nos sorprenderíamos muchísimo. Otra vez alguien de fuera nos muestra el camino que debemos seguir.